Por toda la niñez
Lupita Rodríguez Martínez

 

Monterrey.- Gracias a la lucha de varias organizaciones de la sociedad civil y a la postura firme de los grupos parlamentarios de oposición, pero sobre todo a la participación crítica y decidida de la representante de la UNICEF (México) y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el 5 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en términos muy diferente a la iniciativa presidencial de ley preferente.

A pesar de no incluir la protección de derechos de la niñez desde la etapa prenatal; es decir, desde la vida intrauterina del feto, o los derechos de la madre durante el embarazo, ni tampoco incluir la responsabilidad del Estado para garantizar la educación inicial desde los tres primeros años de vida, en el Congreso de la Unión se logró cambiar hasta de nombre a la iniciativa (Peña Nieto la mandó como Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes), así como eliminar disposiciones paternalistas y asistencialistas.

Ahora corresponde a las Legislaturas el trabajo de homologar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a sus leyes correlativas estatales, siendo el plazo hasta el 3 de junio del 2015.

Esperamos que la actual Legislatura de Nuevo León retome el liderazgo en materia de derechos infantiles y saque adelante esta tarea antes del plazo fijado, demostrando su compromiso por toda la niñez nuevoleonesa, a través de una ley pionera y de avanzada que reconozca a plenitud todos sus derechos.

Desde nuestro punto de vista, la nueva Ley que homologue el Congreso del Estado deberá estar basada en el principio rector de la defensa del interés superior de la niñez, sustentada en el Artículo Primero Constitucional, que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos y, basada en el Artículo Cuarto Constitucional, que establece los factores fundamentales para el desarrollo integral de la niñez y sus derechos, además de estar acorde con los Tratados Internacionales signados por el Estado Mexicano.

La nueva Ley es la oportunidad para rediseñar todas las instancias de gobierno, buscando que asuman un rol activo y no sólo declarativo para garantizar los 20 derechos básicos de la infancia y la adolescencia, tales como:

A la vida.
A la identidad.
A vivir en familia.
A la igualdad.
A no ser discriminado.
A vivir en bienestar y en un sano desarrollo integral.
A vivir una vida libre de violencia.
A la seguridad social y a la salud.
A la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
A la educación.
A el descanso y esparcimiento.
A la libertad de pensamiento.
A la libertad de expresión.
A el acceso a la información.
A la participación.
A la libre asociación y reunión.
A la intimidad.
A la seguridad jurídica.
A la protección de los migrantes menores.
A el acceso a las tecnologías de información y comunicación.

Deberá ser una ley elaborada bajo los principios rectores del interés superior de la niñez, de la universalidad, la progresividad, la integralidad, la inclusión, el reconocimiento de la responsabilidad de la familia y del Estado, la transversalidad, la autonomía y el principio de pro persona, entre otros.

Un imponderable a considerar será la atención integral a la primera infancia o los derechos de la fase prenatal. Debemos seguir sensibilizando a nuestras diputadas y a nuestros diputados para que contemplen este tema, pues hasta que los veamos diremos que es una ley pionera y de avanzada. 

Causa asombro que todavía haya quienes cuestionen derechos de la niñez existentes desde hace más de 25 años, como el derecho a la intimidad y el derecho a la educación sexual integral conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de niñas, niños y adolescentes. A todos ellos desde aquí les decimos: homologar significa igualar, adecuar o armonizar, no mutilar o modificar sustancialmente el contenido de una ley.