“Nomás lo que yo diga…”
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- La sociedad mexicana está experimentando enormes retrocesos en materia política-electoral. México es un país de regiones, pero también mantiene todavía 57 etnias y, por lo tanto, no solamente es un país pluriétnico, sino también pluricultural, en donde el pluralismo ideológico y político es la divisa que caracteriza, en su esencia, a los mexicanos y las mexicanas.

A partir de la promulgación de la Constitución de 1824 hasta 1957, cuando es restaurada la República por Benito Juárez, culminando con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía del Partido Conservador, entregados a los invasores franceses,  es un lapso tan grande que se caracterizó por un bipartidismo entre liberales y conservadores, el cual trajo dolorosas y catastróficas consecuencias al país.

Esta situación de lucha encarnizada, que sumió a México en la anarquía y la división, no sólo ocasionó la intervención norteamericana en 1846, lo cual nos llevó a perder Texas y más de la mitad de territorio nacional. Además, provocó la intervención francesa que casi nos condena a desaparecer como nación independiente y soberana, puesto que la integridad del país quedó gravemente dañada.

El Siglo XIX trágicamente enseñó a los mexicanos que el camino de México a la democracia no es el bipartidismo, al estilo norteamericano, como pretende imponer el Partido Acción Nacional en todo el país y, particularmente, en Nuevo León, sino que el camino a la democracia es la construcción y el establecimiento de un pluripartidismo, donde todos las expresiones de la sociedad mexicana se vean representadas y que incluyan la participación de candidaturas independientes.

El PAN pretende cobrar doblemente la factura que a nivel nacional “ya se le pagó con creces”, al aprobarse la reforma constitucional federal en materia electoral y las leyes secundarias impuestas con un total capricho, en donde destacan la reducción de tiempos de campaña y el aumento del umbral al 3 por ciento para conservar el registro electoral, así como la reelección de gobernadores, alcaldes y diputados hasta por doce años, sentando las bases de la anti-democracia que propiciará verdaderos cacicazgos a nivel local y nacional, los cuales asfixiarán toda expresión de disidencia y aplastarán las libertades democráticas, cuyas conquistas han costado mucha sangre y años de lucha al pueblo mexicano.

En Nuevo León los panistas pretenden volver a cobrar esa misma factura, ya plenamente liquidada, imponiendo reformas anti-democráticas y excluyentes, por encima de lo que establece a nivel nacional la Constitución y las nuevas leyes electorales.

Por ello, no creemos que la oposición feroz del PAN nuevoleonés sea contra la decisión de establecer el 1.5 por ciento para que los partidos en vías de desarrollo obtengan una segunda diputación o regiduría.

Este tema del porcentaje de la representación proporcional fue usado maquiavélicamente como una “cortina de humo”, porque son otras las razones que no les gustaron al pequeño grupo de poderosos del PAN y que solamente lo saben con certeza los protagonistas de negociar las reformas.

La primera razón es el miedo a las candidaturas independientes, ante el anuncio de connotados ex panistas de lanzarse como candidatos ciudadanos con sus propios recursos y con el apoyo de grupos empresariales.

La segunda razón es la penalización a los actos anticipados de campaña, que los pone en riesgo de que sean anuladas candidaturas que de manera anticipada tienen en pre-campaña desde hace más de año y medio.

La tercera razón es evitar a toda costa la paridad de género; es decir, la cuota del 50/50, a partir de que las elecciones pasadas la equidad de género se judicializó, ya que el Tribunal Federal Electoral obligó a los partidos políticos a aplicar la cuota del 40/60 a nivel federal, mientras que Nuevo León se mantuvo en el atraso con el 30/70.

Es evidente que a Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, le informaron mal sus diputados locales, a quienes les ganó la arrogancia, al punto de secuestrar la reforma política-electoral para que no fuera aprobada y al grado de querer hacer “nomás lo que yo diga”, cuando la postura no debe ser de cerrazón a ultranza, sino de apertura al pluripartidismo y de respeto la ciudadanía, depositaria de todo el poder del pueblo.