INTERÉS PÚBLICO
Reforma energética
Víctor Reynoso

Puebla.- El criterio para valorar la reforma energética realizada en estos meses es qué tanto contribuirá a incrementar el interés público y en qué sentido. El asunto es tan complejo que muy pocas personas pueden dar una respuesta clara, fundamentada y detallada. Muy pocos dominan los vericuetos administrativos, fiscales, económicos, sindicales, de la reforma y sus consecuencias. Pero es posible aproximarse a algunas cuestiones.

La primera tiene que ver con la realidad energética anterior a la reforma. Lo más relevante es que tanto la producción del petróleo y sus derivados como la producción y comercialización de la energía eléctrica eran un monopolio del Estado. Esta es, inicialmente, la cuestión central: para algunos propiedad estatal e interés público son sinónimos. Eliminar el monopolio de Estado es ir contra el interés público.

La identificación tiene sin duda un fundamento sólido: el Estado es, en teoría, el encargado de realizar los bienes que los privados no pueden generar. Los individuos y grupos privados no tenemos la capacidad de generar los bienes públicos necesarios para que dar lugar a una buena sociedad. El Estado es indispensable.

Sin duda lo es. El problema es que es insuficiente y también que puede cobijar y fomentar no solo el interés público, sino intereses privados. Esas son las razones para quitarle al Estado mexicano el monopolio del petróleo y de la electricidad. Por un lado no es capaz por sí solo de generar los bienes públicos en torno a la cuestión energética. Por otro en su seno, concretamente en Pemex y en la CFE, prosperaron intereses particulares contrarios al interés público.

El primer tema, la necesidad de participación del capital privado para que la producción y comercialización de energía sea más eficiente y más accesible a la sociedad es un tema complicado. No es un principio metafísico, sino algo que debe ponerse a prueba y evaluarse permanentemente. Pero la experiencia muestra, en general, que las empresas privadas son más sensibles que las públicas a la ineficiencia y al deterioro.

Parece claro que Pemex y la CFE han favorecido notablemente intereses particulares. Entre los que destacan sus sindicatos y los líderes de los mismos. En ocasiones algunos grupos e individuos de la clase política también se han aprovechado de estas empresas. Y aunque son empresas que funcionan y cumplen, está lejos de ser empresas modelos. No ha habido al menos quienes las defiendan de manera convincente.

Ciertamente permitir el ingreso de capital privado tiene enormes riesgos. Ya lo señaló Jerry Brown, gobernador de California, en su reciente visita a México. No pudo ser más claro: si no hay un marco regulatorio adecuado para la participación de esas empresas, “se los van a comer vivos”, dijo. La advertencia es además muy oportuna y pertinente. No viene de un comunista, de un populista o de un estatista, sino del gobernante de la que quizá siga siendo la región más dinámica del capitalismo mundial, la Alta California.
Ese es uno de los puntos clave de la reforma: el marco regulatorio para evitar que los intereses privados se coman toda la riqueza energética y dejen muy poco para el interés público. ¿Lo tomaron en cuenta los legisladores? ¿Quién es capaz de evaluar la reforma en este sentido? La cuestión es complicada, y el tiempo dará la respuesta.

Ciertamente hay intereses legítimos entre los inversionistas privados, nacionales y extranjeros. Si van a invertir deben tener las ganancias correspondientes. Pero hay que cuidar, como lo señaló Brown, que esas ganancias sean proporcionales a los beneficios públicos que generen.

Hay otros intereses privados y legítimos: empleados, funcionarios, pensionados, sindicatos, consumidores (industrias, servicios, familias, individuos). La suma de los mismos constituye el interés público. ¿Las nuevas leyes contemplan estos intereses? ¿Evitan los riesgos de que generen intereses ilegítimos (como parece que es el caso de los dirigentes sindicales actuales)?

Otro asunto ligado al interés público es si coincide con el interés nacional. La primera reacción es responder que sí. Pero hoy lo público ha adquirido, en muchos aspectos, una dimensión internacional. El caso más claro es la ecología. Y el principal enemigo de la ecología parece ser precisamente la forma como los seres humanos producimos y consumimos la energía. ¿Contemplan las nuevas leyes esta cuestión?

Profesor investigador de la UDLAP.
victorm.reynoso@udlap.mx