El negocio de privatizar
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- No vamos a cansarnos en señalar que las leyes secundarias en materia energética, derivadas de la reforma constitucional a los artículos 25, 26 y 27, obedecen exclusivamente a la aplicación del modelo neoliberal. Lo que se busca es privatizar el petróleo y la electricidad, así como entregar a las grandes corporaciones transnacionales extensos bloques de territorio en forma temporal, para que extraigan la riqueza energética y la vendan al extranjero y en nuestro propio país, pero a precios más caros.

El único fin de las reformas es que compañías extranjeras y potentados nacionales se enriquezcan a costa de los recursos naturales y de los sectores populares, dejándolos en condiciones de más pobreza y desigualdad, gracias a un gobierno débil que obedece a intereses que no son los de su pueblo.

Si históricamente la pobreza en México se ha nutrido de la desigualdad, ahora bajo el modelo neoliberal se busca que la riqueza se concentre y la pobreza se extienda, pues el bienestar de las clases dominantes supone condenar a la miseria a las grandes mayorías del pueblo.

Nuestra cruda realidad es que de 120 millones de habitantes, una minoría 850 mil mexicanos concentra la riqueza nacional, con una elite del poder de 30 potentados beneficiados con las privatizaciones, mientras que 53.3 millones viven la pobreza, de ellos 11.5 en pobreza extrema y 27.4 sin acceso a la alimentación, mientras que las clases media se mantienen en la ‘cuerda floja’. 

El objetivo mundial de la estrategia globalizadora es poner las riquezas energéticas al servicio de las grandes corporaciones multinacionales, al grado de desatar los países imperialistas guerras preventivas por la riqueza petrolera, las cuales tienden a apuntar a otra edición mundial de “Guerra Fría”.

Por eso no creemos que las llamadas ‘reformas transformacionales’, pero principalmente la reforma energética, vayan a detonar el potencial económico de los sectores productivos del país y a resolver los problemas de la pobreza y de la desigualdad de manera estructural.

México va por el camino equivocado de las privatizaciones que a Argentina le costó la crisis más profunda de su historia, al seguir las directrices del FMI y del Consenso de Washington, la cual revirtió al tomar el control de sus recursos energéticos y expropiar a la petrolera Repsol.

Resulta condenable que el gobierno mexicano siga trabajando con el propósito de imponer el modelo imperialista, en donde a los países subdesarrollados, como el nuestro, se les pide exportar materias primas a los países desarrollados, para después comprar los productos con valor agregado, manteniéndonos en el atraso tecnológico e industrial.

Desde hace 30 años, de manera sucesiva, los gobiernos mexicanos han venido trabajando con tal propósito, por eso no se han construido refinerías y por eso vendemos a Estados Unidos la materia prima y les compramos el 50 por ciento de la gasolina que consumimos, con el criminal ‘gasolinazo’.

Es lamentable tener gobiernos entreguistas y que quienes lleguen al gobierno busquen hacerse ricos y hacer negocios, pues no ha habido en México mejor negocio que las privatizaciones. Telmex y Gas Natural Fenosa son los ejemplos más claros. Por ello, es falso que el gobierno nos diga que abriendo Pemex y CFE al capital privado y a la tecnología extranjera se van a convertir en empresas competitivas, ya que estamos seguros que mientras no se combata a fondo la corrupción, las reformas traerán un fuerte impacto presupuestal en detrimento del pueblo de México.

Es atroz que a Pemex se le ponga a competir con una tasa impositiva tan alta, ya que por derecho de utilidad compartida va a pagar un 68 por ciento de sus utilidades, mientras que las corporaciones transnacionales van a pagar lo que paga cualquier empresa, alrededor del 30 y tantos por ciento.

Sin hacer una consulta pública, el Ejecutivo y la cúpula del Legislativo dieron marcha atrás a la histórica expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas. Nuestro temor es que cuando se pongan en marcha la reprivatización estallen confrontaciones sociales, porque la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con que se les quite lo que ya les pertenece por derecho. Por eso, hay que luchar para que el derecho a la consulta popular se ejerza en el 2015 y no permitir que esta conquista democrática se mantenga en el papel cuando no le conviene a los intereses privados del gobierno.