Más pasivos federales
Carlos Manuel Sabines
Ciudad de México.- En este espacio en pasadas entregas hemos abordado con frecuencia el tema de los pasivos que gravitan sobre las finanzas públicas del país. Criticamos los niveles de endeudamiento que los gobiernos recientes han asumido con mexicana alegría y singular entusiasmo, hasta llegar al 50.4% del PIB a que actualmente llegan, entre la extranjera y la nacional.También hemos escrito sobre los planes, estructuras y reestructuras que se plantean año con año y como se quedan en reducciones fallidas, como hasta la fecha.
La semana pasada, con todo y las buenas intenciones, el gobierno federal de EPN contrató 15 mmdp de deuda pública a una tasa fija de 7.85% a 30 años, con vencimiento a 2047, cuyo destino fue el de satisfacer las necesidades de financiamiento, mediante la emisión de bonos en una subasta sindicada, como dimos a conocer la operación. ¿Y que es eso de satisfacer las necesidades de financiamiento? ¿Se trata de tapar los boquetes abiertos por el mal manejo de los recursos federales? ¿Para ello eliminaron los preceptos constitucionales de la fracción VIII del artículo 73 relativos a las condiciones bajo las que se podían asumir pasivos?
Sin embargo, hoy nos enteramos de que México emitirá un nuevo bono en dólares a 10 años registrado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos—SEC--, por un monto referencial y cuya colocación está prevista para este jueves, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El país presentó una guía inicial de rendimiento para el papel, que vence en marzo de 2027, en el área de 187.5 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro estadunidense, agregó IFR.
Los fondos que se recauden se destinarán al refinanciamiento, recompra o retiro de deuda doméstica o externa de México; para la redención total o parcial de las notas globales a 5.950% que vencen en marzo de 2019; y para propósitos generales del gobierno mexicano. ¿Y de cuanto hablamos? Quien sabe.
Los bancos encargados de la operación son Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan.La semana pasada cuestionamos y hoy lo volvemos a hacer, sobre la disminución gradual de la deuda pública mexicana. A ese ritmo ¿cuándo carambas se reducirá la deuda?
Sobre los esfuerzos diplomáticos realizados durante 20 años para que Corea del Norte se desnuclearice, no se han obtenido resultados positivos dignos de comentar, al contrario, las declaraciones de Trump van en sentido contrario a las intenciones diplomáticas.
Al efecto, el secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, declaró este jueves en la capital japonesa que los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo durante dos décadas para desnuclearizar Corea del Norte no han funcionado y abogó por una nueva estrategia.
"Creo que es importante reconocer que los esfuerzos políticos y diplomáticos de los 20 últimos años para llevar a Corea del Norte a la desnuclearización han fracasado", declaró Tillerson durante una conferencia de prensa conjunta con su par japonés, Fumio Kishida.
También dijo que Estados Unidos seguirá trabajando estrechamente con Japón y Corea del Sur para contrarrestar la amenaza norcoreana, pero también hizo una ofrenda de paz al pueblo norcoreano. Además, instó a China, país que visitará el sábado, a presionar más a su aliado norcoreano, al considerar: "que tienen un papel muy importante que desempeñar".
En nuestra entrega de ayer reseñamos que un juez federal de Hawai sentenció que la orden ejecutiva de Trump prohibiendo la inmigración de ciudadanos musulmanes de 6 países, no tendría efectos, sentencia a la que hoy se sumó otro juez, de Maryland, este día. Trump va mal y de malas.
También ayer escribimos que Osorio se había pronunciado, en una actitud oportunista, subiéndose al carro de las Fuerzas Armadas, al criticar a AMLO por las críticas que el tabasqueño hizo en EU a esas fuerzas, concretamente por sus acciones en Ayotzinapa.
Hoy reiteró sus enfoques al mencionar que AMLO debiera pedir perdón a los de verde olivo, porque no es posible que una persona que tiene 18 años buscando la presidencia, ataque a las instituciones.
¿La gente del Ejército no se equivoca? ¿O que quiso decir el hidalguense?
En nuestro terreno y con base en datos de la Federación Panamericana de Lechería, la estadística muestra que el consumo de leche por los mexicanos, asciende a 132 litros anuales por cada mexicano.
La información es coja, porque debiera ser comparable con los litros de refrescos, de cola, principalmente, y como afecta el tema a los bolsillos de los nacionales, amén de su salud.
