El metro al costo más caro
David Carrizales
Monterrey.- El Congreso del Estado, solicitó al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz autorice la comparecencia del secretario de Obras Públicas, Luis Gerardo Marroquín Salazar, para que informe los lineamientos para otorgar la licitación del viaducto elevado de la Línea 3 del Metro al consorcio Garza Ponce-Moyeda-Alstom, no obstante que rebasó por más de 498 millones de pesos el techo financiero fijado para dicha obra.
La propuesta de punto de acuerdo que recibió el voto a favor de 29 legisladores y registró dos abstenciones, fue presentada por el diputado del Partido de la Revolución Democrática Erick Godar Ureña Fraustro, quien destacó que Garza Ponce-Moyeda Alstom fue favorecida, a pesar de que estableció un presupuesto de 2 mil 698 millones de pesos para el referido proyecto, mientras el gobierno de Rodrigo Medina había fijado una cifra de dos mil 200 millones de pesos como techo financiero.
Ureña Fraustro mencionó que las compañías ICA y Dycusa ofertaron propuestas por debajo del consorcio que al final fue favorecido con el contrato de obra, ante lo cual solicitó al gobierno estatal se reconsidere el fallo de la licitación.
Recordó el diputado que el doce de agosto pasado, se llevó a cabo la primera licitación para la misma obra, pero se declaró desierta ya que las empresas que contendieron sobrepasaron el techo financiero de dos mil 200 millones de pesos, establecido por la administración estatal, y ahora en cambio se pasó por alto dicha consideración.
En otro orden, el Congreso local acordó por mayoría solicitar al gobernador de Nuevo León, autorice al director de la empresa Servicios de Agua y Drenaje, Emilio Rangel Woodyard, a dar información sobre los deudores morosos que tienen cargos por más de diez mil pesos por concepto de consumo del vital líquido.
El diputado Eduardo Arguijo Baldenegro, señaló que hay fundadas sospechas de que no se está cobrando el agua a grandes consumidores como empresas y particulares, mientras el organismo descentralizado se ensaña con las familias de escasos recursos que se ven imposibilitados de cubrir el monto de sus recibos.
Los priístas Carlos Barona y José Maiz Mier, argumentaron que el Congreso no tiene facultades para conocer información que por ley debe mantenerse en reserva por razones de “seguridad”, ante lo cual el panista Luis David Ortiz, señaló que una de las principales funciones de los diputados es fiscalizar a las entidades públicas, por lo cual pidió a los legisladores del tricolor no rebajarse al nivel de “tapaderas” del Ejecutivo y dejen que éste asuma el costo de negar la información si es que así lo decide.
