EL CRISTALAZO
Derechos en conflicto y demás
Rafael Cardona

Ciudad de México.- La discusión de un  proyecto de sentencia en una sala de la Suprema Corte, alguna vez oscuro laberinto a donde mortal ninguno osaba posar su mirada, y convertido hoy en escaparate de abstrusas decisiones jurídicas con alto impacto político, y hasta diplomático, ha divido ‒dicho sea sin afán de dramatizar‒ a la sociedad mexicana.

Son muchos quienes se oponen al amparo justiciero en favor de una secuestradora cuya condición de culpable y condenada, proviene una mascarada televisiva de la policía, y ponen por encima de cualquier otra consideración, los derechos de las víctimas de la banda secuestradora astrológicamente llamada del Zodiaco.

Pero hay quienes dicen, no. La secuestradora es a su vez una víctima de los abusos policiacos y eso configura, junto con su indefensión consular y un indebido proceso, una violación grave de los derechos humanos con lo cual se exhibe la descomposición plena del sistema de justicia, por no hablar de las pantomimas sospechosas de la propaganda mediática en la lucha contra el crimen organizado.

En días pasados se dio una mesa de análisis de este tema en la cual participaron académicos y juristas. Uno de ellos, Ignacio Morales Lechuga, que además de ex procurador de  la república y el DF, es ex rector de la Escuela Libre de Derecho donde casualmente estudiaron el ministro ponente de todo este enredo, Arturo Zaldívar y Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México y principal perjudicado si el proyecto ministerial sale avante en la Suprema Corte de Justicia.

Las trompetas del ridículo derribarían las murallas de los pinos‒ Jericó.

Los diarios dieron así la información del coloquio: “Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben resolver el caso de la francesa Florence Cassez con autonomía y dejar de lado los falsos debates”.

“Así coincidieron Jorge Castañeda, Luis González Plascencia, Miguel Carbonell, Ignacio Morales Lechuga, Eduardo Gallo, Ana Laura Magaloni y Luis de la Barreda durante la conferencia: La verdad en el caso Florence Cassez”.

“Los académicos y especialistas convocados por el activista Eduardo Gallo apoyaron el proyecto del ministro Arturo Zaldívar para liberar a Cassez, quien cumple una sentencia de 60 años de prisión por el delito de secuestro”.

“Fue un desdén, fue una negligencia, una falta de cuidado, de respeto creo yo, que en beneficio de todos los mexicanos y dije bien, de todos los mexicanos no se puede permitir. Porque efectivamente, si esto se permite todos nosotros estamos en riesgo”, afirmó Carbonell.

“El catedrático universitario criticó el actuar de las autoridades judiciales que viciaron la detención y proceso de la francesa. En tanto que el ex procurador general de la república, Ignacio Morales Lechuga descartó que la probable liberación de Cassez vaya a provocar la salida de miles de personas encarceladas”.

Pero Jorge Castañeda puso el asunto en el terreno diplomático (no en balde fue secretario de Relaciones Exteriores) y dijo (CNN): “el caso Avena, que México llevó ante la Corte Internacional de Justicia, con el fin de interceder por más de 50 mexicanos condenados a muerte, y que no recibieron asistencia consular al momento de su detención”.

“México nunca alegó que los detenidos no fueran culpables”, explicó y dijo que el argumento de México fue que el aviso consular pudo haber modificado la sentencia por la manera en que se hubiera conducido el proceso legal (mismo argumento del ministro ponente).

“Señaló que si bien el gobierno mexicano puede denunciar la Convención de Viena, esto implicaría desproteger a por lo menos 11 millones de mexicanos que viven en el extranjero”.

Y ese asunto de los once millones de mexicanos desprotegidos en los Estados Unidos, por no hablar de quienes están en otras partes del xenófobo mundo contemporáneo, ya halló eco hasta en el influyente senador Manlio Fabio Beltrones.

Manlio Fabio Beltrones, líder de los senadores del PRI, afirmó (Notimex) que tiene “11 millones de razones” por las que está a favor del proyecto del ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, sobre el caso de la ciudadana francesa, Florence Cassez.

“Esas razones son los mexicanos que viven fuera del país, muchos de ellos sentenciados en los Estados Unidos sin el debido proceso y sin asistencia consular”.

“En el caso de que en nuestro país no se respete la asistencia consular ni el debido proceso, no tendríamos la voz completa para defenderlos donde se encuentran, no podría estar pidiendo que esto se respete para nuestros connacionales fuera de México si aquí no pidiera que se respete también para los extranjeros”.

Pero ya hay quienes han hallado en ejemplos extranjeros, a nosotros a quienes tanto nos mueven las actitudes foráneas, y muestran el caso conocido como Gäfgen vs Alemania, en el cual se dejó muy claro: una violación a los derechos del detenido antes del juicio, no implica la inexistencia de un debido proceso.