Cambiando de asunto, el ministro de la SCJN, Javier Laynez Potisek admitió un recurso que Los Pinos presentó contra la Constitución de CdMx, donde se advierte el oportunismo de ese cuerpo dizque colegiado.
En esas manos se encuentra el ¿”máximo tribunal de justicia”? del país.
En los contrasentidos de las políticas mexicanas en materia de derechos humanos, tenemos que México critica a Trump mientras coarta los derechos humanos en casa, según un reporte de Azam Ahmed de The New York Times, en el que señala que mientras México protesta por las declaraciones agresivas de Trump en su contra, las autoridades mexicanas han comenzado, de manera sigilosa, a desmantelar protecciones legales para su población y otros esfuerzos para fortalecer el frágil Estado de derecho. Una cosa es lo que decimos y otra es lo que hacemos.
Expertos temen que eso deshaga décadas de avances en la defensa de los derechos humanos en la nación.
Los cambios se darían a través de una iniciativa legislativa, aparentemente inofensiva, presentada por un aliado de EPN apenas un día después de que Videgaray pidiera al gobierno de Trump que los connacionales en EU sean tratados con “absoluto respeto a sus derechos civiles, a sus derechos humanos y al debido proceso”.
El PRI dice que la iniciativa, que es presentada como una reforma al código penal y a los procedimientos penales, “mejorará” el nuevo sistema jurídico, un eje de la cooperación entre México y EU que terminó de entrar en vigor el año pasado gracias a la ayuda estadounidense de más de 300 millones de dólares y es considerado el principal avance procesal del siglo en México.
Aunque el nuevo sistema —que cuenta con el apoyo de EU pretende asegurar la protección y garantía de los derechos humanos en una nación donde eso raramente sucede, la propuesta para reformarlo está encaminada en la dirección opuesta. Académicos jurídicos dicen que permite al gobierno detener a sospechosos durante años antes de que empiece un juicio, que faculta a la policía a armar casos a partir de rumores y testimonios sin sustento y que permite que fiscales usen evidencia obtenida por medio de la tortura.
Según los expertos, la iniciativa, que no ha sido avalada por el congreso, también fuerza a quien es acusado a ofrecer la evidencia que lo exculpe, en vez de que se le considere inocente hasta que se compruebe lo contrario.
“No solo es una contrarreforma, sino que contiene normas que incluso contravienen el derecho a la defensa”, dijo Alejandra Ramos, jueza en el estado de Chihuahua. “La quieren pasar porque es más fácil que preparar a fiscales y policías, más fácil que limpiar el sistema y romper con el uso de la tortura como una herramienta para investigar”.
La legislación da muestra de una contradicción al corazón del México actual bajo el gobierno de EPN y del PRI: la versión que promueven al exterior se contrapone con la realidad que crea a nivel interno.
Al promover la Marca País, el gobierno ha creado una imagen de México como la de una nación en ascenso, un líder regional listo para asumir su lugar en el escenario global, competitivo en términos comerciales, económicos y culturales. Al mismo tiempo, ante la violencia creciente, la desigualdad pronunciada y la crisis de derechos humanos —Naciones Unidas ha calificado de “generalizada” la tortura por parte de las fuerzas de seguridad–, el mismo gobierno usualmente pisotea las garantías que asegura estar defendiendo.
La paradoja queda clara en las críticas del gobierno de México contra Trump, mientras el mismo gobierno busca de manera activa echar para atrás la protección de los derechos de los mexicanos.
De acuerdo con organismos internacionales que monitorean la situación de derechos humanos en México, la nueva propuesta legislativa es parte de un patrón. En el manejo de las autoridades de la corrupción que impera en los sistemas jurídico y político, de la impunidad para las fuerzas de seguridad o de las investigaciones de las decenas de miles de desapariciones, los organismos dicen que el gobierno comúnmente socava los avances que presume estar haciendo.
“México se ha esforzado en promover su imagen como un Estado que defiende o avanza en la protección de los derechos humanos internacionales”, dijo James Cavallaro, presidente de la CIDH. “Pero en casa, la situación de derechos humanos es simplemente terrible: abusos severos, tortura, ejecuciones sumarias y una impunidad virtualmente garantizada”.
Los cambios propuestos al código penal han sido tan poco publicitados que muchos legisladores, jueces y abogados defensores los desconocen.
