¿Para qué privatizar la electricidad?
José Luis Apodaca
Monterrey.- Los mexicanos estamos conscientes de que la mayor parte de la infraestructura eléctrica es patrimonio nacional y está bajo la responsabilidad de Comisión Federal de Electricidad, una entidad paraestatal que se ostenta como una empresa de clase mundial.
El artículo 27 de la Constitución, establece que en el suministro del servicio público de electricidad no se otorgarán concesiones a las empresas privadas y el artículo 28 precisa que la CFE es un monopolio permitido por la ley.
El Sistema Interconectado Nacional posee cierto grado de robustez, con plantas generadoras, líneas de transmisión y redes de distribución que durante muchas décadas han sido eficazmente planeadas y ejecutadas. Esto le permite operar confiablemente, a costos competitivos y mantener una cobertura de suministro para el 97 por ciento de los mexicanos.
La producción nacional de electricidad está diversificada en sus fuentes primarias de energía: CFE dispone de plantas generadoras hidroeléctricas, nuclear y geotérmicas, que producen un 20 por ciento de la electricidad anual; plantas de carbón para el 10 por ciento; otras que utilizan combustóleo o gas natural y aportan un 36 por ciento; y un bloque de electricidad del 34 por ciento, que es “maquilado” por empresas extranjeras, a las que CFE les proporciona el gas natural y les cubre el costo de la inversión de sus plantas, bajo el muy caro esquema de financiamiento denominado Pidiregas.
También existe producción privada en un 7 por ciento y autoabastecimiento remoto (venta disfrazada de productores extranjeros), que ya alcanza un 5 por ciento de energía adicional.
La expansión del sistema de transmisión y subtransmisión en los tres últimos lustros, se ha financiado también a largo plazo bajo el esquema Pidiregas, con tasas de descuento en dólares al 10 por ciento anual. Además del encarecimiento que implica este esquema, desaparecieron cientos de empresas mexicanas medianas que realizaban contratos de obra pequeños, ante la embestida de grandes consorcios de construcción extranjeros.
Las redes de distribución son aportadas gratuitamente a CFE por los nuevos fraccionamientos, bajo diseños y normas de construcción proporcionados por la paraestatal, implicando una inversión equiparable en monto con la que corresponde al sistema de generación.
Los gastos efectuados por CFE durante 2012 fueron de 242 mil millones de pesos: es decir, 131 mil millones en energéticos primarios; 45 mil millones en sueldos de 97 miles de trabajadores; 20 mil millones para 38 mil jubilados; 28 mil millones en cargos fijos de inversiones Pidiregas; y 18 mil millones en gastos generales. Los ingresos por ventas fueron de 321 mil millones de pesos, para lograr un remanente de operación de 79 mil millones.
El impuesto de aprovechamiento (45 mil millones), el cargo por pasivo laboral (45 mil millones) y la depreciación (35 mil millones de pesos) absorben el remanente y crean una “insuficiencia tarifaria” importante (77 mil millones), que nunca se le ha transferido a CFE.
Aún con toda esta alquimia financiera, la paraestatal logró disminuir su “pérdida integral del ejercicio”, de 62 mil millones en el 2011 a 24 mil millones de pesos en el 2012.
La iniciativa de reforma presentada por el gobierno federal no plantea una justificación expresa, consistente y suficiente: Promueve el incremento en costos del suministro eléctrico para favorecer a empresas privadas extranjeras y sienta las bases para organizar el sistema eléctrico para su particular beneficio; desplazaría a la CFE en la planeación del desarrollo del sistema eléctrico nacional; y debilitaría radicalmente las facultades del estado para regular la participación privada.
El modelo de mercado abierto que propone la iniciativa de reforma se aplicó en el estado de California de la Unión Americana en el 2000 y en menos de un año, el experimento fracasó: el gobernador Gray Davis tuvo que intervenir en el casi sagrado libre mercado para imponer un tope a los precios ofertados por los generadores.
En cuanto el mercado mayorista inició su funcionamiento, las compañías generadoras de electricidad, así como las proveedoras de gas, actuando conscientemente en contra de los consumidores causaron escasez tanto de combustible como de capacidad de generación para aumentar, artificialmente, los precios de la energía; en el punto máximo de su manipulación criminal, llegaron a parar 15 mil MW de plantas, con lo que causaron apagones programados en el estado de California.
Se llegaron a ofrecer precios de la electricidad en el mercado spot hasta de mil 400 dólares/MWh, cuando los costos de producción eran de 20 a 60 dólares/MWh. En suma, el daño a la economía californiana por la aplicación de las reglas de mercado diseñadas con tanto esmero fue de más de 30 mil millones de dólares. Paul Krugman tituló el fenómeno en uno de sus artículos como un robo a la luz del día.
La modificación a los artículos 27 y 28 de la Constitución sienta las bases para que la expansión del sistema eléctrico nacional sea atendida por empresas privadas y se introduzcan de manera gratuita en la cadena de valor que ahora atiende CFE. Por supuesto, se apropiarán de las ganancias que generan los 300 mil usuarios importantes, y a CFE le dejarán los restantes 37 millones de usuarios domésticos y empresas pequeñas, para que sean subsidiados por el gobierno.
La sustitución de la generación de combustóleo por gas natural podría ser ejecutada por la propia CFE, sin necesidad de privatizarla. Sin embargo, no sería estratégicamente correcto, porque el gas natural barato en Norteamérica podría terminar, en cuanto la Unión Americana ponga en funcionamiento su flotilla de buques tanque para exportar gas licuado a Europa. Es necesario tener en mente que el gas natural ya estuvo a un precio 4 veces mayor en el último lustro.
Las cámaras empresariales y el resto de los mexicanos debemos ser conscientes que el modelo que propone la iniciativa de reforma no crea un mercado competitivo, sino por el contrario, un poder monopólico que propiciará incremento desmedido en el precio de la electricidad, como ocurrió en el estado de california de la Unión Americana.
La reforma pretende dar certidumbre a las ganancias que obtendrán las empresas privadas por su participación directa en el sector y generalizaría el riesgo que ha inducido el mismo gobierno federal para CFE: impedir la inversión directa en plantas de gas natural, eólicas y de carbón, que propiciarían una reducción importante en los costos y las tarifas al usuario final. Cabe también señalar que la impunidad que afecta al país propicia los robos de electricidad por 35 MMP por año, y de eliminarse incidirían en una reducción promedio en las tarifas de 20 centavos por KWH.
