INE: ¿Capricho o necesidad?
Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- Las propuestas de reforma electoral que han presentado el PAN y el PRD en el Senado de la República, incluyen una iniciativa de ley que inmediatamente ha provocado reacciones entre los académicos, las corrientes partidarias y los titulares de los institutos electorales. La causa de esas reacciones se encuentra en palabras más, palabras menos, en lo siguiente: Ambas formaciones buscan crear el Instituto Nacional Electoral con lo que desaparecerían los institutos electorales estatales.

Así, de concitar apoyos, se eliminarían las leyes electorales estatales y se crearía un sólo ordenamiento de carácter general, que se encargaría de regular el desarrollo de las elecciones en todo el país.

El argumento que han esgrimido sus dirigentes se encuentra en dos objetivos mayúsculos: reducir el costo de las elecciones y eliminar la interferencia de los gobernadores en la integración de los órganos electorales de los estados, pero sobre todo en sus decisiones colegiadas.

José Woldenberg, el más reconocido ex Presidente del Consejo General del IFE, en una conferencia que pronunció recientemente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se manifestó en contra, argumentado que el tema de la reducción del dinero, no es del todo seguro, y que en el segundo pueden introducirse reformas a la ley que dificulten aquella intervención que, desde mi punto, es extensiva para los llamados poderes fácticos.

Los argumentos de Woldenberg son sólidos en defensa del llamado federalismo electoral. Reconoce que a pesar de todo lo que pueda decirse de aquella intervención, es indudable que la representación ya cambio de monocolor a una pluralidad muy diversa en todos los ámbitos del país. Que en muchos sentidos las reformas constitucionales han ido generando un piso común en las legislaciones estatales, de manera que lo que vale en la federación vale en los estados. Así también, las controversias entre partidos se dirimen tanto en el órgano electoral como en las instancias jurisdiccionales estatales y la federal. Y que en todo caso, las debilidades que sigue teniendo el entramado institucional, puede ser perfeccionado mediante reformas a las leyes secundarias. No afectando el Pacto federal.

Con fines de contraste analítico, voy intentar en las páginas siguientes encontrar el fondo de los argumentos esgrimidos por los dirigentes del PAN y el PRD.

Cálculo político
Evidentemente cuando los dirigentes partidistas proponen reformas de este calado (a las que habría que agregar la segunda vuelta o la reelección en los cargos electos) existe una relación de cálculo beneficio. Sea está en el mediano o en largo plazo. En este caso, si tomamos como bueno el argumento de que los gobernadores hacen y deshacen en la integración de los órganos electorales, habría que agregar que no sólo ellos sino también los partidos y los poderes facticos, todos ellos quieren tener su representante o representantes en los órganos electorales.

Entonces, lo que está en entredicho es el mecanismo que ha roto con el espíritu de la llamada “ciudadanización de los organismos electorales”, que recordemos, debería reunir tres cualidades: probidad, apartidismo y competencias profesionales.

A todas ellas les ha ganado el sistema de cuotas, reduciéndose a un engaño, pues lo sustantivo es pura escenografía mediática. Ahora, el planteamiento de la oposición tiene un costo alto para ella misma, claro, es mayor para el PRI, pues este partido gobierna actualmente veinte estados, mientras el PAN y el PRD casi el resto (el Verde gobierna Chiapas). Bajo esas circunstancias quitar mano al gobernador, poderes fácticos y partidos, desde mi punto de vista, es un avance democrático sustantivo. 

Sin embargo, para que esto suceda, resulta necesario cambiar al que selecciona por ley y con la ley en la mano, ahora el Poder legislativo, y dejarlo en manos de organismos técnicos como sucede en otros países. Que actúen con criterios precisos, de manera que la postulación de candidatos a ocupar cargos “ciudadanizados” o técnicos sea en desapego de criterios partidarios.

En definitiva, el cálculo del PAN y el PRD, tiene la lógica de dos pasos adelante, un paso atrás, como diría el viejo Lenin.