Además de esa propuesta, el PRI y legisladores de otros partidos también promueven varias versiones de una ley que abriría la puerta a que el Ejército y otras ramas de las fuerzas armadas participen en la implementación de la seguridad interior, un papel que los militares han desempeñado sin un marco legal desde hace una década, cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico.
En este periodo se han disparado los casos de tortura y de asesinatos extrajudiciales. Según datos oficiales, las fuerzas armadas matan a más combatientes de los que hiere, una letalidad desmedida: la Marina, por ejemplo, mata a treinta personas por cada una que hiere, una proporción que según expertos indica que hay ejecuciones sumarias.
México se ha esforzado en promover su imagen como un Estado que defiende o avanza en la protección de los derechos humanos internacionales. Pero en casa, la situación de derechos humanos es simplemente terrible.
Pocos soldados son castigados si se pasan de la raya. De las 4000 quejas por tortura que ha revisado la PGR desde 2006, solo 15 han resultado en condenas, lo que ha derivado en preocupación mundial sobre la impunidad y la disposición gubernamental para lidiar con los abusos a los derechos humanos.
“Esta ley es una respuesta a la pregunta que el mismo gobierno se hizo: ‘¿Las fuerzas armadas necesitan el respaldo de una legislación para seguir haciendo lo que hacen?’”, dijo Jan Jarab, el representante en México de la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos. “Pero la pregunta correcta es: ‘¿Deberían seguir haciéndolo? ¿Ese paradigma militar ha sido exitoso?’. La respuesta, por una amplia y apabullante mayoría, es no”.
El impulso detrás de la iniciativa legislativa es un miedo profundo: que la delicada situación de seguridad en el país empeore, lo que de por sí afecta la imagen internacional de México.
El nuevo sistema jurídico, implementado con apoyo financiero y capacitación por parte de Estados Unidos, le da más protecciones a los acusados y requiere que se obtenga evidencia suficiente para detener a las personas. Pero los funcionarios critican que eso ha significado que los sospechosos quedan libres, para la frustración de fiscales, de la policía y hasta de ciudadanos.
“Como todo sistema de reciente implementación, resulta conveniente realizar ciertos ajustes para su debido funcionamiento”, según una declaración de la oficina de Peña Nieto. “Distintos operadores del nuevo sistema de justicia penal y organizaciones de la sociedad civil han manifestado la necesidad de hacer ajustes a la legislación que regula este sistema”.
El gobierno añadió que está totalmente comprometido con el respeto a los derechos humanos, que ha impulsado la implementación del nuevo sistema penal y que se ha capacitado “a todos los policías del país” para que cumplan con las nuevas normas.
Sin embargo, los críticos señalan que con las propuestas del gobierno se abandonarían los esfuerzos para entrenar a la fuerza policial y reforzar las reglas para recopilar evidencia, a cambio de una manera más expedita de lidiar con el crimen. Eso dejaría intacto uno de los problemas centrales para México: la impunidad.
“Si ves ambas leyes, queda claro que están encaminadas hacia el mismo propósito: que la policía tenga más poder y se dé una transición lenta del país hacia un Estado policial por medio de cambios legislativos”, dijo Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal.
Cabe destacar que Estados Unidos no se ha pronunciado sobre las iniciativas a pesar de lo mucho que ha invertido para replantear el sistema de justicia mexicano: han ayudado a equipar salas de tribunales en todo el país y han capacitado a jueces, fiscales, oficiales de la policía y profesores de derecho.
La aprobación de la reforma penal en 2008 fue celebrada como un momento clave para el país a lo largo del espectro político; las decisiones jurídicas ya no serían opacas y parte de un sistema inquisitivo escrito poco claro. En cambio, el país podría moverse hacia un sistema acusatorio en el que fiscales y abogados de defensa presenten su evidencia en audiencias públicas.
Pero ese nuevo sistema también ha expuesto fallas profundas en la capacidad de las fuerzas del orden de recopilar evidencia e investigar casos. Los últimos ocho años de capacitación no han sido suficientes para cambiar las prácticas en México, donde las autoridades usualmente dependen en una confesión obtenida por medio de la tortura. Y varios funcionarios públicos han condenado los mayores requisitos para recopilar evidencia.
“Lo absurdo es que no permiten que se asiente la reforma de 2008 ni han permitido que sea manejada por los jueces”, dijo Fernando Gómez Mont, abogado y exsecretario de Gobernación, sobre el impulso gubernamental a la reforma.
