ESTADO DE LOS ESTADOS
Hambruna en puerta
Lilia Arellano

Cancún.- Por el desliz del peso frente al dólar –que cerró este lunes en su peor nivel en la historia– y ante la carencia de una estrategia del gobierno para promover la producción nacional de bienes básicos, se espera que el gasto por las importaciones agroalimentarias en este año se incremente en más de 30 mil millones de pesos sólo por las importaciones de maíz forrajero, arroz y trigo.

Es previsible que los precios de los alimentos de la canasta básica superen una tasa de cuatro por ciento.

Alfonso Ramírez Cuellar, del Barzón, explicó que la devaluación del peso frente al dólar impactará en los precios a los consumidores pues la importación de diversos granos y oleaginosas serán más caras y “habrá quienes destinarán sus tierras a la producción de productos exportables”.
México importa 85 por ciento del arroz; 90 por ciento del trigo; 30 por ciento de maíz –principalmente forrajero-, lo que repercutirá en los precios del pollo, carne de res y cerdo,  y en 2013 gastó mil 200 millones de dólares en las importaciones de leche.

La administración de Peña Nieto no cuenta con un plan emergente de protección al consumidor, a pesar de que es previsible un proceso inflacionario que golpeará más a los pobres, quienes ya destinan 70 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos. No tiene una estrategia de producción de granos básicos para crear una reserva estratégica nacional, a pesar de que se espera que el déficit actual de 2 mil 500 millones de dólares de la balanza comercial agropecuaria se profundizará.

Engolosinados en llevarse las migajas del remate de la riqueza nacional energética, los tecnócratas de la administración de Enrique Peña Nieto no toman en cuenta que el crecimiento poblacional de México demanda una mayor cantidad de alimentos, por lo que es necesario producir más. En el país, el 50 por ciento de los que se consume se importa, advierte Manuel Bravo, presidente y director de Monsanto Latinoamérica Norte (LAN).
México ha aumentado su dependencia alimentaria con Estados Unidos y Canadá, al incrementar sus compras agrícolas y pecuarias, que representan el 79 por ciento del total.

REPORTAN “AVANCES” DE REFORMAS
No pasaron ni 48 horas de la instrucción presidencial de rendir informes periódicos sobre el avance de las reformas impulsadas durante los primeros años de la actual administración, cuando el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, salió ante las cámaras de radio y televisión a declarar que los avances logrados hasta ahora por la reforma energética detonarán inversiones por 62 mil 500 millones de dólares en los próximos años.

En el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, el quintanarroense dijo que la implementación de los proyectos del sector generarán alrededor de 212 mil empleos directos e indirectos. Informó que las inversiones y empleos son consecuencia de las primeras dos convocatorias de licitación de la Ronda Uno, gasoductos, así como proyectos eléctricos en el país. 

Pedro Joaquín Coldwell salió ante los micrófonos de la prensa nacional y extranjera a repetir sólo promesas. No entró en detalles para dilucidar cómo se abre el camino para que compañías extranjeras exploren y exploten petróleo en México; cómo se permite que particulares generen y suministren electricidad; cómo se ha puesto a competir en condiciones adversas a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con otras empresas, y ni siquiera por equivocación se refirió a la política de precios de los energéticos.

El funcionario no mencionó cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto ha cedido a particulares el control de los bienes estratégicos del país. No precisó cómo la reforma y sus leyes secundarias permiten que empresas privadas, nacionales o extranjeras, inviertan en México en la exploración y explotación de hidrocarburos: petróleo, gas y sus derivados, actividades que eran exclusivas del Estado.

No detalló la naturaleza de los contratos de licencia, servicios, utilidad y producción compartida, que son asignados a través de licitaciones a empresas privadas para la exploración y explotación de hidrocarburos. No mencionó los detalles de la forma en que se realiza la explotación de gas de esquisto o shale, que se obtiene mediante una práctica conocida como fractura hidráulica o fracking, que es contraria al medio ambiente, y que implica un elevado costo de agua y el riesgo de que se contaminen depósitos de este líquido.

