LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
El reparto del patrimonio público
Edilberto Cervantes Galván
onterrey.- La gran transformación que ha vivido México en los últimos 30 años no ha resultado en mejores posibilidades de crecimiento económico y menos de bienestar, la pobreza es cada vez mayor y la desigualdad es extrema, a pesar de que ese fue el propósito con el que se justificaron los cambios. La transformación ha sido importante: lo que fue el “régimen de economía mixta” es ahora un régimen neoliberal.
De una economía cerrada pasamos a una economía abierta; de una presencia importante de las empresas estatales en el sistema productivo a una virtual desaparición del sector público en la economía; de un reglamentación estricta de la entrada de capitales extranjeros a una condición de franca apertura; con un sistema bancario que pasó de manos privadas mexicanas al dominio del gobierno, después volvió a manos privadas y ahora está dominada por capitales extranjeros.
El sentido de los cambios se entiende con la frase aquella de menos estado y más mercado.
Se abandonó la generación de empleos como la meta socioeconómica básica.
La política económica se ha puesto al servicio del capital financiero; se afirma que se favorece a quien invierte en pesos y se busca proteger a toda costa sus ganancias evitando las devaluaciones, por lo que se mantiene sobrevaluado al peso y eso daña la competitividad internacional de la economía mexicana.
Se ha subordinado la problemática social a la observancia de indicadores económicos como la tasas de interés, la inflación y las reservas del Banco de México
Los cambios “estructurales” se plantearon hace un cuarto de siglo con un gran sentido de urgencia y esa misma urgencia se sigue utilizando hoy en día como argumento para presionar la toma de acuerdos en el congreso.
Con procedimientos “fast track” y con tácticas para evitar el análisis a fondo y de manera pública de las iniciativas, se legisla de manera subrepticia.
Para superar la crisis de los años ochenta se dijo que era ineludible e impostergable reducir el aparato productivo en manos del sector público. Se señaló que el gobierno era un mal administrador, que había corrupción y que dado lo limitado de los recursos públicos era necesario acabar con el derroche.
En los noventa se argumentó que los productores mexicanos eran ineficientes y que el costo de su ineficiencia lo pagábamos los consumidores mexicanos; por lo que se deberían abrir las fronteras económicas y liberar las importaciones.
Se argumentó después que el problema principal de México era que no disponía de ahorro interno y que por ello era necesario acudir al financiamiento externo. Se crearon las Afores, se concentró una enorme masa de recursos y la falta de inversión productiva nacional y extranjera sigue presente.
La reforma del IMSS, que copió la realizada en Chile por el régimen de Pinochet, eliminó la solidaridad inter-generacional al introducir las capitalizaciones individuales en reemplazo del sistema de reparto; se entregaron los fondos de los trabajadores a empresas privadas, las cuales se apropian de una parte significativa de los intereses percibidos; y se disminuyó el nivel promedio de las pensiones. Se señala también que se ha contenido el crecimiento del IMSS, disminuyendo la fiscalización y tolerando la evasión del carácter obligatorio de la afiliación. (Boltvinik, Julio, La Jornada.com , 30 12 2011)
Con igual sentido de urgencia se han estado haciendo en los últimos años ajustes al régimen de explotación de los hidrocarburos; con muy complejos esquemas que buscan superar restricciones constitucionales y que abonan por la inversión privada mexicana y extranjera. El argumento es que no se dispone de la tecnología ni para explorar en aguas profundas ni para aprovechar integralmente los yacimientos en explotación. La desatención al desarrollo de tecnología nacional en el último cuarto de siglo ha sido especialmente evidente en el caso del Instituto Mexicano del Petróleo.
Hace unos días el congreso aprobó una ley de Asociaciones Público Privadas, con la misma característica urgencia. Se trata de que los inversionistas privados participen en el financiamiento de la obra y de la infraestructura pública. El argumento es que el gobierno no tiene capacidad para invertir en esos rubros. Para algunos críticos esta ley no contempla una presencia compartida del gobierno y los privados, sino una virtual sustitución del Estado por los segundos, quienes se encargarán de realizar las obras o servicios públicos que corresponden al Estado. Pero es también otra vía para comprometer los recursos públicos a favor de inversiones privadas que no representan ningún riesgo para el inversionista. Ni siquiera se hizo un balance o revisión de las experiencias que ya se han tenido con este esquema en el Estado de México y Tamaulipas, entre otras entidades.
Ninguno de los precandidatos presidenciales externó comentario, ni a favor ni en contra de esta nueva forma de comprometer los recursos públicos.
¿Porqué se nos dice que el gobierno no tiene recursos, cuándo en los últimos diez años se han tenido ingresos extraordinarios por las ventas del petróleo?
