Mover a México… pa’trás
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- La entrega del petróleo, gas y electricidad al capital extranjero entró en vigor a partir de ayer, cuando Peña Nieto firmó los decretos de las leyes energéticas y mandó publicarlos en el Diario Oficial de la Federación.
Empero, hay que aclarar que la ilegal entrada en vigor arrancó desde 1982, cuando los gobiernos neoliberales comenzaron a privatizar el sector energético, hasta asestar el golpe traidor este año.

La realidad que tenemos hoy es que la propuesta privatizadora ya se materializó; es decir, el sector energético patrimonio de México pasa a formar parte de las reservas estratégicas de los Estados Unidos.

México dejará de ser una nación independiente al perder la soberanía de sus recursos energéticos. Era lo que pretendían los países imperialistas desde hace años y eso fue lo que entregó el PRIAN y demás partidos satélites.

La llamada reforma energética es la contrarreforma más brutal desde el México independiente, al dejar a nuestro país sin la posibilidad de un futuro auto-sustentable y con riesgos latentes de estallidos sociales violentos.

Sin embargo, los argumentos de las ‘reformas transformacionales’ y las estratagemas del ‘Pacto por México’ usadas por Peña Nieto, deben ser desmentidos con un análisis lógico basado en una visión estratégica, en datos duros y en la historia misma de las industrias petrolera y eléctrica.

Hay que desmentir cada una de las falacias privatizadoras, las cuales se sustentaron en una supuesta falta de recursos para invertir y de tecnología para producir, así como en chantajes de más aumentos a los precios de los combustibles y en falta de crecimiento del PIB, entre otros, en caso de no lograr la “apertura total” del sector energético.

Por eso, hoy más que nunca, la población debe comprender lo que en realidad significa el slogan de “Mover a México”, al tener en cuenta que lo que quiere el actual régimen es mover a México, pero hacia al más grande retroceso de nuestra historia.

Mover a México significa volver al Porfiriato, ya que en ese entonces las compañías petroleras tenían que comprar las tierras donde operaban. Ahora, a través del concepto de “ocupación temporal”, podrán despojar las tierras como si fuera una “servidumbre legal”.

Las petroleras extranjeras van a explorar, perforar, explotar y, en su caso, producir hidrocarburos y gas shale en la quinta parte del territorio nacional, por lo que vamos a regresar a la concentración de la tierra, mediante el despojo de la parcela del campesino, del ejidatario, del indígena o del pequeño propietario, pero ahora sin siquiera con la obligación de pagarles una expropiación, ya que van a estar totalmente indefensos.

No tiene nombre esta vil entrega de la soberanía nacional a las potencias extranjeras, cuyo único antecedente que se recuerda ocurrió en la época de Santa Anna ¡Mayor entreguismo no puede haber!

Muy grave es que la estabilización macroeconómica se ponga en riesgo, pues la principal fuente de divisas del presupuesto federal es el aporte de PEMEX, el cual se va a tener que complementar con un alza generalizada de impuestos en alimentos, medicinas, educación, transporte y actividades agropecuarias, después del proceso electoral del 2015.

Son escenarios recesivos que van a reducir brutalmente el mercado interno y van a contribuir al empobrecimiento generalizado. Pero, lo más grave, es que la crisis económica se profundice cada vez más.

Al no existir el interés de impulsar la industria nacional en beneficio de la población, tampoco será posible desarrollar tecnología de punta, pero sí la industria extractiva, porque a lo que vienen las compañías foráneas es a saquear. El empleo se generará en los países de las transnacionales y en nuestro país nos quedaremos esperando gasolina y luz más baratas.

Con la contrarreforma vamos a quedar condicionados a los intereses privados de las empresas extranjeras, toda vez que México ya entrega el 80 por ciento de su petróleo a los Estados Unidos, cuando con la renta petrolera se deberían definir las prioridades sociales del gasto público, con el propósito de construir una sociedad de oportunidades para la población más pobre y para combatir las desigualdades sociales.