Tampoco entró en los detalles de la privatización del sector eléctrico, en donde empresas privadas están en posibilidades de generar y suministrar este tipo de energía, y competir con la CFE. No habló de la subordinación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al presidente y a su gabinete. No mencionó la privatización en marcha de las gasolineras del  país, que en una gran mayoría serán adquiridas por la operadora de Coca-Cola en México.
Pedro Joaquín Coldwell omitió mencionar los cambios en la política de precios de los combustibles, que serán liberados en los próximos años. No se refirió a los cambios que experimentarán tanto Pemex como CFE al convertir en empresas productivas del Estado, como tampoco mencionó la absorción, por parte del Estado, de los pasivos laborales de Pemex y de la CFE, que ascienden a 1.6 billones de pesos por pensiones y jubilaciones de sus trabajadores.

El titular de la Sener no precisó como  presuntamente se incrementarán los ingresos del país derivados de los hidrocarburos a través del pago de derechos de Pemex y sus subsidiarias; las contraprestaciones que pagarán los particulares con contratos de exploración y explotación; y los impuestos que pagarán los dos. No habló de la forma en que se garantizará que el Fondo Petrolero aporte cada año recursos equivalentes al 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el Presupuesto de egresos de la Federación.

En la conferencia de prensa del funcionario jamás se explicó o justificó las “ventajas” que tendrá el país al transferir su riqueza al extranjero y desmantelar la economía nacional, con lo que se aumentará la pobreza y se caerá el empleo. No se aclaró como se hará frente al agotamiento de las reservas petroleras de México, lo que nos hará perder soberanía energética.

No se mencionó cómo se pierde la oportunidad de aumentar la competitividad de la industria nacional por medio del abastecimiento barato de insumos derivados de hidrocarburos al retos de la industria mexicana. 

Joaquín Coldwell no señaló las ventajas de aumentar la carga fiscal a Pemex; de que la mayor parte de las empresas en el sector energético serán extranjeras;  de que no se aumente significativamente la actividad económica y la generación de empleos; que se aumente la concentración del ingreso y la transferencia de riqueza al extranjero; que el gasto público continúe destinándose mayoritariamente al gasto corriente; que no se genere ahorro de largo plazo por ingresos petroleros y que aumente la deuda pública; y que no se reduzca la pobreza y que se desaprovechen los recursos para atacar las determinantes estructurales de la misma en el país.
En un entorno de mayor corrupción y violencia, en un año en que se renueva el Congreso y nueve gobiernos estatales, la reforma energética enfrenta un escenario adverso con la caída de los precios del petróleo. A fines de febrero, Pemex anunció su quinta pérdida trimestral consecutiva, de 76,500 millones de pesos (USD 5,800 millones), como consecuencia en gran parte a una caída de la producción. Con esto, sumó pérdidas por más de USD 19.816 millones en todo el año.

En 2014, Pemex registró uno de los peores resultados de su historia. Acumula más de dos años de caída libre y una década ininterrumpida de mermas en la producción. La compañía se encuentra en medio de un fuego cruzado: desplome del precio del crudo, depreciación del peso y recortes presupuestarios.

“LAVANDERÍA MÉXICO-EU”
El crimen si paga, al menos en México y Estados Unidos. El subprocurador general estadounidense, Kenneth Blanco, reportó que las organizaciones criminales que operan en su país y México lavan al año alrededor de 29 mil millones de dólares y sostiene que es un tema bilateral que impacta  al economía de ambas naciones y al mundo entero. Sumamente grave es que en nuestro país la investigación y persecución de los llamados delitos de “cuello blanco” es casi inexistente por lo que impera la impunidad, lo que los ha convertido en un negocio seguro.

En un contexto donde persiste la impunidad, la tortura y los malos tratos “son generalizados” en México, concluyó por su parte el relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, en un informe elaborado tras una visita al país el año pasado, que fue presentado este lunes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.  Los hechos incriminados suceden “durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia”, cuya “finalidad es castigar o extraer confesiones o información”. Destaca.

