Cero tolerancia en Sinaloa
Ernesto Hernández Norzagaray
Mazatlán.- ¿Qué significa el programa de Cero Tolerancia en unos gobiernos que han mostrado poca capacidad para reducir sensiblemente el problema de los delitos asociados a la inseguridad? Además, ¿qué significado tiene para franjas de una sociedad acostumbrada a transgredir la ley en los actos cotidianos y resolverlo mediante una “mordida” para evitar las molestias del pago de multas de mayor costo? ¿Y hasta dónde estas medidas correctivas buscan más que generar una cultura de la legalidad, recaudación para fortalecer las finanzas del gobierno estatal y de los municipios? En definitiva, ¿hasta dónde esta política de aplicación “estricta” de la ley lo único que seguramente provocara es enojo y daños electorales para los partidos en los dos niveles de gobierno, especialmente para los que apoyan al gobernador?
Y es que la declaración oficial, de que el gobierno del estado, conjuntamente con los 18 presidentes municipales, combatirán todas las violaciones al Bando de Policía y Buen de Gobierno, incluso impidiendo la cancelación de cualquier multa ejecutada, bajo el supuesto de que con estas medidas se fomenta una cultura de legalidad, cae de sopetón a una sociedad que cotidianamente vive la incertidumbre de la violencia criminal con su secuela de crímenes, extorsiones, robos, daños patrimoniales, asaltos, etcétera; y que desearía seguramente del gobierno que antes de voltear hacia ella, realizara pronunciamientos y hechos más orientados a informar de una disminución de los todavía altos niveles de violencia y daños patrimoniales.
No puede ser que las autoridades estatales y municipales, ante un ambiente de tensión e incertidumbre, privilegien ir contra quienes se beben una cerveza en la vía pública, o se estacionan en un lugar prohibido, o se orinan en una banqueta. Que no está mal, si es a favor de normar la vida pública y hacerla más decente; sino que la gente lo que desea seguramente son políticas más estructuradas; más integrales y sujetas a una evaluación de sus responsables institucionales. Y eso es lo que falta a los gobiernos del cambio y también del PRI-Panal, que han pactado este convenio de colaboración en los dos niveles de gobierno, contra los pequeños infractores.
Contra la permisividad
Aplicar una medida tan intransigente como ésta, no sólo debe ir acompañadas de acciones políticas que hayan mostrado su efectividad, sino con una autoridad que da muestras de eficacia y en ese lógica va por más en otras áreas que reclaman atención, pero las cosas no son así, ya que si bien hay una disminución estadística de los homicidios dolosos, cierto es que en algunos municipios las cosas siguen igual o peor que antes. Y donde ha habido un control mayor sobre los grupos criminales, es porque no son municipios muy problemáticos, o porque se hace una gran inversión para garantizar que no sea escenario constante de confrontación entre los grupos criminales, cómo sucede en Mazatlán, donde por momento parece una ciudad militarizada que reclamaría una mayor discreción para no espantar a los turistas
Recordemos a Rudolph Giuliani, el ex alcalde de la ciudad de New York, quien aplicó aquel llamado programa de “ventanas rotas”, que partía de la premisa discutible de que atrás de la mayoría de los malvivientes se encontraba casi siempre un infractor que tenía alguna deuda con la justicia. Así, empezó a detener a aquellas personas que no pagaban el boleto del Metro de esa megalópolis y se metían subrepticiamente en el tren que los trasladaba a otro punto de esa ciudad. Resultó cierto ese cálculo, pues encontraron que muchos de ellos eran buscados por las policías por delitos cometidos y por esta medio fueron reduciendo los niveles de inseguridad, para pasar de ser una de las ciudades más inseguras, a una de las más seguras del mundo.
