Migrantes jornaleros
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- El neoliberalismo tiene fracturando a nuestro país en todos los sentidos. Ahora con Peña Nieto los políticos neoliberales siguen empeñados en privatizar el sector energético (Pemex y CFE).

Pero también la seguridad social (pensiones y jubilaciones) y los servicios de salud, educación, deporte, vivienda, agua y, además, en cancelar las conquistas y las prestaciones laborales.

Aparte de favorecer el auge del capital especulativo con altísimas ganancias en la Bolsa de Valores sin pago de impuestos y de marginar regiones enteras a la inversión productiva, el neoliberalismo lleva más de 32 años en mantener en el estancamiento a nuestra economía.

El capitalismo salvaje que nos domina y explota no solamente aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso e incrementó la miseria, sino también ha provocado el cierre de miles de empresas grandes, medianas y pequeñas, así como el abandono total del campo.

El cierre de empresas es una de las consecuencias devastadoras del neoliberalismo económico y, por lo tanto, causa principal del desempleo, ya que las políticas neoliberales no promueven la creación de nuevas empresas capaces de generar nuevos empleos y de pagar salarios bien remunerados.

Por el contrario, a partir de que México fue sometido a las políticas neoliberales, cada año expulsa a cerca de 600 mil migrantes a los Estados Unidos.

Es triste y lamentable que miles de mujeres y hombres, principalmente jóvenes, estén emigrando hacia los Estados Unidos por falta de oportunidades laborales y de buenos sueldos en su propio país.

Sin embargo, es de reconocerse y resulta admirable la valiosa contribución que hacen a México los trabajadores migrantes con el envío de remesas, las cuales ya representan la segunda fuente de ingresos nacionales (después de los ingresos petroleros), sacrificando su unidad familiar y poniendo en riesgo su vida.

Aunque la migración es un fenómeno histórico de la humanidad, el flujo migratorio que se vive en la frontera México-Estados Unidos es una causa por la cual debemos luchar firmemente hasta cambiar la situación actual.

Debemos y tenemos que hacer cambios de fondo en las políticas de nuestro país, fundamentalmente cambiar el modelo económico neoliberal, para que no exista tanta necesidad de que más de medio millón de mexicanos emigren anualmente a Estados Unidos por razones de trabajo.

Para que los gobernantes de nuestro país exijan contundentemente el respeto a los derechos de los mexicanos residentes en la Unión Americana, necesariamente deben estar respaldados con acciones de respeto a los derechos humanos, sociales, laborales, políticos y culturales de los migrantes que transitan por territorio mexicano o se asientan irregularmente.

A pesar de la incumplida reforma migratoria en los Estados Unidos, la acción ejecutiva o decreto presidencial de Barack Obama para reconocer hasta cinco millones de migrantes que han vivido ilegalmente durante al menos cinco años y que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses, bien harían las autoridades de nuestro país en tomar acciones similares.

El gobierno mexicano también tiene la obligación de llevar a cabo nuevas políticas de inmigración, con medidas de integración que procuren un adecuado desarrollo social, para los extranjeros y sus familias que se quedan en nuestro país tras despertar del fallido “sueño americano”.  

Para ello, resulta crucial concretar las medidas de apoyo para los migrantes centroamericanos que transitan por nuestro país en su paso a los Estados Unidos, pero no únicamente con ayuda humanitaria en asilos y comedores en los puntos donde abordan y descienden del tren, sino a través de programas de seguridad para evitar abusos y agresiones.

Pero, la principal obligación debe ser con nuestros migrantes jornaleros de origen campesino e indígena, que en los campos agrícolas de su propio país sufren prácticas esclavizantes y violatorias a sus derechos, siendo necesario aplicar las leyes laborales y la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias.