Veda electoral
Ernesto Hernández Norzagaray
Mazatlán.- El pasado 12 de febrero el IFE dio a conocer un documento donde su Consejo General establece que entre el 16 de febrero y el 29 de marzo estará vigente el llamado periodo de intercampañas, es decir, aquella etapa que técnicamente separa las precampañas de las campañas electorales. Es un periodo bastante laxo que es producto de las reformas constitucionales y reglamentarias de 2007 y estaban destinadas a reducir los tiempos de campaña de los candidatos a cargos de elección popular.
Son una serie de reformas aprobadas por el legislativo federal, que ahora paradójicamente suscitan comentarios molestos en los propios partidos políticos que estaban representados en aquella legislatura, porque a la luz del proceso electoral ven sus limitaciones. O sea que en esa lógica, parecería que se estaba mejor cuando las campañas oficialmente duraban mucho más y ahora esos mismos partidos no asimilan el frenón que representa suspender la labor proselitista durante mes y medio. Por eso y más, son pertinentes las preguntas: ¿qué podrán hacer los candidatos electos en el periodo de intercampañas electorales sin que violen la ley?; y, ¿habrá otros actores políticos que están ya cubriendo esos vacíos?
Evidentemente los candidatos no se tirarán a la hamaca para esperar que pasen esos 45 días, sino buscarán dar la vuelta a la disposición con el fin de lograr aprovechar los resquicios para sacar dividendos en su carrera por los votos, aun cuando tanto el IFE como el Trife han señalado que quienes no cumplan podrían sancionados incluso con la anulación de candidaturas. Sabemos en los hechos, que es una alerta que no se sostiene con la práctica sancionadora del IFE, pues nunca ha llegado a esos extremos porque siempre prioriza la vía de la sanción administrativa, y tendría que ser un IFE más ciudadanizado para proceder de esa manera.
Pero, veamos, sobre qué bases está construida está disposición reglamentaria, las reacciones que ha provocado y sobre todo los desafíos que entraña una elección presidencial que podría ir cerrándose en los siguientes meses.
Los fundamentos legales
Los artículos 41 constitucional y 49 del Cofipe establecen las bases para distinguir ambos momentos electorales de manera que el Consejo General del IFE determinó los siguientes momentos procesales:
- Entre el 1 y el 15 de febrero los partidos políticos deberán entregar al IFE sus plataformas electorales, mismas que serán registradas por el Consejo General (art. 222 del Cofipe). Los partidos políticos tiene la obligación de difundir el contenido de sus plataformas electorales (art. 38 del Cofipe).
- La intercampaña es un espacio diseñado por los legisladores para que se resuelvan los diferendos surgidos en los partidos políticos y coaliciones con motivo de la selección de sus candidatas y candidatos, y para que al inicio de las campañas, todos los contendientes tengan las mismas condiciones (art. 213 del Cofipe).
- Conforme a la ley, en este periodo no les está permitido a las y los precandidatos, candidatos, partidos políticos y coaliciones, el acceso a los tiempos del Estado en la radio y la televisión. Estos tiempos serán utilizados exclusivamente por las autoridades electorales (arts. 55, 57 y 58 del Cofipe).
- Durante las seis semanas que dura este periodo, la vida democrática del proceso electoral no se detiene. Sin embargo, la ley electoral impide a los partidos, a las y los precandidatos y candidatos realizar actos anticipados de campaña (arts. 341 y 344 del Cofipe).
- Los actos de campaña que no se deben realizar anticipadamente son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en los que las y los precandidatos, candidatos y partidos promuevan ante el electorado sus candidaturas. La propaganda orientada en ese mismo sentido, tampoco se debe realizar (art. 228 del Cofipe), y;
- Las y los precandidatos y candidatos deberán tener en cuenta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que se acreditan los actos anticipados de campaña cuando son realizados en un periodo determinado, por una candidata o candidato, partido o coalición y con la intención de obtener el voto (Recurso de apelación SUP-RAP-63/2011).
Las reacciones
La opinión generalizada fue de asombro, pues acostumbrada la mayoría a campañas electorales largas, el frenón resulta al menos inexplicable y algunos, si no es que todos los candidatos, los sorprendió en plena faena proselitista. Enrique Peña Nieto por ejemplo fue encontrado en Cuernavaca haciendo campaña en plena veda electoral y al ser requerido por los reporteros sobre sus actos la respuesta fue a todas luces ilegal: ¿Cuál veda? ¡Yo sigo trabajando! Y es que muchos candidatos y medios de comunicación, se preguntan qué se puede y qué no se puede hacer ya que si bien las disposiciones son generales, éstas a efectos operativos requieren de más precisión.
