Apatzingán sitiada
Hugo L. del Río
Monterrey.- En su “cabeza” principal, el diario Provincia, de Morelia, describió la situación: “Se desata el infierno en Apatzingán”. Fiel a su tradición, el Estado mexicano tapó el pozo después que se ahogó el niño. Durante días y días, encapuchados armados con fusiles ametralladoras tuvieron sitiada a la ciudad.
Las autodefensas (AD) consideran que Apatzingán es un baluarte de los templarios y en comandos de cien a doscientos hombres están acercándose para neutralizar al sicariato. ¿Nos acercamos a otro baño de sangre?
Hoy, las AD están a menos de veinte kilómetros de la ciudad poblada por cien mil personas. Después de los incendios –y el consiguiente escándalo internacional– intervino el Ejército; y los enmascarados –todo indica que son narcopistoleros– se fueron. Al parecer, en el defe no toman en serio al gobierno michoacano, feble y acobardado, según el cual “no existe situación de conflicto generalizada (sic) en Apatzingán”.
Los desórdenes del pasado fin de semana dejaron dos muertos en la ciudad de los limones, dos más en Morelia y otros 23 en cinco entidades. Mal asunto. Los bomberos de Apatzingán no salieron a apagar los incendios y hasta los comerciantes ambulantes se escondieron en sus casas.
Naturalmente, papá gobierno le echa gasolina al incendio y agrava la confusión. El País madrileño escribe que “el apoyo de Peña Nieto a las autodefensas causa polémica”. El viernes, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, justificó las atenciones que se le brindan al comandante de las autodefensas, médico José Manuel Mireles, herido en un accidente de aviación: “es una persona que ha lastimado a los cárteles, particularmente a los caballeros templarios”, dijo el titular de la SeGob. Pero más tarde en cierta forma se desdijo: la milicia ciudadana “está al margen de la ley”.
¿Contradice Osorio Chong a su patroncito el mexiquense o se cruzaron las líneas? El problema no es tan difícil de resolver: la policía comunitaria existe, desde hace muchos años, por lo menos en la sierra de Guerrero. Funciona bien: los agentes son vecinos de la localidad. Protegen a sus familias. En Michoacán, ninguno de los tres escalones del gobierno brinda seguridad a la sociedad. La respuesta lógica es que la gente civil se arme y se organice. Estamos de acuerdo: violan los ordenamientos legales al emplear armas exclusivas del estamento militar. Pero son efectivos. Así lo reconoció el funcionario que despacha en Bucareli. Y si los templarios y otros cárteles incendian vehículos, montan protestas y bloqueos contra las AD, es porque les están haciendo daño.
A estas alturas queda en claro que la crisis rebasó a las fuerzas armadas –eso, u ocurre otra cosa en la que hasta pensar me da miedo–; de la policía ni siquiera vale la pena hablar. Bien: denle carácter legal a las fuerzas de milicianos; lleven un registro de sus componentes y el armamento y permitan que hagan su labor. No se trata de tomar la justicia en nuestras manos. Pero sí reclamamos el derecho de defendernos ahí donde la Federación nos niega las garantías más elementales.
Debidamente encuadradas en los códigos legales y supervisadas por los mandos castrenses, las compañías de milicianos son un elemento auxiliar de primer orden. A menos que en los laberintos del poder se maneje la consigna de dejar que el disco de hierro siga girando y aplastando a los mexicanos.
El narco controla, en Michoacán, el 50 por ciento de la producción, los servicios y la distribución. ¿Les regaló Peña Nieto la entidad a los malosos?
