Fox entregó ilegalmente el Puerto de Lázaro Cárdenas
Jaime Martínez Veloz
Tijuana.- La principal puerta de ingreso de miles de toneladas de efedrina a México, es el Puerto de Lázaro Cárdenas, que fue entregado por el Gobierno de Vicente Fox, a la empresa Oriental Hutchinson Hampoa, en contra de las leyes mexicanas. Sólo por nombrar un caso, cabe destacar que Zhenli Ye Gon logró importar de forma ilegal casi 127 toneladas de productos químicos a México ─entre diciembre de 2005 y septiembre de 2006─, a través de una empresa “fantasma”.
La firma oriental Hutchinson Ports Holding es parte del grupo Hutchison Whampoa, Limited, cuya facturación anual en 2004, superó los 24 mil millones de dólares, una tercera parte de ellos provino de su división portuaria, con presencia en 35 de los puertos más importantes del mundo. En los últimos años han mostrado un marcado interés por controlar el mercado de la carga marítima en el continente americano.
Tienen bajo su control las concesiones de los puertos San Cristóbal y Balboa del Canal de Panamá, después de que los norteamericanos entregaron el Canal; también operan el de las Bahamas y el de Buenos Aires. En México opera actualmente los cuatro puertos más importantes del país: Veracruz, Manzanillo, Ensenada y Lázaro Cárdenas.
En la licitación del Puerto Lázaro Cárdenas, principal entrada de la efedrina a México, se produjo una acción que dibuja el pantano de la vileza y la corrupción empresarial, trasnacional y gubernamental. El concurso para operar la Terminal de Contenedores de Lázaro Cárdenas lo perdió Hutchinson Port Holdings y lo ganó la Controladora y Operadora de Terminales (COTSA), de Francisco López Barredo y Arturo López Riestra, a quienes en una clara maniobra pactada desde antes del concurso, Hutchinson Port Holdings, apenas al mes de haberse adjudicado la concesión, les compró el 51 por ciento de las acciones, lo cual motivó a otra compañía concursante a demandar la nulidad de la concesión.
El 24 de octubre del 2006, la Séptima Sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad promovido por Stevedoring Services of América (SSA) a través de TMM Transportación Marítima Mexicana, en el expediente 18281/03-07-4, concedió la suspensión definitiva de la ejecución del fallo decretado el 4 de abril de 2003, mediante el cual se declara ganador del concurso a Controladora y Operadora de Terminales (COT), e impide que se asigne el contrato parcial de derechos a (HPH) para operar la Terminal especializada de contenedores.
Las autoridades de la SCT, en lugar de acatar el fallo de los tribunales mexicanos, violando el fallo del tribunal, le permitieron operar a HPH, cancelando las operaciones portuarias de la empresa demandante (SSA) en el puerto de Cozumel. Por mucho menos que eso, el gobierno federal pretendió desaforar a López Obrador.
En medio de la crisis generada por los manejos turbios en el Puerto Lázaro Cárdenas, el administrador del mismo, Salvador Paratore García, se vio obligado a renunciar entre imputaciones de realizar serias irregularidades y fabricar beneficios comerciales, contrarios a la ley y acusaciones de apoyos financieros ilegales al PAN.
Un borrador confidencial elaborado por los servicios de inteligencia canadiense, indica que empresas del dueño de Hutchinson Port Holdings ha estado involucradas en grandes donaciones para campañas electorales, como es el caso de Inglaterra, donde donaron 1.5 millones de libras esterlinas al Partido Conservador y en Canadá donde entre 1991 y 1994, la empresa Hushy Oil, donó 100 mil dólares a los Partidos Liberal y Conservador.
La parcialidad y favoritismo de las autoridades portuarias y el consorcio oriental Hutchinson Port Holdings tiene hasta hoy razones “inexplicables”, pero que algún día serán conocidas. Con ese grado de complicidad, los funcionarios de la SCT y del Gobierno del Estado, empezaron a desarrollar, en la clandestinidad, el proyecto del Mega-Puerto en Punta Colonet.
No existe registro alguno en las propuestas o planes gubernamentales federales y estatales de un proyecto de esa naturaleza y sobre la base de sentirse respaldados por el gobierno de Vicente Fox, empezaron a tejer la red de complicidades y las acciones necesarias para concretar lo que consideran será para ellos un jugoso negocio.
El 29 de marzo de 2006, en un viaje por Asia, el Gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, declaró: “hemos firmado un acuerdo para un estudio de viabilidad del proyecto de Punta Colonet, con los directivos portuarios de Hutchinson Port Holdings”. Es obvio que este tipo de declaraciones expresan no sólo la supina ignorancia acerca de las leyes de nuestros gobernantes, sino la forma en como asumen su papel en el gobierno.
El tema por esencia es de carácter federal, y aunque la opinión del Gobierno del Estado es relevante, es cuando menos cuestionable que éste se entrometa en el proceso de licitación que por ley lo deben realizar las autoridades federales del ramo.
(Extracto de un ensayo, realizado por el autor, sobre el tema de Punta Colonet, en Ensenada, Baja California.)
