Guerra sucia y bondad democrática
Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- Algunas de las reformas constitucionales y reglamentarias de 2007 estuvieron destinadas a mejorar el entramado legal y elevar el nivel de debate público. Así, en los artículos 350 y 354 del Cofipe se establecen dispositivos y sanciones para aquellos partidos, agrupaciones políticas nacionales, aspirantes, precandidatos y candidatos y un largo etcétera de agentes privados y públicos que hayan realizado acciones destinadas a: “La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos”.

Leonardo Valdez, Vocal Ejecutivo del Consejo General del IIFE, recientemente ha declarado que todos los partidos, coaliciones y candidatos presidenciales han sido muy respetuosos del periodo de entrecampañas y se han sujetado a las disposiciones de ley. En efecto, estos candidatos han respetado el guión y salvo algunas denuncias que ahora analiza la autoridad electoral, el polémico periodo de entrecampañas aparentemente salió bien librado.

Y digo aparentemente, porque en la red de internet hubo y hay una guerra sucia de baja intensidad que busca predisponer a franjas del electorado en contra de los candidatos presidenciales, con producciones profesionales destinadas a descalificar carreras políticas, capacidades profesionales, integridad moral, compromiso ético; incluso se magnifican intencionadamente debilidades, errores y seguramente se miente a sabiendas que hay absoluta impunidad.

Esta es una de las grandes debilidades del diseño institucional electoral y por donde circula dinero que buscan precisamente lograr lo que impide el artículo 350 del Cofipe, sin que se apliquen las sanciones del caso y lo peor, como en este ejercicio preliminar no hay medidas correctivas, es muy probable que cuando inicien las campañas constitucionales estas acciones ilegales escalen al nivel que a estos actores les resulte necesarios para cumplir sus objetivos.

Vamos, tendremos las campañas que marca la ley con sus recorridos por el país y su granizada de spots en tanto en la red sufriremos lo peor de los mensajes políticos y veremos la incapacidad del IFE para regular y sancionar estos mensajes que son evidentemente material de guerra sucia. Esto plantea de nuevo tres temas de fondo en materia electoral que son el de la libertad de expresión, el derecho a saber para la buena toma de decisiones públicas y transparentar la política y a los políticos con el afán de mejorar la vida pública.

Libertad de expresión
Cuando se legisló lo dispuesto en el artículo 350 y los subsecuentes  del Cofipe, inmediatamente un grupo de intelectuales y comunicadores ligados a las grandes televisoras del país litigaron en contra de las disposiciones legales, argumentaron que era un atentado contra la libertad de expresión y por lo tanto un retroceso en nuestra joven democracia.

Palabras más, palabras menos, se decía que coartar este derecho lo único que se estaba logrando era limitar las libertades públicas, sin considerar para nada que este derecho cuando está en las manos de los grandes consorcios de comunicación de masas significa simple y llanamente poderes paralelos a los electos, como se vio en los años previos a la toma de aquella decisión legislativa, cuando fue evidente que las televisoras se estaban volviendo una suerte de instancias judiciales que en sus sets juzgaban y sancionaban moralmente conductas que independientemente de ser delictivas o no, eran competencia del Poder Judicial.

Incluso el realty show de algunos casos como los de los perredistas  René Bejarano y Carlos Imaz sirvieron para linchar al gobierno de la ciudad de México, que en ese entonces dirigía López Obrador; o más recientemente, el caso de  Florence Cassez e Israel Vallarta, da cuenta de que se estaba realizando una peligrosa alianza entre las televisoras y los servicios de seguridad para hacer de una nota un espectáculo mediático. 

Más aún, la discrecionalidad de estos medios llevaba a funcionarios públicos y  políticos a rendir cuenta de sus acciones ante las cámaras de televisión antes que con los gobernados (algo que afortunadamente ha disminuido sensiblemente).