Esta teoría elaborada por asesores de la Universidad de Harvard, partía del principio teórico de que si una ventana era rota y pasaban los días sin que ésta se reparara, lo más probable es que el infractor con ese incentivo de impunidad fuera sobre la siguiente y así hasta destruirlas todas. Tiene lógica este planteamiento, sin embargo, no es válido en este contexto, porque para empezar no hay Metro en Sinaloa, y quienes violan la ley tienen otra característica social. Pero, más allá de la existencia del metro, que perfectamente puede ser equiparado por una persona que se roba la luz o algún servicio privado, como podría ser el cable, lo probable es que se vaya contra infractores de otro tipo, como son los bebedores que consumen cerveza en la vía pública, o los que se estacionan en lugares prohibidos. Es decir, contra personas que no se pueden caracterizar como malvivientes, sino que tienen capacidad para pagar una multa.
Cultura de la transgresión
Pero, además, radicalizar las medidas en contra de las violaciones menores es ir en contra de prácticas ilegales muy habituales tanto entre los ciudadanos, como en los guardianes del orden. Lo acabamos de constatar en el caso de esos policías mazatlecos que fueron grabados in situ en el mismo momento en que extorsionan a un motociclista que vino a la Semana de la Moto, con la ridícula cantidad de 100 pesos. En ese caso, estamos viendo una práctica tan antiquísima que está en el ADN de la cultura de la legalidad de los mexicanos. Entonces, es muy probable que suceda lo que ocurre con las medidas de Cero Tolerancia que el gobierno de Mazatlán implementó contra los bebedores de la vía pública y se ve como un abuso de la autoridad con fines recaudatorios. Que significa ingresos adicionales a las finanzas municipales, o de plano que se crearon nuevos nichos para la “mordida”.
Los gobiernos saben que cuando se aplican las leyes en un contexto de permisividad, lo más probable es que mucha gente sea sorprendida en la aplicación de la norma. Entonces, los ciudadanos tienen como alternativas seguir el circuito del pago de la infracción, que puede llegar a ser un castigo corporal, o de plano que salga mejor pagar la “mordida”, antes que tener que ir ante el Juez de Barandilla, incluso pasar una noche en las celdas húmedas de una prisión preventiva, es decir, todo está hecho para que dentro de las opciones del ciudadano, mejor salir al paso con un billete para el agente que aplica la ley frecuente y gustoso viola la ley.
Recaudación
Pero, vamos a pensar bien, una persona que es detenida por una infracción menor es llevada ante el Juez de Barandilla y paga su violación cometida que entra a las arcas municipales para financiar políticas de bienestar. Sin embargo, ¿alguien sabe cuánto ha significado para las finanzas del Ayuntamiento de Mazatlán los ingresos semanales/mensuales las detenciones por beberse en el Malecón una cerveza mirando un atardecer o disfrutando de la noche estrellada?; ¿o alguien podría informar a qué se está destinando esos recursos extraordinarios que tiene este municipio? ¿Será la constante en los otros municipios? Nadie lo sabe, o pocos lo saben.
Efecto electoral
Ahora, qué sentido tiene ponerse intolerante con los pequeños infractores en medio del proceso electoral, cuando se sabe que provocará irritación en todo el estado, sobre todo si se aplica con la rigurosidad anunciada y cuando el ciudadano sancionado querrá cobrársela a su gobernante con su voto, incluso entre quienes verán en la medida más que el cumplimiento de la ley, un abuso de la autoridad. La costumbre enseña que el gobernante en estos tiempos debe ser magnánimo con los ciudadanos para que ratifiquen el apoyo a su partido. Ya tendremos oportunidad de analizar los resultados electorales de la justa del 1 de julio y veremos qué tanto la ineficiencia en el gobierno, como la aplicación de estas medidas, terminarán cobrando una factura a los partidos que apoyan el cambio en el estado. A menos que todo sea una estrategia premeditada que no alcanzan a mirar algunos dirigentes políticos, e incluso que no logra medir los efectos de una decisión administrativa.
Sin embargo, hay que ser cuidadosos para que estas medidas correctivas, que en otra sociedad serían indispensables para que no agreguen otro elemento de tensión para una comunidad que no se la acaba con la inseguridad y ahora con impuestos encubiertos para garantizar un Sinaloa seguro. Que no será tanto, he ahí el problema con estas nuevas medidas.
