ANÁLISIS A FONDO
La sucia guerra sucia
Francisco Gómez Maza

¿La PGR, el voto duro para el PAN?
¿Del michoacanazo al fepadazo?

Ciudad de México.- La sucia guerra sucia en el proceso electoral que culminará el primero de julio. Pareciera que el presidente Felipe Calderón está decidido a alargar la agonía de su partido, el de Acción Nacional, en el poder, y la de los mexicanos.

A costa de lo que sea, quiere el señor de Los Pinos perpetuar la guerra sanguinaria del narcotráfico y la delincuencia organizada, que ya ha cobrado por lo menos 60 mil muertos. Pero con el PAN encabezando la guerra.

Condenable, desde cualquier punto de vista, la utilización de la llamada procuración de justicia para domeñar, avasallar, al adversario del gobierno panista.

Usar a la Procuraduría General de la República (PGR) para acusar y encarcelar a políticos de la oposición perredista y priísta, especialmente en tiempos de elecciones, puede convertirse en arma electoral institucionalizada.

Casos vergonzosos:

Michoacán, Quintana Roo, Jalisco, por lo menos. Los más escandalosos.

Tanto que en Tamaulipas, por ejemplo, muchos políticos andan con el amparo en la bolsa.

El ataque más reciente es en contra del priísmo.

La PGR confirmó recientemente que existe averiguación previa contra los ex gobernadores, Manuel Cavazos Lerma, Tomas Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. Yarrington, involucrado por la Drug Enforcement Agency (DEA), del gobierno de Obama, en complicidades con el narco y el crimen organizado, aunque la institución no especifique los delitos por lo que son investigados.

Y de los tres, uno que dejó el poder hace 12 años y otro, hace 6, y hasta ahora le abren el expediente. No meto las manos al fuego por los tres, ni no las meto, pero todo huele a mierda. Parece más una cuestión publicitaria de golpe político para afectar las elecciones del julio que vienen.

¿Y el michoacanazo?

En la tierra de Felipe Calderón, y de la frustrada Cocoa Calderón, en su guerra sucia contra el gobernador perredista Leonel Godoy, mandatario de uno de los búnkers de la izquierda, 30 funcionarios estatales y municipales fueron detenidos bajo la acusación de nexos con el narcotráfico.

“Michoacanazo”, más que acto judicial, golpe más político. Se trataba de dañar a Godoy, a quien Calderón no puede ver ni en pintura, y al Partido de la Revolución Democrática, y a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y a Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda, a quien ahora no se acusa de ser “un peligro para México”, pero se le combate con mensajes más refinados.

¿Y el caso de Gregorio “Greg” Sánchez Martínez en Quintana Roo?

Siendo candidato a gobernador de la alianza Todos por Quintana Roo (integrada por PRD, PT y Convergencia), Gregorio Sánchez Martínez, fue detenido por “tener vínculos con las organizaciones delictivas Beltrán Leyva y Los Zetas, que operaban en Quintana Roo”, como lo informó en su momento la PGR.

El empresario y presidente municipal con licencia de Cancún sufrió cárcel por delitos de delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera con el fomento de dichos ilícitos, y por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y no la PGR no le pudo probar nada.

La PGR violó también las garantías individuales del ex candidato a gobernador de Jalisco por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Zamora Jiménez, como lo consignó la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Durante la pasada campaña por la gubernatura, Zamora Jiménez fue acusado también de delincuencia organizada. Todo para eliminarlo de la gubernatura jalisciense. Y el gobierno panista lo logró.

El propio Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) sancionó al Partido de Calderón por la campaña sucia contra Arturo Zamora. Se emplearon insidias y calumnias contra el candidato priista.

Con razón están preocupados los mandos priístas. Y deberían de estar preocupados también los izquierdistas. Porque a Calderón no le tiembla la mano cuando de eliminar a sus adversarios políticos se trata.

Ayer lunes, el dirigente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, le envió una carta a la maestra Marisela Morales Ibáñez, procuradora general de la República, advirtiéndole que el gobierno calderonista no debe manipular la aplicación de la ley como un distractor de los problemas y la difícil realidad que viven millones de mexicanos: desempleo, pobreza e inseguridad”.

El siguiente paso de los guerreros de Calderón es quitar al actual titular de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (Fepade), en pleno proceso electoral para las elecciones del primero de julio venidero.

El temor estriba en que el nuevo fiscal no cumpla con los criterios de imparcialidad y legalidad que corresponden a la Fepade. Y que nuevamente, esta instancia de procuración de justicia sea utilizada en la guerra sucia.

Es inadmisible que la procuración de justicia se fortalezca como instrumento de esta política y vehículo para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno.

analisisafondo@cablevision.net.mx