Costo de las elecciones       
Mucho se ha hablado de que nuestras elecciones son las más caras del mundo democrático y que resulta urgente modificar su costo,  porque en un país con tanta desigualdad económica, resulta una frivolidad sistémica. No falta razón: sale dinero de las arcas de la federación, de los estados y en algunos casos de los municipios. Ya en las reformas electorales de 2007, se dijo que los medios de comunicación privados eran los grandes beneficiarios de los presupuestos del Estado y que se imponía eliminar la contratación de estos servicios y dejarlo únicamente en los tiempos fiscales, que dicho de paso, es un costo real. Esa medida habría de reducir esos costos. No fue cierto.

La ponderación afirmó que los recursos asignados a los partidos serían de acuerdo al tamaño del padrón electoral (no el listado nominal, que es el utilizado en los comicios) o sea que ese abuso encarece cotidianamente los comicios, de manera que hasta los muertos cuentan a la hora de definir cuánto cuestan los comicios.

Sabemos todos de la calidad de padrón por la ausencia de colaboración entre el Registro Civil y el Registro Federal de Electores para conocer de las altas y las bajas.

Entonces, bajo estas circunstancias, a primera vista tendría que establecerse este vínculo para tener un padrón realista sin muertos, desaparecidos o procesados penalmente, para luego poner en línea los procesos electorales de los tres niveles de gobierno. Este es un elemento de coincidencia y donde desde ya se está avanzando con la concurrencia; incluso, está mandatado por ley.

Bajo ese techo común, los recursos de capacitación y equipamiento utilitario, campañas de promoción del voto uniforme, personal, etc. tendrían que bajar los costos de los organismos electorales.

Aquí la pregunta es, si los partidos en las nuevas circunstancias aceptarían simplemente un cambio en la fórmula para determinar los gastos de campaña, que podrían ser reduciendo los tiempos de promoción de candidaturas y mejor todavía, calculando el costo de las elecciones, con la lista nominal de electores. Porque de sostenerse igual el esquema, tendríamos la misma gata pero revolcada, como ocurrió con la reforma electoral del calderonismo.

Gobernadores
Hay la mala costumbre de los gobernadores, pero también de los partidos y poderes fácticos, de intervenir en la integración de los organismos autónomos. Aquellos lo hacen mediante la asignación del presupuesto anual, y éstos en el mercadeo político de los congresos locales.
Son organismos hasta cierto punto atenazados por decisiones políticas que se coronan con consejeros que se saben cumpliendo con una tarea facciosa, alejados de los principios rectores de los órganos electorales.

Ciertamente, como dice Woldenberg con cierta ingenuidad, los márgenes para ese tipo de prácticas se han estrechado al punto que si no se no resuelve un diferendo en las instancias locales, al quejoso siempre le quedará la superior, que “alejada” del mundillo intereses locales y con los amplios recursos jurídicos otorgados por el legislativo, puede resolver en libertad y justicia estos casos.

Cierto, hemos avanzado en esa dirección, sin embargo, no deja de haber una zona contaminada que es indispensable eliminar para la salud democrática.

Si queremos como sociedad elecciones auténticas y ganar mayor legitimidad en los comicios, es indispensable tener un árbitro capacitado técnicamente y alejado de compromisos con los partidos o poderes facticos. Esto llevaría a una limpia y daría un nuevo aire de confianza a muchos de  los organismos electorales que están contaminados por el descrédito de la clase política.

Basta un ejemplo: en Sinaloa se integró el CEE y los vacíos del TEE  bajo el sistema de cuotas, donde intervino el gobernador, los partidos y los poderes fácticos.

Finalmente, esta iniciativa del PAN y el PRD, hay quienes la ven como un capricho político que no tiene sustento en la realidad, pero no es así, responde a una necesidad política, el federalismo no va a resultar afectado, sino por el contrario fortalecido de concitar los apoyos necesarios, y podríamos a empezar a ver cambios sea por la vía de reformas constitucionales o como lo sugiere el ex presidente del IFE, por la vía de las reformas a las leyes reglamentarias.

Lo importante es que se ataje el camino que ha sido dañino para el desarrollo democrático. Cualquiera que sea la solución, será buena para México.