Pese a todas las críticas contra el Ejército, también hay un sentimiento generalizado en México de que ninguna otra institución está lista para combatir al crimen organizado. Enviar a los soldados de regreso a los cuarteles crearía un vacío de seguridad, algo que los líderes del ejército han señalado cada vez que piden protecciones legales.
EPN apoya ambas iniciativas de ley, la penal y la de seguridad interior.
En 2014, el entonces procurador general Jesús Murillo Karam pidió una serie de cambios similares al sistema jurídico. En ese momento, como ahora, el esfuerzo coincidió con momentos de tensión y de distracción a nivel nacional, pues se dio apenas dos meses después de la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Los opositores a los cambios previnieron su aprobación.
Hasta diciembre de 2016, cuando el presidente pidió a los legisladores que actualizaran el “marco legal” para las fuerzas armadas en labores de seguridad interior y que se trabajara “para corregir las deficiencias operativas” del nuevo sistema penal.
Para esos cambios, EPN recurrió a un aliado estratégico, el diputado César Camacho. Este redactó tanto la reforma penal como una de las versiones de la ley de seguridad interior.
Y está en una posición destacada para empujar la aprobación: fue una de las figuras que impulsó el sistema acusatorio de 2008. Aunque con la iniciativa actual se ha mantenido relativamente callado. Por ejemplo, en su participación durante el foro reciente “Nuevo Sistema de Justicia: ¿Qué falta para su consolidación?”, ni uno solo de los panelistas, incluido Camacho, siquiera mencionó las reformas propuestas.
Tras el foro, ante la pregunta sobre la reforma penal, Camacho sonrió y solo dijo: “Soy un postulante del sistema acusatorio y lo conozco por dentro. Lo que es necesario hacer es un ajuste para que se mantenga el respeto cabal de las garantías de las personas y darle al Estado mexicano instrumentos para que haya más eficacia”.
El diputado se ha pronunciado más sobre la ley de seguridad interior, que asegura beneficiará a los derechos humanos.
“La ley no tiene ninguna intención de militarizar al país”, dijo durante una entrevista en enero, “sino de darle certeza a los ciudadanos para que conozcamos los linderos de la actuación de las fuerzas armadas”.
Pero en vez de delimitar las operaciones militares, activistas alertan que la propuesta legislativa de Camacho extiende los poderes oficiales de las fuerzas armadas para que incluyan ciertas funciones policiales, como ejecutar órdenes de arresto, intervenir comunicaciones privadas, revisar escenas de crímenes y llevar a cabo tareas de inteligencia para las que podrían “hacer uso de cualquier método de recolección de información”.
La decisión de incorporar al ejército en el combate al narcotráfico ha sido desde el principio una admisión tácita de que la policía no puede lidiar con esa pelea; pues está asediada por la corrupción, la desorganización y la falta de capacitación, así, el Ejército quedó como la única fuerza capaz de confrontar la violencia y el poderío de los carteles.
Hemos pasado por la misma estrategia de militarizar la seguridad pública y ha sido un fracaso tremendo. No solo no ha disminuido la violencia, ahora hay evidencia de que ha empeorado la violencia en México.
Pero décadas de investigación demuestran que desplegar a las fuerzas militares ha empeorado la crisis en el país en vez de resolverla. Más allá de las violaciones a los derechos humanos, muchos argumentan que la estrategia ha sido fallida en términos de seguridad. La violencia en México de nuevo se aproxima a los niveles más altos de hace seis años.
Y nuevos estudios indican que la violencia aumenta cuando el ejército llega a una comunidad. Las tasas de homicidio han aumentado ocho% en zonas donde hay despliegue y nueve% donde está activo el Ejército, según el CIDE.
“Hemos pasado por la misma estrategia de militarizar la seguridad pública y ha sido un fracaso tremendo”, dijo Catalina Pérez-Correa, profesora del CIDE que estudia el tema. “No solo no ha disminuido la violencia, ahora hay evidencia de que ha empeorado la violencia en México”.
En México, según algunos estimados, hasta el 98 por ciento de los casos de homicidio se quedan sin resolver, por lo que la justicia siempre ha sido un blanco al que es difícil atinarle. Pero los expertos recalcan que el nuevo sistema penal es infinitamente mejor que el anterior. Aunque la ejecución sigue dependiendo de funcionarios civiles poco capacitados y que, en algunos casos, mantienen malos hábitos.
