ESTADO DE LOS ESTADOS
Tibia defensa de México
Lilia Arellano
Cancún.- Preocupa en alto grado el silencio del gobierno de Enrique Peña Nieto ante los embates del magnate Donald Trump, precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, quien ha amenazado deportar a 11 millones de indocumentados, una gran mayoría de origen mexicano.
Habla sobre construir miles de kilómetros de muro en la frontera con México, cuyo costo deberán pagar los contribuyentes de este lado de la frontera; imponer un gravamen de 35 por ciento a los autos construidos en suelo nacional, a fin de regresar las inversiones de la industria estadounidense a territorio norteamericano.
Las sutiles referencias hechas a través del titular de Relaciones Exteriores son tan o más ofensivas que las expresiones del empresario xenofóbico que están recorriendo el Mundo y que ya no son cosas de locos, sino que empieza a cobrar seriedad, tanta que ya obligó a Barack Obama a referirse a su lenguaje. Tal parece que hay un gran temor, un miedo manifiesto del titular del Ejecutivo y sus colaboradores a responderle a los ataques racistas del millonario republicano que encabeza las preferencias hacia la Casa Blanca, con el respaldo de millones de estadounidenses que han venido demostrando que comparten las ideas de Trump y que al parecer han olvidado el gran aporte de la minorías latinas al engrandecimiento de la primera economía del mundo.
Los ataques de Trump contra México han sido sistemáticos, en diferentes foros, con un tono cada vez más agresivo como parte de su precampaña presidencial: “México no es nuestro amigo”; “México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas (…). Están trayendo drogas, el crimen, a los violadores”; “el sistema jurídico mexicano es corrupto, como es gran parte de México. Páguenme el dinero que se me debe ahora y dejen de mandar criminales hacia nuestra frontera”; “tengo una demanda en la corte corrupta de México que gané, pero hasta ahora no puedo cobrar. ¡No hagan negocios con México!”; “no quiero nada con México más que construir un muro impenetrable y que dejen de estafar a Estados Unidos”; “México nunca volverá a ser sede de Miss Universo”; “México está estafando totalmente a Estados Unidos. Nuestros políticos son tontos”. Y sobre la fuga de Joaquín “el chapo” Guzmán, señaló en su cuenta de Twitter que “el mayor capo de la droga de México escapo de prisión. Corrupción increíble y Estados Unidos está pagando el precio. ¡Se los dije!”.
El último ataque de Trump contra nuestro país puede tener consecuencias económicas de pronóstico reservado. En Iowa, amenazó con imponer un gravamen de 35 por ciento a los autos, camiones y autopartes fabricadas en México. De llegar a la Casa Blanca, dijo que aplicaría ese impuesto para lograr que las compañías automotrices regresen sus plantas y empleos a Estados Unidos. No obstante que bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es difícil de concretar esa propuesta, el millonario insistió en que lograría con esa medida que las automotrices estadounidenses prefieran invertir en Estados Unidos.
Las respuestas del gobierno de Peña Nieto a estos ataques han sido tibias, titubeantes, con miedo. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, dijo que “las declaraciones reflejan prejuicios que no se validan con la realidad y no le hace justicia a los migrantes”. En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que sus declaraciones “son prejuiciosas y absurdas y buscan más la atención de los medios de comunicación en lugar de generar un proyecto”. Uno se pregunta ¿por qué si han comprado portadas de revistas, notas de primera plana, espacios interiores abundantes en diarios de EU y europeos, no hacen lo mismo para limpiar la imagen de nuestro país? ¿Acaso callan porque piensan igual que el tal Donald?
No se han dado respuestas con argumentos contundentes en defensa de nuestro país, de los inmigrantes y contra el racismo. Los ciudadanos mexicanos aún las esperamos. Los funcionarios federales parecen cuidar no desafiar la demagogia populista de Trump, que culpa a la inmigración ilegal y a México de gran parte de los males de Estados Unidos. Nadie ha destacado las medias verdades del millonario y las mentiras completas que integra en sus discursos. Para empezar, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, el flujo de inmigrantes mexicanos a ese país ha caído desde 400 mil por año hace una década a unos 125 mil en la actualidad. Y la mayoría de los 34 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos son gente buena y trabajadora, que quieren mantener a sus familias. Sólo eso.
AYOTZINAPA Y EL DESPRESTIGIO
Al ritmo del desprestigio del régimen de Enrique Peña Nieto, crece el clamor popular que exige la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que fueron víctimas de desaparición forzada hace casi un año. Familiares de las victimas, colectivos sociales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, estudiantes universitarios y otros ciudadanos demandaron que se aclare el crimen sucedido hace 11 meses contra los normalistas- que dejo a tres de ellos ejecutados de manera extrajudicial- por parte de policías del municipio de Iguala, castigo para los responsables materiales e intelectuales y justicia para las víctimas.