De ahí que el Consejo General haya emitido un comunicado donde señala que los candidatos en este periodo pueden mantener cierta actividad como conceder entrevistas, participar en tertulias, en programas de opinión y análisis político, realizar eventos privados con la militancia de sus partidos o interactuar en redes sociales siempre y cuando no haya referencia al proceso electoral. ¿Puede un candidato ser invitado a la radio o a la televisión sin que sea requerido sobre el proceso electoral? Claro que no. Su propia presencia física y su voz lo son. ¿Quién puede separar los rostros de López Obrador, Peña Nieto o Vázquez Mota de esta campaña por los votos? Sólo los que están ciegos y sordos.
Lo que seguramente estaremos viendo en las próximas semanas es que estos canales de comunicación se saturaran con la presencia no sólo de los candidatos presidenciales si no de los aspirantes al Congreso de la Unión. Entonces, tendremos una campaña de baja intensidad pero como en la guerra donde los adversarios van con todo.
En estos 45 días se pondrá a prueba la inteligencia, los recursos económicos o los compromisos con los medios de comunicación, para continuar estando en el ánimo de la gente, incluso mejorarlo.
Inclusive, actos como las recientes denuncias contra ex gobernadores del PRI, podrían escalar de manera que el espacio mediático donde técnicamente no tendrían acceso los candidatos lo ocupen las filtraciones que vienen ocurriendo desde los gobiernos panistas ‒aquí en Sinaloa, lo hemos visto con las denuncias penales del Alcalde de Mazatlán en contra de funcionarios priista del trienio pasado‒, que no está mal si es para cuidar el patrimonio de la ciudad, pero debe ser respetando las instancias judiciales sin que se aproveche para obtener ganancia política.
Ya lo alertaba Carlos Jiménez Marín, vicecoordinador de la campaña de Peña Nieto, cuando señalaba que el gobierno federal “en lugar de contestar con base de filtraciones, que conteste a través de las declaraciones de las autoridades responsables y eso evitaría todo este clima”. Y eso ratifica aquello que enseñaba Jesús Reyes Heroles cuando señalaba que en política, “no existen vacíos”. Traducido a esta coyuntura, el espacio que no tendrían los partidos lo va utilizar el partido en el gobierno, sea este federal, estatal o municipal. Sería iluso pensar en cortesías políticas, cuando está en juego la Presidencia de la República, y las encuestas todavía indican una clara preferencia por el candidato presidencial priista. Incluso éstas son un espacio de combate y nada menos que por el Presidente de la República que en reciente intervención pública ante banqueros “informó” que de acuerdo a encuestas de la Presidencia de la República, había un empate técnico de sólo 4 puntos entre el candidato del PRI y la candidata del PAN.
Desafíos
Pero, ¿qué está en juego en esta elección? Más allá de los cargos de elección popular, están en juego la credibilidad de las instituciones electorales de la República y el modelo de país para el siguiente sexenio. Si el IFE y el Trife tienen como resultado un escenario cerrado como el ocurrido en el 2006, tendrán que ser más convincentes para garantizar certeza jurídica a los contendientes y no tener que echar mano de los límites de la ley. Afortunadamente hoy como Nación contamos con más recursos para hacer valer esa certeza que no tuvimos en aquel año, que parafraseando al periodista estadounidense John Reed “estremecieron a México”.
No obstante, si el país nuevamente tiene ese desenlace, es probable que desbarranque en una crisis institucional de grandes proporciones. Y eso sería gravísimo para todos por las consecuencias que conlleva para la vida nacional.
El mejor escenario sería que en esta campaña presidencial y las destinadas a la integración de las cámaras legislativas, además de las gubernaturas y municipios, fuera discutir un proyecto de nación que levante las esperanzas de millones de mexicanos que ven con desesperación como se caen pedazos de su país en medio de la peor violencia que haya tenido desde la revolución de 1910.
Veamos de qué está hecho el IFE, Trife y los partidos, en esta intercampaña, pero mejor en todo el proceso electoral.