“No hemos hecho lo necesario para que el sistema funcione correctamente”, dijo el magistrado de la corte suprema José Ramón Cossío Díaz al diario local El Universal. “Creo que muchas personas están suponiendo que, porque tenemos salas de juicios orales” y “la escenografía, los juicios van a funcionar, pero esto no es una obra de teatro”.
“Una reforma de este tamaño y relevancia requiere un proceso de transición complejo, un giro cultural, incluso un cambio generacional”, dijo Pablo González, juez chihuahuense. “Pero eso no significa que debemos dejar de encaminarnos hacia esa meta, sin importar qué tan compleja sea y cuánto tiempo nos tome llegar”.
Esencialmente, dijo, el implementarlo se trata de una elección: entre controlar el crimen con arrestos arbitrarios o encontrar algo que se asemeje más a la justicia.
“No podemos hacer esa apuesta, porque hay demasiado en juego”.
En ese entorno, tanto Los Pinos como la SeGob—Osorio en los últimos días a resultas de una visita de AMLO a los EU, se la han pasado criticando con severidad al tabasqueño, por supuestas denostaciones a las Fuerzas Armadas del país, sosteniendo que alguien que quiere ser presidente de la república desde hace 18 años, no puede ni debe juzgar al Ejército, en una actitud que para nosotros no es válida porque e tanto como sostener que esas fuerzas no se equivocan, cuando son conocidos los abusos y arbitrariedades que cometen.
Reforma publicó ayer el resultado de la encuesta efectuada entre el 9 y el 13 de marzo, sobre los candidatos—3—aspirantes a la gubernatura del EdoMex. donde del Mazo queda mal parado, JVM ahí va y Delfina lidera las opiniones de mil posibles electores de esa entidad.
El cotidiano culpa la caída del tricolor al rechazo que la población le ha enfocado por los dislates del otrora partidazo, su corrupción y una serie de datos negativos en contra del primo del primo presidencial.
Y de ahí en adelante, a la panista nadie le cree y por ese sendero la ganadora a la fecha es la delfín de MORENA. A estos días, el abanderado del PRD no aparecía en escena, pero dados sus antecedentes y los de su partido, no se le pueden arrendar las ganancias.
Respecto a la reunión del Grupo 20 en Baden-Baden, Trump-EU se enfrentó por primera vez con los países del bloque europeo en forma frontal, básicamente con los jefes de finanzas del grupo de las mayores 20 economías mundiales que tuvieron que dar marcha atrás a su compromiso de rechazar el proteccionismo y mantener un sistema comercial global abierto e inclusivo; tampoco se hizo mención a la lucha contra el cambio climático, una clara derrota para el anfitrión de la cita, Alemania, que luchó por mantener los compromisos tradicionales.
A pesar de horas de negociaciones y debates y pese a los borradores sobre la redacción final del texto, el G-20 no logró encontrar la formulación correcta para poder incluir un apartado a favor del libre comercio y en contra del proteccionismo que satisficiera a todos los presentes. EU consiguió que la reunión ministerial omitiera en su declaración final el proteccionismo y además advirtió a sus socios que está dispuesto a renegociar sus compromisos dentro de la OMC.
El lenguaje histórico (del G-20 en sus comunicados) no era pertinente, y lo que es pertinente es lo que hemos acordado como grupo: incrementar la contribución del comercio a nuestras economías, comentó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en conferencia de prensa al término de la reunión, y afirmó que cree en un comercio libre y justo.
Luego lanzó una advertencia de más calado: algunas partes de la OMC no son aplicadas, y vamos a intentar con pugnacidad que se apliquen en interés de los trabajadores estadunidenses.
El gobierno de Trump ha hecho del nacionalismo económico su principal bandera. Queremos rexaminar algunos acuerdos; hemos hablado de rexaminar el TLCAN (de Estados Unidos con México y Canadá), recordó Mnuchin.
EU primero, la frase que resume el rumbo de la política del gobierno de Trump, hizo añicos la postura comercial común defendida durante años por los ministros de Finanzas del G-20 en sus encuentros anuales.
Franceses, chinos, argentinos, brasileños, mexicanos y sobre todo el anfitrión del encuentro, Alemania, se esforzaron durante dos días en encontrar un consenso sobre la defensa del libre comercio y de la cooperación internacional.
