Cadhac se indigna por las muertes en el Penal del Topo Chico

Más muertes en las cárceles del estado de Nuevo León

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más profunda indignación y preocupación por nuevas muertes sucedidas en el sistema penitenciario del Estado de Nuevo León. El día de ayer, fallecieron tres personas privadas de la libertad en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, en la Ciudad de Monterrey.

Según la información recibida, las tres personas  asesinadas acababan de llegar el día 20 de febrero, a la prisión. Estas personas estaban recluidas en espacios “protegidos” para su observación, esperando su ubicación; a pesar de ello, fueron asesinadas a puñaladas con objetos punzo cortantes, además de no haber recibido asistencia de las autoridades penitenciarias. Nos resulta preocupante que la autoridad pueda creer la versión que ha difundido, de que fueron 2 internos del fuero común quienes les asesinaron, sin valorar el entorno de corrupción e impunidad que impera en todos los centros penitenciarios, el cual vuelve mucho más vulnerable a toda la población penitenciaria, que bien puede estar siendo “obligada” a cometer hechos delictivos.

Las muertes en el sistema penitenciario del Estado, son una constante afrenta a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El estado de Nuevo León ha fallado en garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal, y no ha enfrentado esta situación de crisis con las medidas correctivas y preventivas que resultan urgentes.

Es importante recordar que las autoridades estatales tienen una responsabilidad legal de garantizar todos los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La resolución judicial que limita la libertad ambulatoria de los internos no elimina su dignidad humana ni limita otros derechos, por lo que el estado debe garantizarlos.

Exigimos una investigación pronta e imparcial que lleve a los responsables, incluyendo a funcionarios que tenían la responsabilidad inmediata de proteger a las personas asesinadas, así como a altos funcionarios que no están cumpliendo con las obligaciones mínimas de seguridad que marca el Sistema Penitenciario Mexicano y el Sistema Internacional de Protección a personas privadas de su libertad. Asimismo, exigimos la reparación del daño a las familias de las personas fallecidas y que el Gobierno del Estado de Nuevo León asuma sus obligaciones legales e intervenga inmediatamente en esta situación, asegurando siempre el más irrestricto respeto a los derechos humanos.