Militancia nula, ¿obediencia suprema?
Ricardo Morales Pinal
Monterrey.- Corre el año de 1979 y es claro que el próximo gobernador de Nuevo León será Alfonso Martínez Domínguez. Para los presos políticos de Topo Chico se siente como una amenaza a su posible liberación, aun y cuando la Ley de Amnistía ya ha sido decretada y sus beneficios han alcanzado a algunos presos en el país, así como a algunos exiliados.
Y es que ellos ya saben cómo se las gasta el ex regente del Distrito Federal, sobre quien pesa el señalamiento público por su carácter represor y su responsabilidad en la represión del 10 de junio de 1971, que le ha valido el mote de “Don halconso”.
El mes de junio de ese año fui puesto en libertad después de casi ocho años de prisión, en una de las últimas jugadas políticas que el vapuleado por el sector empresarial de entonces, gobernador Zorrilla, pudo tomar antes de dejar el cargo.
Al salir me encontré con que si bien los rasgos más oscuros de la guerra sucia que por casi una década había implementado el estado mexicano para acabar con cualquier foco de subversión había terminado, el ambiente político local se encontraba enrarecido por un movimiento conservador y represivo encabezado por Martínez Domínguez y sus huestes; que como hongos emergieron de los tabernáculos, las tabernas y del ostracismo; otros más que durante el sexenio lópezportillista habían sido relegados de la palestra política y que ahora eran reivindicados por Jolopo.
Centrales obreras, campesinas y populares del PRI cerraron filas y, disciplinados, se avinieron con facilidad a la forma de hacer política que el nuevo gobernador imponía con mano de hierro. En las universidades, las escuelas públicas, los sindicatos industriales y de servicios, los movimientos populares y toda aquella forma de organización social en que los ciudadanos se acuerpaban fueron copadas por los agentes del nuevo gobierno: se trataba ahora de minimizar el peso que la izquierda local y el sindicalismo democrático había venido alcanzando en la vida política local.
En la mira del gobernador quedaban el histórico movimiento de Tierra y Libertad, el Partido Comunista Mexicano, los grupos sindicales obreros de Fundidora Monterrey y de Ferrocarriles Nacionales de México, así como el Sindicato de Trabajadores de la UANL y las corrientes democráticas del sindicalismo magisterial.
A su llegada a la gubernatura por la vía de un proceso electoral típico de la época, o sea cuando el PRI se despachaba con la cuchara grande en las casillas electorales mediante el manoseo del proceso contando con el apoyo abierto de algunos partidos satélites (disfrazados de socialistas unos y de liberales otros), así como con el apoyo siempre simulado del PAN, el gobernador electo admitió como colaboradores de su gobierno (funcionarios) a tutti quanti que estuviese dispuesto a renunciar a su ideología (si era de izquierda), a sus principios religiosos (si era un derechista) o a cualquier intento democratizador (si era un liberal); y por supuesto todos dispuestos a ser obsecuentes ante las arbitrariedades que en ese sexenio se dieron al por mayor en materia de derechos políticos, laborales y constitucionales en general. No me lo crea a mí estimado lector… ahí están los hechos muy documentados.
Y si todo esto fue posible, hay que decirlo, es porque la sociedad regiomontana es una sociedad mesiánica que se vuelca a encontrar virtud donde hay vileza cuando se asoma a la realidad concreta por la vía mediática. Por eso los políticos siempre han priorizado su relación con los medios de comunicación y los han seducido por la vía del dinero y/o el chantaje. Y aquel gobierno no fue la excepción. Y aquel gobierno hizo escuela y por décadas su impronta quedó marcada en la forma de hacer política en Nuevo León.
Tanto así que hoy por hoy Jaime Rodríguez Calderón reivindica a este personaje como su paradigma y, cual epígono digno de su maestro, nos receta la primera gran medida política para exaltar los ánimos del respetable: si usted quiere ser mi colaborador (funcionario) de entrada debe renunciar a su partido político, ya vendrá enseguida la sumisión, la cual está asegurada, pues si alguien es capaz de renunciar al ejercicio libre de sus convicciones ideológicas y políticas por un puesto gubernamental, pues seguramente será capaz de cualquiera otra cosa: la misma gata, nada más que revolcada. O sea que de este ignominioso hecho podemos desprender varias cosas.
Tenemos un gobierno que se siente por encima de la ley y de los derechos constitucionales consagrados en la Constitución Política de México, que en su Artículo 1, entre otras cosas señala:
“QUEDA PROHIBIDA TODA DISCRIMINACION MOTIVADA POR ORIGEN ETNICO O NACIONAL, EL GENERO, LA EDAD, LAS DISCAPACIDADES, LA CONDICION SOCIAL, LAS CONDICIONES DE SALUD, LA RELIGION, LAS OPINIONES, LAS PREFERENCIAS SEXUALES, EL ESTADO CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y TENGA POR OBJETO ANULAR O MENOSCABAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS (los subrayados y cursivas son míos).
Los derechos consagrados en la Constitución, como todos aquellos que tienen un sustento legal y que forman parte de los beneficios sociales adquiridos a lo largo de la historia de la Nación, son irrenunciables, por lo que las famosas cartitas giradas en el gobierno estatal –y que se han hecho públicas– a quienes deciden integrarse al servicio del gobierno en la que se les exige como condición que presenten su renuncia al partido político al que pertenezcan, carecen de toda validez legal, como también carecen de validez legal las mismas renuncias. Y los nuevoleoneses no votaron por un gobierno que se conforme a partir de la ilegalidad. ¿O sí?
Por último: ¿dónde quedan esas expresiones despectivas lanzadas contra los votantes proletarios del PRI, a quienes durante la campaña se les lanzaba el epíteto de “come lonches”, porque al asistir a los mítines de su partido les repartían tortas y refrescos? Y si estas personas son “come lonches”, ¿cómo les dirían a esos nuevos funcionarios que renuncian a sus derechos constitucionales por un puesto de trabajo en el gobierno?
