El 2 de octubre: 48 años
Lupita Rodríguez Martínez
A la memoria de Luis González de Alba.
Escritor y ex dirigente estudiantil del 68.
Monterrey.- Si hay un símbolo de la injusticia y de la impunidad que prevalece en México, es la matanza estudiantil la tarde noche del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México.
Masacre cometida por las fuerzas militares y policiacas, pero planeada y orquestada desde la Presidencia de la República, a cargo de Gustavo Díaz Ordaz, quien no tuvo empacho en aceptar ser el responsable intelectual de dar la orden de disparar y desaparecer estudiantes ante el riesgo de una supuesta conjura comunista contra las Olimpiadas de México 68.
Desde hace 48 años, el 2 de octubre es un recordatorio de la falta de justicia y de voluntad para que se esclarezca la verdad y se castigue a los autores materiales e intelectuales de asesinar y desaparecer a cientos de estudiantes del Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, que a través de la movilización social demandaban alto a la represión y apertura a la democracia universitaria.
Contra quienes buscan que se olviden las genuinas luchas y demandas de aquella efervescencia estudiantil y, sobre todo, que pretenden perpetuar la injusticia y la impunidad gubernamental, el mejor antídoto de la población es no olvidar y participar en las marchas pacíficas en las principales ciudades capitales del país, organizadas y convocadas por organizaciones sociales y movimientos populares surgidos en los meses siguientes al 2 de octubre.
Las marchas luctuosas conmemorativas que cada año se desarrollan por las calles son reflejo del relevo generacional, con lo cual se demuestra que los dolorosos hechos del 2 de octubre marcaron al México contemporáneo y permanecen en la memoria colectiva de la población.
Garantizar el derecho de manifestación y el libre tránsito es también otra de las conquistas más significativas en esta lucha contra la injusticia, la impunidad y la mentira, al lograr que las autoridades gubernamentales respeten el libre paso de los manifestantes y “liberen” los espacios públicos para la realización de actos o mítines cívico político.
Pero, lo más importante de todo es que se mantiene la lucha legal y jurídica para llevar a juicio a los responsables del Crimen de Estado, así calificado por los organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, toda vez que fue cometido por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Judicial de aquel entonces.
Y, más que nada, porque es evidente la incapacidad de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial de la Federación para impartir justicia, que cansados de hacer su trabajo se han ocupado en coludirse para encubrir la sangre derramada el 2 de octubre, debido a intereses políticos y a supuestos fines de proteger la imagen pública de la Nación Mexicana.
El Comité del 68, integrado por líderes sobrevivientes del movimiento estudiantil, es la organización que se ha encargado de mantener la enérgica demanda al gobierno de Peña Nieto para la reapertura del juicio contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez y la consignación de las 52 averiguaciones previas de las Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) de la Procuraduría General de la República.
Asimismo, el Comité del 68 mantiene la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que prosiga y hasta que concluya la denuncia presentada contra el Estado Mexicano por la matanza del Jueves de Corpus, ocurrida el 10 de junio de 1971, ya que los responsables de impartir justicia del gobierno federal no han dado respuesta a los requerimientos del organismo internacional.
Igualmente, el Comité del 68 mantiene firme el impulso a la iniciativa de Ley General de Desaparición Forzada, para que los Estados atiendan este grave problema recurrente en México desde los años 60, con la denominada Guerra Sucia, y que persiste a la fecha.
Representa un avance que el Senado haya reformado, en abril del 2015, el artículo 73 de la Constitución con el fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de desaparición forzada, en la lucha por señalar que el ¡2 de octubre no se olvida!
