Las verdaderas fallas del Bronco
Eloy Garza González

Monterrey.- Tengo un establecimiento comercial. Produzco bienes para el mercado. Vendo bebidas, platillos culinarios y música en vivo para que mis clientes se diviertan. Obvio decir que mis ingresos dependen de mis ventas: los clientes están dispuestos a pagar voluntariamente por adquirir esos bienes.

Para dar un buen servicio, tengo que decidir continuamente en qué parte de mi línea de producción asignó un segmento de mis utilidades. Reclutar más meseros, contratar una orquesta adicional, comprar un equipo de audio más sofisticado, etcétera.

Estas decisiones no la tomo arbitrariamente. Son resultado de mis cálculos de costo-beneficio. Dependen de mis pérdidas y ganancias y del feedback que recibo de mis clientes: qué platillos les agradan, qué cocteles prefieren pedir, qué bandas de música les gustan más o ya les aburren.

Esta retroalimentación con la gente, me da pistas para saber si mis “inputs” para producir los bienes que vendo, son caros o baratos. Si voy bien o voy mal en la asignación de recursos que destino a determinada parte de mi línea de producción en vez de otra. Esta información me la da el sistema de precios del mercado, un comparativo que me ofrecen comercios similares al mío. Es lo que en el mundo de los negocios se conoce como benchmarking.

A diferencia mía, el gobierno del Estado no vende bienes ni servicios en un mercado de competencia. De hecho, el gobierno del Estado no produce nada. Sus recursos los obtiene con medios coercitivos llamados impuestos (que la gente no paga voluntariamente), endeudándose o con el dinero que le manda el gobierno federal (también impuestos directos e indirectos). No tiene de otra.

De  manera que el gobierno del Estado carece de información, de feedback, de retroalimentación que muestra la venta de bienes o servicios, y los cálculos de pérdidas y ganancias. Como los bienes y servicios que ofrece no tienen precio tampoco se puede contrastar con nada los costos que implican. Hay métodos de gestión pública para medir la calidad del servicio y si sus “inputs” son caros, pero no hay medios para contrastar si son los que la gente más ocupa. Por lo tanto desconoce qué rubros priorizar en la asignación de recursos, o cuales tienen más urgencia que otros. Esas decisiones las toma arbitrariamente. No cuenta con benchmarking.

Nadie sabe si de verdad la prioridad para la gente de Nuevo León es terminar la línea tres del metro, mejorar el drenaje pluvial o pagarle a los trabajadores de la educación que están por honorarios y que no han cobrado desde hace más de un año. Nadie puede precisar si los servicios que suministra el gobierno del Estado son los que la gente realmente más necesita.

Por eso, a falta de información, de feedback, los políticos, el gobernador, los diputados locales, argumentan que debe concluirse la línea tres del metro porque “así lo prometió el Presidente Peña Nieto”; que debe iniciarse Monterrey VI nada más "porque así se negoció con el Presidente Peña Nieto", o que hay que pedir más recursos federales quién sabe para qué rubros exactamente. Pura opinión subjetiva y arbitraria.

Por supuesto, si a los clientes de mi establecimiento comercial les doy gato por liebre, si los bienes que les vendo no colman sus expectativas, no volverán y podría irme a la quiebra. Pero el gobierno del Estado nunca sufrirá ese riesgo: no podrá irse a la quiebra aunque los bienes y servicios que brinde no colmen las expectativas mínimas de los nuevoleoneses.

Los políticos se quejan porque los ciudadanos son muy severos con ellos. No les gusta la rendición de cuentas. Pero lo cierto es que los usuario de los servicios públicos son, por lo general, muy indulgentes con el gobierno, como no lo son al adquirir cualquier bien en un comercio donde ponemos nuestra cara más exigente. Ahí y no en otra parte reside la fuente de nuestras desgracias sociales.