La movilización social de la 15 Jornada Global por Ayotzinapa empezó en la capital de la República desde la colonia Polanco, en donde se realizaron visitas a diversas embajadas para denunciar la impunidad que persiste en este caso y la renuencia del Estado por aclararlo. También, por la tarde, se realizó una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Medios internacionales como The New Yorker han recomendado a Peña Nieto que se prepare para una “condena y un gran tumulto social” si se confirma la muerte de los normalistas desaparecidos.
En las embajadas, en las que destacan las de Alemania, Canadá, Francia, Suiza, y otros países de la Unión Europea, entregaron un documento exigiendo a los representantes diplomáticos extranjeros presionar a las autoridades mexicanas para que este caso sea resuelto, se alcance justicia, se sancione a los responsables y se presente con vida a los 43 normalistas, víctimas de desaparición forzada. También piden que se pronuncien por la ratificación del Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Vidulfo Rosarles Sierra, abogado de los padres de familia de Ayotzinapa, consideró que la investigación sobre el caso está inacabada, y por lo tanto no hay una “verdad histórica” como la que se pretende hacer creer. “Por el contrario, falta mucho por investigar y eso nos coloca a nosotros en la lucha por la justicia y la verdad histórica”, dijo en una entrevista.
A unos días de presentar su Tercer Informe de Gobierno, Peña Nieto no cuenta con elementos para sostener con fundamentos sólidos que cumple con las promesas que hizo sobre terminar con la violencia, producto del narcotráfico y la fallida estrategia de seguridad que emprendió Felipe Calderón durante el sexenio anterior. Por el contrario, todos los días se dan a conocer reportes de enfrentamientos a balazos, como el de este miércoles en el municipio de El Rosario, al sur del Estado de Sinaloa, que dejaron en las últimas horas nueve personas muertas, o la ejecución del presidente de la Asociación Ganadera de Aldama, Tamaulipas, Arturo Antonio de la Garza, realizada por un comando armado frente al palacio municipal. Más ejecuciones se registraron en otras entidades.
Desde el año pasado, el prestigio del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha derrumbado no sólo a nivel local, sino también a nivel internacional, como consecuencia de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. El caso ha sido catalogado como un impune crimen de Estado, dada la participación del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Este hecho junto con el descubrimiento de fosas en el área enfureció a los ciudadanos mexicanos que emprendieron una campaña en Internet en la que incluso pedían la renuncia de Peña Nieto.
Las desapariciones forzadas en México se han incrementado y a diferencia de la llamada “guerra sucia”, esta situación hoy ya no se aplica por motivos políticos, denunciaron integrantes de organizaciones civiles. Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, advierte que “la desaparición se aplica de manera generalizada, en los últimos ocho años hemos contabilizado más de 26 mil casos” y lamenta que no exista una verdadera política ni estrategia de búsqueda.
A la actual administración federal se le achacan las fallas para evitar la proliferación de armas pequeñas que han tenido consecuencias devastadoras en episodios de violencia, que en los últimos cinco años han causado la muerte de 80 mil personas, como lo denunciaron organizaciones civiles esta semana en la primera Conferencia de los Estados Partes del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), que ser realizó en Cancún, Quintana Roo.
Medios internacionales han calificado que en México se resiente una “absoluta anarquía” por crímenes de lesa humanidad, como los de Tlatlaya, Estado de México, Tanhuato y Apatizangán, Michoacán, en los que el Estado, en lugar de centrar esfuerzos en las investigaciones y dar con los responsables, se ha dedicado a deslindar a las fuerzas armadas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. A eso hay que agregarle el ridículo del gobierno peñanietista como consecuencia de la fuga del capo sinaloense, Joaquín “el chapo” Guzmán Loera.
DE LOS PASILLOS
La violencia no es exclusiva de nuestro país. En Estados Unidos, una reportera y un camarógrafo estadounidenses fueron asesinados frente a un centro comercial en la localidad de Moneta, mientras realizaban una entrevista en vivo para el canal WDBJ7 de Virginia. Las víctimas son la reportera Alison Parker, de 24 años de edad, y el camarógrafo Adam Ward, de 27 años. De acuerdo con medios locales, Vicki Gardner, directora ejecutiva de la Cámara Regional de Comercio de Smith Mountain, quien era entrevistada al momento del ataque, recibió un disparo en la espalda, por lo que fue trasladada a un hospital para ser operada. El agresor fue identificado como Lester Lee Flanagan, de 41 años, ex empleado del canal, quien después de cometer los crímenes se suicidó…
De acuerdo con José María Cazares, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), no se encontraron impactos de bala en la cabeza de los 42 presuntos delincuentes que fallecieron en el enfrentamiento ocurrido el 22 de mayo en Tanhuato. El funcionario dijo que la CEDH no tiene elementos para determinar si hubo ejecuciones o tortura contra las víctimas. “Observamos un número de cadáveres baleados en distintas partes del cuerpo. No encontramos balas en la cabeza. Encontramos balas por la espalda, a los costados”, señaló en entrevista radiofónica. La procuraduría estatal remitió el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual continuará con las investigaciones del enfrentamiento.