El comunicado de los ministros del G-20 tampoco menciona el gran pacto de lucha contra el cambio climático, el Acuerdo de París de 2015. El tema no me incumbe se limitó a indicar Mnuchin.
El texto final de esta reunión resume un desacuerdo entre un país y todos los demás, resumió el ministro francés Michel Sapin. Y este es el resumen de la reunión G-20 de esta fecha, en un triunfo total de la política de Trump. El proteccionismo se alzó con la victoria, sin duda.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que el crecimiento global está ganando fuerza, pero advirtió que las políticas erróneas podrían frenar el nuevo impulso.
Hace tres días escribimos en este espacio, que tendríamos que esperar al sábado 18 de marzo para conocer los discursos que se desgranarían con motivo de los 79 años de la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas del Río y los hechos no nos fallaron.
Los datos son los siguientes:
PEMEX llegó a la ¿celebración? del 79 aniversario con la menor producción de crudo desde 1990, la menor producción de gas natural en la última década, pérdidas netas en 2016 por 256 mmdp y una deuda total de 96 mmdd, de acuerdo con datos oficiales.
La empresa que durante décadas fue considerada uno de los pilares del desarrollo nacional pasó de ser la tercera compañía productora de petróleo más importante del mundo en 2004 a ser la octava en 2015 y de acuerdo con su plan de negocios actualmente sus esperanzas de crecimiento se basan en la asociación con trasnacionales privadas como la británica BP, la angloholandesa Shell y las gigantes estadunidenses Chevron y ExxonMobil que durante décadas fueron propietarias del crudo mexicano hasta el decreto expropiatorio del presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938 y que pudieron regresar al país con la reforma energética de 2013.
De acuerdo con cifras de PEMEX, en 2016 la producción de crudo fue de 2 millones 154 mil barriles diarios, la más baja desde 1990, cuando empezaron los registros de la base de datos de la compañía.
La ex paraestatal estima que este 2017 su plataforma de producción baje todavía más---a un millón 944 mil barriles diarios-- y que comience a recuperarse gradualmente a partir de 2018 gracias a las asociaciones (conocidas como farmouts) con trasnacionales privadas.
Los datos de Pemex señalan que al cierre del año pasado la producción de gas natural promedió 5 millones 792 mil pies cúbicos diarios, la menor desde 2006---que fue de 5 millones 356 mil pies cúbicos diarios--.
De acuerdo con el último reporte sobre su situación financiera enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores—CNBV--, al cuarto trimestre del año pasado PEMEX registró pérdidas netas por 296 mmdp originadas principalmente por la caída en los precios del crudo, la elevada carga tributaria aplicable a la industria y la depreciación del peso contra el dólar.
No obstante, dichas pérdidas resultaron 58.5 por ciento menores a las registradas en 2015, gracias a la eficacia en el ejercicio de los recursos en todas las áreas y a que la empresa cumplió con el plan de ajuste presupuestal de 100 mmdp anunciado en febrero del año pasado, según señaló el director corporativo de finanzas de la empresa, Juan Pablo Newman, durante la presentación del reporte.
El informe financiero señala que el monto total de la deuda de Pemex, incluyendo intereses devengados, ascendió a 96 mmdd en términos nominales, lo que representa un incremento de 10.6% respecto del monto total de la deuda del año previo, que era de 86.8 mmdd.
El plan de negocios 2017-2021 presentado en noviembre pasado señala que PEMEX busca lograr un superávit primario en 2017 mediante el ajuste que implicó el recorte por 100 mmdp, el replanteamiento de inversiones para enfocarse sólo en las más rentables y la mejora de su balance a partir de apoyos gubernamentales para reducir la deuda a proveedores y el pasivo laboral, así como la obtención de beneficios fiscales, entre otras medidas.
Sin embargo la principal estrategia en materia de exploración y producción está en el “desarrollo agresivo de farmouts, aprovechando las oportunidades otorgadas por la reforma energética”.
El primer contrato de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México se firmó el pasado 28 de febrero entre PEMEX, Chevron de EU e Inpex de Japón.
En el futuro Pemex seguirá participando en las siguientes rondas de licitación, tanto en aguas profundas y superficiales como en campos terrestres en las rondas 2.1, 2.2. y 2.3, las cuales están programadas para efectuarse en junio y julio de 2017.
Los anteriores son los datos de la ex paraestatal rendidos este fin de semana, que por ser de importancia capital reseñamos en su totalidad.
