Víctimas principales
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- Al reconocer que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración, las naciones promotoras de la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1989 y suscrita por México en 1990, convinieron en disponer la protección y el bienestar de la niñez en situaciones de emergencia o de conflicto armado, tal y como lo establecía la Declaración de los Derechos del Niño de 1924 y de 1959.
Además, considerando que “el niño (todo ser humano menor de 18 años de edad), por su falta de madurez física y mental, necesita de protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”, los Estados Partes se comprometieron a adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado (Artículo 38 de la Convención).
Asimismo, los Estados Partes se comprometieron a adoptar todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los Tratados Internacionales, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias (Artículo 33 de la Convención).
Referimos lo anterior porque los niños mexicanos están resultando las principales víctimas colaterales de la estrategia contra las drogas que libra el gobierno federal desde hace siete años, ya sea como instrumentos de las bandas criminales o como huérfanos e hijos de personas desaparecidas.
La denominada “guerra contra el narcotráfico”, que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa declaró en noviembre del 2006, un mes después de haber usurpado la Presidencia de la República, fue sin duda una estrategia desesperada, defensiva y subordinada a las exigencias de la Casa Blanca, en ese entonces habitada por el belicoso George W. Bush, conflicto armado cuyas secuelas brutales sufren los niños mexicanos.
Hoy podemos señalar que más allá de las bajas militares, policíacas, civiles y de los propios delincuentes, los niños son las principales víctimas. Lo grave es que a pesar del balance de la “guerra contra el narcotráfico”, hasta ahora arroja más de 100 mil muertos, 27 mil desaparecidos y unos 250 mil desplazados, todavía no existen los programas gubernamentales para atender los efectos que dejará esta espiral de violencia entre los niños mexicanos.
Los menores de edad suelen ser las víctimas ideales para las bandas de narcotraficantes y delincuentes, quienes ven en ellos una mano de obra fácil de conseguir y muy barata. Así lo ha confirmado la organización civil Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), al dar a conocer que 27 mil niños trabajan directamente para el narcotráfico, niños que son utilizados para cometer delitos de todo tipo, desde robos sin importancia hasta asesinatos.
En su estudio “Los Menores de Edad en la Delincuencia Organizada”, expone que dicho fenómeno tiene lugar en todo el territorio mexicano, pero que la frecuencia es mayor en las áreas más pobres y marginadas, donde las armas, la violencia y las drogas son parte de la delincuencia. Empero, la denuncia más contundente de REDIM es que, en un momento dado, la delincuencia es la única opción que tienen los menores para satisfacer sus necesidades, pues el problema de los “niños narcos” está estrechamente ligado con las circunstancias sociales, políticas y económicas del país.
Como ejemplo citan a nuestra Zona Metropolitana de Monterrey, en donde a diciembre del 2012 la población en los reformatorios subió de manera alarmante en un ¡424 por ciento y un 80 por ciento de los detenidos fueron acusados de delitos mayores! También citan a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se calcula que cerca de 100 mil niños son blanco fácil de las pandillas para ser reclutados como ‘halcones’ (vigilantes) o vendedores de drogas al por menor. En Torreón, Coahuila, citan los casos de 150 huérfanos víctimas de violencia o desaparecidos que reflejan una mentalidad perturbada, ya que muchos de ellos esperan “crecer para matar” a los asesinos de sus padres.
México, como Estado Parte de la Convención, debe efectuar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de conflictos armados o del narcotráfico. Esa recuperación y reintegración se debe llevar a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. Sólo esperamos que las instituciones gubernamentales preparen los programas y sean capaces para atender los efectos colaterales de la violencia.