En pocas palabras, estábamos viviendo una suerte de berlusconización de la vida pública mexicana. Donde los límites de lo público se media según el criterio de las televisoras. Y eso no significaba un problema de libertad de expresión sino un asunto eminentemente político por el extraordinario poder que estaba alcanzado las grandes televisoras. No es casual entonces que después de las nuevas disposiciones en materia electoral, y más específicamente cuando se discutió una ley de medios de comunicación, se dejo sentir una persecución contra aquellos políticos que desde distintos frentes habían cometido la anatema de promover una legislación contraria a estos intereses “de la libertad de expresión”.

El derecho a saber
Sin embargo, también se podrá argumentar, como lo han hecho algunos, que en aras de la libertad es mejor en caer en estos excesos que simplemente no tenerla. Que no es el caso, ya que es una falsa disyuntiva. La libertad de expresión aun con todos los tropiezos es un logro que se sostiene más que gracias al gobierno a la voluntad de una sociedad por ejercerlo aun cuando en el camino haya costado la vida a varios comunicadores y provoque la clasificación de México entre aquellos países donde la tarea de los periodistas es un oficio peligroso.

No obstante, los riesgos de este ejercicio informativo, los saldos están a la vista cuando tenemos en la prensa escrita y la radio, y más todavía en las redes sociales, una sociedad afortunadamente más crítica sobre el desempeño de los principales actores de la vida pública del país. 

Es decir, hoy como nunca la gente satisface por distintos medios el derecho a saber y con esa información toma las decisiones que están a su alcance, incluida por supuesto las que tienen que ver con la decisión electoral contribuyendo a la pluralidad de voces. Aunque en nuestro país la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a la internet, ya estamos hablando de una generación que diariamente interactúa en una o varias redes sociales, de manera que se nutre de diversas fuentes para normar su criterio. Lee y escucha información buena y mala de los partidos y candidatos, como también del desempeño de los miembros de los organismos electorales y eso ha permitido la existencia de un control virtual y hasta los primeros trazos de una cierta ética pública.

Ya en México hay políticos en desgracia desde que fueron subidas sus malas acciones a la red y son motivo de comentarios de cualquier tipo, o bien se aportaron nuevos elementos que terminaron limitando nuevas promociones políticas. ¿Casos? Hay múltiples, pero ahí está el de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, que tuvo que dejar este importante cargo por la denuncias en su contra por corrupción durante su paso por ese estado norteño.

En el PAN, se encuentra el caso de las elecciones internas de Chihuahua y Veracruz, donde el CEN tuvo que enmendar la plana a quienes resultaron ganadores a golpe de compra de votos. En el PRD qué mejor caso que el de René Bejarano, a quien las televisoras y las redes han hecho de él un personaje indeseable dentro y fuera de este partido. En fin, el derecho a saber se cumple a cabalidad a través de medios formales, pero sobre todo informales de la comunicación de masas.

Política y políticos al desnudo   
Aunque estamos lejos de vivir en el paraíso democrático cómo sociedad, estamos cada vez más cerca de aquel dicho de que en democracia “el que la hace la paga”, no tanto porque vayan a parar a un penal o al destierro político, que siguen siendo casos excepcionales en un país marcado por la corrupción e impunidad, sino porque estamos siendo testigos de cómo las elites han empezado a prescindir de los servicios de aquellos políticos considerados nefastos en un ambiente de competencia política donde cada voto que se pierde por ellos puede ser la diferencia entre salir triunfante o derrotado en una contienda electoral. Este es quizá el mayor logro cultural que hemos tenido en los últimos años y es necesario aquilatarlo de manera de saber en qué lugar nos encontramos y qué podemos exigir a los políticos en esta y en cualquier elección de último rincón del país.

En definitiva, los temas de fondo que entraña la guerra sucia que hemos presenciado en las redes durante este periodo de entrecampañas y que seguramente marcaran la pauta negativa de la campaña constitucional, hay que distinguirla de aquella irritación legítima de muchos mexicanos que desde el anonimato pueden, lo mismo crear un escenario de confrontación, como también de purificación de la vida pública nacional.

Que sea esto último.