HORIZONTE CIUDADANO
Los otros calvarios
Rosa Esther Beltrán Enríquez

Saltillo.- La vulnerabilidad extrema a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes migrantes no tiene parangón. El mes pasado el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que en una semana sus agentes rescataron a 370 menores de edad en 14 estados de la República; de ellos 163 transitaban solos, sin familiares ni conocidos, por lo que fueron abandonados por los traficantes.

Todos los infantes rescatados son centroamericanos de Honduras, El Salvador y Guatemala; entre las delegaciones que les dan atención está la de Coahuila; ¿cuántos están aquí, en qué condiciones los mantiene el INM, tienen acceso a los cuidados médicos necesarios, dado que al encontrarlos presentaban signos de fatiga extrema, lesiones en los pies y deshidratación, tienen una alimentación y el descanso adecuados para su recuperación? No lo sabemos.

Se dieron casos de niños entre 9 y 14 años que viajaban solos y que fueron localizados en la sierra de Veracruz en lugares de muy difícil acceso. Por si fuera poco el INM informó que en lo que va del año ha detenido a mil 76 menores de edad y el 2013 sumaron 9 mil 893.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que hay preocupación profunda por el incremento drástico de los flujos de infantes migrantes y ante ello, la urgencia de que el Estado implemente una política migratoria que garantice la protección real de los derechos de los niños en tránsito, ya que hasta ahora se ha limitado a implementar formas como la detención automática y la deportación, medidas que criminalizan a los niños y niñas.

La CIDH sostiene que los infantes huyen de sus lugares de origen a causa de la violencia que prevalece en sus países o porque buscan reunirse con sus familias y exige al Estado mexicano: “garantizar que no se vulnere el derecho a la libertad personal de estos niños, niñas y adolescentes en razón de su situación migratoria” y pide “se respeten y garanticen sus derechos a la salud y la educación a solicitar y recibir asilo, así como la protección del principio de no devolución en los casos que resulte aplicable”.

Por si fuera poco, lo que ocurre en amplios sectores con los niños mexicanos no es menos aterrador; la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reveló que uno de los efectos de la guerra desatada por la administración calderonista contra el narcotráfico ha provocado la esclavización de más de 30 mil niños y adolescentes, los que además de ser objeto de trata y explotación sexual son obligados a convertirse en sicarios, trabajar en la cosecha de mariguana, en los laboratorios de metanfetaminas o como halcones (periódico Sin Embargo).

REDIM revela que conservadoramente estiman que puede haber de 25 a 30 mil niños y adolescentes en la narco explotación, término equivalente a las condiciones de esclavitud a las que reducen a las y los infantes, pero agrega que hay cerca de 80 mil niños en la explotación sexual, aunque las cifras no son precisas; por su parte la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC (Adivac), informa que “El número de niñas y niñas que están siendo tratadas es muy elevado, la cuna de la trata es Tlaxcala y el corredor que va de Puebla a Veracruz.

La descomposición social impulsada por la pobreza, el hambre, por la violencia de la narcoguerra está arrastrando a niñas, niños y adolescentes inocentes a la esclavitud, las cifras asustan y el Estado, responsable de ofrecer seguridad, permanece omiso, sin dar soluciones a las víctimas y a las familias.

Esta semana se reunieron los gerentes de la OCDE, la ONU en la Primera Reunión de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo; el larguísimo nombre impacta, pero los resultados decepcionan. La cumbre antipobres costó 34 millones al gobierno mexicano; los gastos incluyeron 475 botellas de vino, 60 de tequila, comidas con menú internacional, plantas de ornato y 20 millones de pesos la renta del Centro Banamex; así se gastan nuestros impuestos, mientras el país se desangra condenando a los infantes a la esclavitud.

No basta indignarse, es obligación del  Gobierno dar seguridad eficaz y poner fin a estas prácticas que violentan los derechos de los menores y ponen en riesgo su seguridad, su libertad y su vida.