Remata que hay evidencias de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armas, “pero también de tolerancia, indiferencia, complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”. El informe global de la ONU presenta a México entre los 30 países que más violan los derechos humanos, al lado de Siria, Irak, Nigeria y Rusia; junto con Venezuela es el que tiene la peor situación en América Latina.

Fue precisamente el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam,  quien deja la crisis de derechos humanos más grave en por lo menos dos décadas con el caso Ayotzinapa sin resolver, y a pesar de tener 99 detenidos ninguno es procesado por desaparición forzada. Lo cual es sólo una estrategia para diluir la responsabilidad del Estado, sólo por homicidio y delincuencia, acusa el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Sostiene que el momento que atraviesa el caso Ayotzinapa plantea “una disputa por la verdad histórica” entre el colectivo de padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos y el gobierno federal, que pretende cerrar el caso con una teoría “endeble, llena de lagunas e inconsistencias y un supuesto móvil inverosímil”.

Cinco penalistas expertos asignados por la Comisión Interamericana iniciaron la semana pasada una revisión exhaustiva de las actuaciones hechas hasta ahora. Se trata de la guatemalteca Claudia Paz y Paz; la colombiana María Ángela Buitrago; el penalista chileno Francisco Cox Vital; el colombiano Alejandro Valencia Villa y el español Carlos Martín Beristáin.

En teoría, podrán acceder a todas las investigaciones, las evidencias y los peritajes. Podrán entrevistarse con todos los funcionarios, testigos y por supuesto las víctimas. También tienen facultades para acudir a los lugares de los hechos y realizar diligencias en su carácter de coadyuvantes. Pueden formular denuncias como expertos y pueden solicitar protección para testigos colaboradores.

Tienen un plazo de seis meses para presentar su informe final.  Ellos representan una oportunidad para llegar a la verdad en este caso. La expectativa es que ellos puedan construir un puente en esta disputa por la verdad y la justicia, dijo Mario Patrón Sánchez.

DE LOS PASILLOS
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que el endeudamiento total del sector público mexicano se elevó a más de 7 billones 559 mil millones de pesos al término de enero de 2015, monto 26.4 por ciento superior al que tenía al comienzo de la actual administración gubernamental, en diciembre de 2012. El incremento, de un billón 668 mil 443 millones de pesos durante los últimos 25 meses, a razón de unos 66 mil 738 millones de pesos mensuales en promedio, colocó la deuda total del sector público en una proporción equivalente a 40.5 por ciento del PIB, el pico más alto de los últimos 20 años, desde la crisis financiera de 1995, que provocó el rescate del sistema bancario y del modelo privado de construcción de carreteras de cuota.

La discusión del dictamen de la Ley General de Aguas, que estaba previsto para votarse en la sesión de este martes, fue pospuesta en forma indefinida por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Manlio Fabio Beltrones, presidente de dicha junta, rechazó que la propuesta busque la privatización del agua.  Dijo que esa decisión permitirá abrir espacio a la discusión y escuchar a la sociedad.

El titular de la SHCP, Luis Videgaray, respondió a los principales organismos de la iniciativa privada que no existen condiciones económicas para pensar bajar los impuestos debido a que los bajos precios del petróleo permanecerán así por largo tiempo. En 2016 “gastaremos más y mejor”, prometió el funcionario.

En el Senado de la República,  organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos se manifestaron este lunes en contra del nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  y argumentaron que no reúne las condiciones para ese cargo. Su presencia, dijeron, pondría en riesgo la autonomía de la Corte.

Recordaron que Medina Mora es un hombre que como funcionario tiene recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Auditoría Superior de la Federación, e incluso en Estados Unidos se le señala de haber participado en violación flagrante a las leyes mexicanas. En la Cámara alta se recibieron 24 mil firmas en contra de la designación de Medina Mora.