Rubén Espinosa y la duda razonable
Eloy Garza González
San Pedro Garza García.- Cinco personas fueron torturadas, algunas violadas y todas muertas con tiro de gracia en un departamento de la colonia Narvarte, en la ciudad de México. A
l menos uno de ellos, Rubén Espinosa, era periodista crítico del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Otra era la activista Nadia Vera. ¿Fueron asesinados a causa de su actividad profesional? No lo sabemos. Pero tampoco podemos asegurar –como lo hacen algunos medios– que fueron víctimas, sin más, de la delincuencia organizada.
El caso se presta a lo que se denomina duda razonable: las víctimas habían tenido que emigrar a México, hostigadas por el gobierno veracruzano. Dos de los asesinados habían dejado testimonio videograbado de las amenazas que recibieron del gobierno de Veracruz. Además, el Estado donde manda Duarte tiene el más elevado índice de delitos en contra de periodistas, oficio de alto riesgo en esa zona de México. La libertad de expresión es apenas un chiste malo en esa entidad federativa.
Duda razonable: en otros países dichas evidencias serían tan fuertes que el caso tendría rango de atentado a los derechos humanos. Pero en México la autoridad pública recurre a una formula deplorable que ya se hizo costumbre cuando planteamos dudas razonables: “la resolución puede ser injusta pero está apegada a derecho”. Todo apunta, según ellos, a un simple atraco. O como dice el propio Duarte: si el crimen hubiera ocurrido en Veracruz, se levantarían sospechas en contra el gobierno estatal. Pero sucedió en la ciudad de México.
Quienes formulan dudas razonables soportan la indiferencia de la autoridad pública y los brazos cruzados de la Procuraduría del DF. Para el gobierno, la duda razonable de muchos miembros del gremio periodístico es mera “posición de creencias”, hipótesis, conjeturas, especulación perversa; alegan que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Así opera la justicia en México. En vez de despejarnos nuestras dudas razonables con una investigación que resuelva el caso, se descalifica a los escépticos de la administración de justicia. En vez de explicarse, la autoridad se atrinchera en su mutismo, en su silencio cómplice. Cuando mucho, una rueda de prensa con periodistas afines, comprados por el poder, donde la voz disidente no cuenta con credenciales ni permiso para acceder al recinto oficial.
Esto que vivimos en México es política surrealista y tercermundista: beneficia a los capos del poder y perjudica a los demás. Olvidan que la duda razonable volverá, como boomerang, en forma de deslegitimación de los tres ordenes de gobierno sin excepción. Por culpa de unos, la llevan todos. Y los muertos, a pesar de las exequias, siguen sin sepultura.