Al menos eso dijo por once votos contra seis, la Corte Europea de Derechos Humanos. Los tratos inhumanos o la tortura no impiden el derecho a un juicio justo. DW, actualidades políticas de Alemania, lo narra de este modo: “Un veredicto revuelve los sentimientos de una nación”.

“Magnus Gäfgen ‒en la cárcel por secuestro, asesinato y extorsión‒ será compensado con 3 mil euros porque durante su interrogatorio fue amenazado por la policía.

“¿Un triunfo de la protección de los derechos humanos? ¿Un absurdo del Estado de derecho? ¿Una burla a la familia de la víctima?”

Los hechos
“El 27 de septiembre de 2002, Magnus Gäfgen secuestró al hijo de un banquero, Jakob, de once años, y lo asesinó. Poco después, exigió de sus padres un millón de euros como rescate.

“El 29 de septiembre es entregado el dinero; el 30 de septiembre, Gäfgen se compra un ticket de avión y no da señales de contactar con el niño, a quien todavía creían vivo. La policía decide aprehenderlo. Gäfgen confiesa el secuestro, pero no revela el paradero de Jakob.

“El 1 de octubre, Wolfgang Daschner, comisario de lo criminal, ordena coacción en el interrogatorio. El oficial encargado amenaza al acusado con “dolores inimaginables” si no confesaba el paradero del niño”.

“Gäfgen condujo a las autoridades hasta el lago donde había dejado el cuerpo debajo de un muelle. El caso de Jakob sumió a Alemania en un controvertido debate en torno a la coacción en situaciones extremas”.

El debate
“Magnus Gäfgen, en ese entonces, era estudiante de leyes; un año después fue condenado a cadena perpetua. No obstante, su defensa acusó a la policía de haber usado medios no permitidos para conseguir la información. En Alemania –suscriptora de la Convención Antitortura de Naciones Unidas‒ la tortura es ilegal; también lo es la amenaza con tortura.

“Dachner y su subalterno fueron amonestados y multados; de todos modos, el abogado defensor de Gäfgen llevó el caso al Tribunal Federal, al Constitucional y finalmente a la Corte Europea de Derechos Humanos, exigiendo una indemnización por tortura. Y el tribunal europeo le dio la razón: el argumento de la utilización de la tortura como medio para salvar a alguien es inconstitucional, pues “el honor de una persona es intocable”.

Los derechos del asesino
“Que me hayan amenazado y empujado me traumatizó'”, declara Gäfgen, ahora de 36 años, a la salida de la audiencia en donde el tribunal de Hesse, basándose en el veredicto de la Corte Europea, le reconoce el derecho a una compensación de 3 mil euros. “Este veredicto es una señal clara a favor de los derechos humanos”, declaró el abogado defensor.

“Como fuere, el diario Müncher Merkür se hace eco del otro lado de la moneda: ‘muchos ciudadanos se ven heridos en su percepción de la ley, es muy difícil de aguantar que una persona reclame incansable y exitosamente sus derechos, cuando ella misma robó a un muchachito el derecho a la vida’”.

“Aunque el caso es emocionalmente controvertido, ‘decisiones como ésta son el precio que debemos pagar si queremos vivir en un Estado de derecho’”, explicó a la agencia DPA, Ulfrid Neumann, catedrático de Filosofía del Derecho.

“El Estado de derecho vive de imponerse prohibiciones categóricas, que no pueden ser suspendidas en situaciones extremas ─añade─, “por brutal que haya sido el autor del delito”.

Con base en historias de este tipo quienes sostienen el desvanecimiento de la condena por los errores en el procedimiento (errores deliberados, abusivos y violatorios de los derechos de la detenida) quedan mal parados. Torturado pero satisfecho por la multa en su favor, Gâfgen purga prisión por el tiempo natural de su vida.

Maestros
El Sindicato de Maestros al Servicio del estado de México (Smsem), firmó con el gobierno del Estado de México, El Convenio de Sueldo y Prestaciones 2012, logrando el incremento directo al salario del 6.5 por ciento para los más de 92 mil docentes mexiquenses.
Adicionalmente mejoras en las prestaciones y colaterales un 4.5  por ciento que da un aumento total global del 11 por ciento.

Este incremento coloca al Smsem, como la organización que ha conseguido el mayor aumento, considerando el 3.8 por ciento conseguido por la Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Oaxaca, ente otros.

Aumento directo al salario
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos Croc, 4.2 por ciento; Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana, 4.4 por ciento; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Issste, 4.5 por ciento; Instituto Mexicano del Seguro Social, 3.9 por ciento; Instituto del Fondo Nacional de la  Vivienda para los Trabajadores, 3.8 por ciento. De los más altos se encuentran el del Sindicato de Pemex, 4.7 por ciento; Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, 4.7 por ciento, y el
Sindicato Independiente de Trabajadores de la industria Automotriz de la Volkswagen, 6.0 por ciento.