De Ayotzinapa a Tlatelolco
Daniel Salazar M.
Monterrey.- Al cumplirse un año de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, la exigencia mundial para que sean presentados con vida retomó un nuevo y vigoroso impulso.
En México, América Latina y Europa, se contaron por decenas de miles los que demandaron el esclarecimiento de los hechos.
Prueba de solidaridad y de la vigencia del movimiento, fueron las marchas, plantones, mítines y actos culturales que surgieron por todas partes. Al grito de ¡No están solos!, en la capital del país y estados del interior, el clamor popular mostró su repudio al gobierno exigiendo justicia y castigo a los culpables. En Guerrero; Oaxaca; Chiapas; Michoacán; Jalisco; Coahuila; Durango; Hidalgo; Sinaloa; Morelos; Aguascalientes; Yucatán; Nayarit; Colima; Veracruz; Nuevo León; Zacatecas y Chihuahua, se realizaron este tipo de actividades y lo mismo en 45 ciudades de Europa: Madrid; Londres; Ámsterdam. En París, por ejemplo, defensores de los derechos humanos desplegaron mantas y carteles en los que se leía que la desaparición de los normalistas fue un crimen de Estado.
En América Latina, la hija de Evo Morales se sumó a las actividades en su país. En Guatemala, Honduras, Perú y Chile, igualmente reclamaron la presentación con vida de los estudiantes. En Estados Unidos --donde las madres de los desaparecidos seguían la gira del Papa-- se desarrollaron acciones de denuncia; también en Nueva York, Filadelfia, Seattle y, aún más al norte, en Montreal, Canadá.
“Hace un año exactamente --recordó uno de los padres-- el 26 de septiembre de 2014, la carretera se iluminó de rojo y azul por las luces de patrullas municipales, estatales, federales... Cinco autobuses eran asaltados a sangre y fuego mientras una llovizna pertinaz caía sobre los cuerpos de los normalistas, de los futbolistas del equipo Los Avispones, de los muchachos que se protegían de los disparos y sobre los 43 que fueron desaparecidos esa noche…”
Lo ocurrido en Iguala “bajo la “mirada vigilante de los militares del 27 Batallón de infantería”, es sin duda un crimen de Estado. Por eso el clamor popular sostiene que, junto a los militares, Peña Nieto, siendo responsable, debe irse con todo y gabinete. Siempre solidarios y conocedores del papel que juega el Estado en la sociedad, el SME, maestros democráticos, telefonistas, mineros, universitarios, estudiantes, colonos, feministas y jóvenes, se han fundido en la lucha para enfrentar al monstruo y trazar un objetivo conjunto: Organizar la unidad y la resistencia hasta encontrarlos con vida y castigar a los culpables.
Al día de hoy, el gobierno asegura tener presos a 111 personas por los hechos en que fueran asesinadas seis personas, 20 más heridas y 43 estudiantes desaparecidos. Pero la realidad nos dice que no hay avances concretos; que el problema central no ha sido resuelto porque los 43 siguen desaparecidos. El ex edil Abarca y su esposa, puestos en prisión por plagio y delincuencia organizada, así como la detención de El Gil y de otros, no han sido garantía de nada. Lo que es más, ellos se han negado a responder sobre sus relaciones con el narco o a aclarar, en el caso de los Abarca, el origen de sus bienes. Con todo y que los Abarca están detenidos, los crímenes continúan en Iguala. Más de 500 desaparecidos en este municipio han empezado a ser reclamados por sus familiares que, siguiendo el ejemplo por los 43, decidieron romper el silencio.
Mientras la ONU asegura “hacer votos porque las medidas anunciadas por Peña coadyuven al total esclarecimiento de los hechos’’ y reitera así mismo “su disposición a seguir colaborando”, la verdad científica se impone. La “diplomacia” queda atrás en tanto que alarga la espera y la angustia de los familiares, da tiempo a que “los ánimos se calmen” o a que el gobierno recobre su margen de maniobra. Y lo mismo sucederá con el “nuevo peritaje” que pretende la PGR.
Pero, más allá de Ayotzinapa y de Guerrero, en el país suman ya más de 26 mil desapariciones. Por eso queda cada vez más claro, que solo una firme y contundente movilización nacional que lleve a una ruptura con el poder establecido, podrá esclarecer estos y otros tantos crímenes políticos en México.
El interés del gobierno por desaparecer las normales rurales y la crítica, continuará. Desde el asalto al Cuartel Madera, Chihuahua, en 1965, vio en estas instituciones a “serios enemigos del sistema”, por lo que desde entonces se ha dado a la tarea de desmantelarlas. Una tras otra han sido fustigadas otorgándoseles cada vez menos presupuesto o, como en el caso Ayotzinapa, agrediéndolas en forma violenta provocando que el número de aspirantes disminuya. Las normales rurales hoy son vistas como sitios peligrosos para estudiar.
Hace un año, los estudiantes de Ayotzinapa fueron agredidos cuando realizaban preparativos para conmemorar el 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco.
Hoy son los padres de los 43 los que participan en la marcha del 2 de Octubre en la capital del país. Los une algo en común: ambos movimientos fueron reprimidos brutalmente por las fuerzas del Estado mexicano.
