|
| 548 31 de mayo de 2010 |
ANÁLISIS A FONDO Violencia institucional Francisco Gómez Maza
Los organismos ciudadanos son harina de otro costal: de la decisión de hombres y mujeres conscientes que no quieren conformarse con la abrumadora realidad del capitalismo salvaje que no repara en nada con tal de que sus intereses sean preservados.
Se practica la tortura a detenidos, las desapariciones forzadas, los “errores” de las fuerzas de seguridad en los asesinatos de inocentes, la impunidad de los asesinos de mujeres, la de los pederastas, la de los violadores de mujeres y niños, la de los tratantes de personas y de blancas y así ad infinitum. En Chiapas, por ejemplo, la ausencia absoluta de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente los conscientes, los que luchan por defender sus tierras, por defender su derecho a decidir, por defender su derecho a tener gobiernos autónomos, por denunciar los maltratos en las cárceles, en donde están recluidos generalmente siendo inocentes y sólo porque son activistas de algún movimiento popular o campesino, o porque forman parte de un grupo étnico que no se inclina ante las políticas gubernamentales, que siempre buscan amedrentar, coaccionar a las comunidades y pueblos autóctonos, por mencionar sólo unos casos.
Éste es el espíritu del contenido del informe anual sobre los derechos humanos en Chiapas, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, fundado en 1989 por iniciativa de Samuel Ruiz García, obispo católico de esa diócesis, dado a conocer la semana pasada en San Cristóbal. El informe abarca varios temas: el ejercicio del derecho a la autonomía y la libre determinación; la criminalización de los derechos humanos; la lucha de las mujeres por la defensa de sus derechos; los rostros de la contrainsurgencia y la construcción de la justicia desde la memoria histórica.
En sus 21 años de trabajo, el Frayba ha documentado la estrategia de despojo utilizada contra los pueblos indígenas de Chiapas, que tiene como objetivo final la imposición de la política económica neoliberal, para lo cual se fomentan conflictos al interior de las comunidades. Sin embargo, a pesar de esta estrategia los pueblos indígenas se organizan, movilizan y ejercen su derecho al territorio. Durante el período que reporta el Balance del Frayba, la participación de diferentes pueblos y organizaciones en espacios estatales, regionales y nacionales ha generado mayor articulación, solidaridad e intercambio de experiencias para fortalecer los procesos de defensa de los derechos a la tierra y territorio. Además, organizaciones y personas, tanto nacionales como internacionales, han expresado su apoyo a las comunidades y organizaciones cuyos derechos han sido violados realizando acciones de difusión y denuncia en sus lugares de origen, como charlas, divulgación de información, debates, proyecciones de películas y documentales, manifestaciones, acciones de cabildeo, etc.
La violencia generada con motivo de la lucha contra el narcotráfico permitió abrir el abanico legislativo óptimo para la construcción de un gobierno represor. Esto se observa claramente en las reformas a los artículos 14, 16 y 21 constitucionales que enduren las leyes penales, y su replicación en las legislaciones y reglamentos de las entidades federativas. Los poderes ejecutivo y judicial, a través de sus órganos de procuración y administración de justicia, aprovechan estas reformas legislativas como argumentación legal para perseguir, arraigar y encarcelar a integrantes de movimientos sociales, sobre todo a quienes trabajan por la defensa y reivindicación de los derechos al territorio.
El gobierno mexicano violenta los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos criminalizando su labor, señalándolos como presuntos delincuentes subversivos, hostigándolos mediante vigilancia, o integrándolos en informes que filtran a los medios de comunicación con la finalidad de desacreditar la defensa de los derechos humanos.
Este centro ha documentado que en las denuncias presentadas por mujeres en situaciones de violencia doméstica o familiar, tanto los jueces como el ministerio público, al dictar sentencia o consignar, minimizan el daño psicológico en su valoración de los derechos violentados y no lo consideran como parte del tipo penal o de la reparación del daño. Por otra parte la autoridad procuradora de justicia a menudo omite la realización de exámenes periciales, incluso habiendo lesiones, por considerarlas menores o simplemente porque la sobreviviente de violencia, al desconocer sus derechos, no los solicitó.
Cuando el perpetrador de la violencia es un servidor público se acentúan estas omisiones. La ineficacia del sistema judicial, su inadecuada aplicación de los preceptos nacionales e internacionales y la discriminación que se ejerce contra las mujeres, demuestra violencia institucional. La violencia es tolerada de una manera sistemática por los órganos del Estado. En Chiapas la iniciativa Mérida ha agudizado el conflicto armado interno no resuelto. Si bien la estrategia contrainsurgente derivada de este “plan” se tramó desde las cúpulas de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), en este último periodo se ha consolidado como política de estado para intentar legitimar la acción de los gobiernos federal y estatal ante la desconfianza general de la población.
Distintos son los esfuerzos e intentos de los gobiernos federal y estatal por vincular a las organizaciones insurgentes, organizaciones civiles, defensores de derechos humanos, activistas y líderes sociales, con células, grupos o carteles del narcotráfico. Tal parece que la estrategia contrainsurgente comenzó a ejecutarse en los estados del Norte de México, para ir extendiendo el escenario de “normalización” de la violencia a lo largo de todo el país hasta alcanzar el “teatro de operaciones” de los estados del sur, zona donde el gobierno mexicano intenta dar una salida violenta al conflicto armado bajo el argumento del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.
Por último, trabajar sobre la memoria histórica implica recuperar las experiencias de resistencia de los pueblos, comunidades y organizaciones para contrarrestar las dinámicas de dominación y para construir una justicia verdadera que no olvida. Recordar a las víctimas y sobrevivientes constituye un principio determinante para entender el contexto social de Chiapas, escenario de un conflicto armado interno no resuelto.
http://analisisafondo.blogspot.com /analisisafondo@gmail.com Para compartir, enviar o imprimir este texto,pulse alguno de los siguientes iconos: ¿Desea dar su opinión?
|
|
Los derechos humanos seguirán siendo violentados de por vida. Son parte de la relación dia-bólica de los poderosos con los ciudadanos. Su violación representa una autoafirmación de la “autoridad”, del “poder”, de la “supremacía”, del “aquí sólo mis chicharrones truenan” y los defensores, las organizaciones no gubernamentales y las comisiones de derechos humanos también importan un comino. Éstas últimas sólo son una creación del imaginario perverso del poder para manipular y para distraer la atención de las inexistentes “masas”. 
