LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Federalismo centralista
Edilberto Cervantes Galván
Monterrey.- Así como en el sexenio de Fox desde la presidencia de la república se ponía en entredicho la utilidad del poder legislativo, en el actual sexenio la crítica demoledora se ha lanzado hacia los gobernadores. Claro que los mensajes oficiales son seguidos por un intenso y sonoro coro de opinadores de tal suerte que se ha logrado crear un clima público adverso al poder legislativo y a los ejecutivos estatales. Las críticas recientes del presidente Calderón al poder judicial las enfrentó de inmediato el presidente de la Suprema Corte de Justicia, poniendo un alto a lo que se perfilaba como otra línea de golpeo mediático.
El tema del endeudamiento excesivo de varios gobiernos estatales ha sido utilizado como ariete en la confrontación política partidista; señalando a los gobernadores del PRI como los proclives a sobre endeudarse. Igual se ha dicho respecto de la participación de los gobiernos estatales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; la versión oficial es la de que los gobernadores del PRI no cumplen con la parte que les corresponde.
La partidización de las relaciones entre los poderes, así como la judicialización de la política, son elementos que han contribuido a crear un clima de confrontación entre los actores políticos que resulta lamentable y peligrosa ya que se involucra a las instituciones del estado y de gobierno.
Se utilizan expresiones como la de virreyes para referirse a los gobernadores, o bien se les señala como ejerciendo una autonomía que les permite hacer y deshacer a su antojo. Se deja la impresión de que el ejecutivo federal no puede hacer nada al respecto.
El hecho es que el margen de maniobra que tienen los ejecutivos estatales en materia de recursos es bastante limitado. La viabilidad de las finanzas estatales entró en crisis ya desde hace años. Los ingresos fiscales que se recaudan, se distribuyen con iniquidad entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. De la recaudación “participable” (que no es el 100 por ciento de la recaudación) a las entidades federativas sólo llega un 17 por ciento y poco más de 5 por ciento a los municipios. De allí que la mayor parte de los ingresos de estados y municipios provienen de las transferencias federales, condicionadas y no condicionadas.
Es el gobierno federal el que tiene la sartén por el mango. Ante reglas de operación impuestas por el gobierno federal es que los gobiernos estatales tienen que superar la maraña burocrática. Sólo como botón de muestra vale la pena señalar los programas federales, los creados por la federación, para los que se estableció la regla de pari passus o de mezcla de recursos: si un gobierno estatal quiere tener acceso a los recursos de esos programas tiene que aportar un porcentaje, generalmente de un 50 por ciento, lo cual no resulta fácil de cubrir y acaban siendo cubiertos con créditos o se pierden los recursos “ofrecidos” por el gobierno federal. Entre estos programas que requieren participación estatal obligatoria se encuentra el de desastres naturales.
El endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales ha pasado siempre por la aprobación y visto bueno de la SHCP. Hasta hace algunos años no se permitía contratar crédito con cargo a las futuras “participaciones federales”; desde hace algún tiempo ya se puede hacer; también se promovió desde la SHCP la bursatilización de ingresos futuros, como los generados por autopistas de peaje o por la recaudación por placas y tenencia. Se provocó desde la SHCP la búsqueda de formas y mecanismos de financiamiento que despertaban en los secretarios de finanzas y en los gobernadores el reto de innovar en el ámbito financiero. Pero la SHCP siempre ha estado allí.
La autonomía política que se dice ejercen los gobierno estatales no va más allá del momento en el que el gobierno federal le levanta la canasta de las participaciones. Hace apenas unos meses el gobernador saliente de Michoacán se quejaba de que la SHCP le estaba reteniendo las participaciones y otras transferencias, por lo que se quedarían inconclusas varias obras importantes. La respuesta que recibió el gobernador es que no le transferían esos recursos porque los podía aplicar a los gastos de la campaña electoral de su partido.
El caso de la educación pública es bastante ilustrativo. La llamada federalización de la educación no pasó de ser más que una transferencia de responsabilidades administrativas sin mayores posibilidades para los gobierno estatales de desarrollar una política educativa propia. La imposibilidad económica para cumplir con el “preescolar obligatorio”, o más reciente con la “prepa obligatoria” y la que se presentará para cumplir con la “escuela de ocho horas diarias”, son un ejemplo de descoordinación entre las políticas públicas que diseña el congreso y la asignación de recursos por parte de la secretaría de Hacienda.
Así que el federalismo fiscal resulta más bien en un centralismo que coloca al gobierno federal en la mejor condición: al que parte y comparte le toca la mayor parte. En el 2008 se modificaron las reglas para estimar las participaciones; con las nuevas fórmulas se benefició a algunos estados y se perjudicó a otros, Tabasco y Nuevo León, entre ellos.