En el aspecto de los discursos, nos encontramos con el de EPN sobre los cuestionamientos y críticas a la reforma energética emprendida por el gobierno federal, recibieron respuesta de EPN, quien acusó irresponsabilidad o desconocimiento a los que reprochan la asociación del sector energético y Pemex con inversionistas extranjeros.
Una vez que evocó la expropiación de 1938, enseguida defendió la reforma energética impulsada por su administración, y fustigó a sus detractores:
“Hay quienes afirman que el sector energético y PEMEX no debieron abrirse a las alianzas y a la inversión privada. Quienes lo sostienen obran por irresponsabilidad o por desconocimiento. Por irresponsabilidad, apostándole al aplauso fácil, sin importarles que se seque nuestra producción petrolera y que con ello se vean comprometidas las finanzas y la viabilidad de esta gran empresa emblemática de los mexicanos.
O por desconocimiento, porque no se han dado cuenta de que el contexto petrolero a escala mundial ha cambiado, ahora ninguna petrolera asume todos sus proyectos de exploración por sí sola, por los graves riesgos que implica para su patrimonio. Nuestro país necesitaba socios para aplicar tecnología de punta y seguir las mejores prácticas internacionales, para compartir costos y riesgos, y para sumar esfuerzos y recursos.
Recordó que hace dos años y medio “había pocos recursos para invertir en desarrollo energético. Hoy, con la reforma, se han comprometido inversiones cercanas a los 70 mil millones de dólares. Preguntamos al inquilino de Los Pinos ¿ahora si los hay?
“La reforma energética le abre posibilidades nuevas al sector privado, pero, sobre todo, le está abriendo oportunidades de expansión y modernización a esta gran empresa, emblemática de México, a PEMEX, que ha demostrado que puede aliarse y asociarse para competir y triunfar.
EPN en ningún momento hizo alusión a la esencia de los estados financieros de la ex cereza de joya mexicana, donde aparece con diáfana claridad, la quiebra en la que PEMEX esta inmersa. De ello ni una palabra, que plantea un resultado más que negativo, como lo hemos descrito en este espacio en múltiples ocasiones.
En la vuelta a la hoja, tras señalar que la reforma energética ha propiciado el desmantelamiento de las instituciones, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano advirtió que la liberación de la distribución de gasolinas representa un negocio de más de 32 mmdd al año, que buscan aprovechar múltiples empresas extranjeras que quieren venir a México, no a bajar los precios, sino a tratar de aumentar cada vez más sus ganancias.
Resaltó que a finales de este año PEMEX será retirado de la comercialización de hidrocarburos, es decir, del petróleo crudo y el gas que se extraigan del suelo, y su lugar podrá ser ocupado por un particular.
Cárdenas consideró que esa medida es un gravísimo error y una concesión que entraña una cesión de soberanía del Estado.
Cuestionó que el gobierno federal esté llevando a cabo la destrucción consciente de la industria petrolera nacional y que su política energética esté creando problemas que entrañan gravísimos riesgos para la estabilidad económica y social del país.
Subrayó que con la contrarreforma energética, impuesta en 2013, y las manipulaciones que impidieron consultar a la sociedad sobre las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que arrebataron a la nación el dominio y la propiedad originaria de los hidrocarburos, el gobierno perdió la legitimidad para conducir en orden la articulación del nuevo modelo energético que pretende instrumentar.
Al no contar con legitimidad política y moral, se ha precipitado, sin el conocimiento, la preparación institucional y la planeación necesarias, a instrumentar un gigantesco proceso de desmantelamiento de las instituciones que el país tardó 80 años en construir.
Se pronunció por que las licitaciones se detengan, y recordó que el 1 de abril, el gobierno liberalizará la distribución de las gasolinas, desaparecerán los precios máximos administrados y cada expendedor ofrecerá combustibles al precio que considere conveniente.
Por su parte, en entrevista por separado, Porfirio Muñoz Ledo, comisionado para la reforma política de la Ciudad de México, manifestó su apoyo a la postura de Cárdenas y afirmó que es momento de movilizar al pueblo de México como lo hizo el general Lázaro Cárdenas, con un llamado a la gente a defender su patrimonio y el futuro del país.
De esta manera se ¿celebraron? los fastos del 79 aniversario de la expropiación petrolera llevada a cabo por Cárdenas del Río, de manera por demás negativa en los hechos.
