ANÁLISIS A FONDO
A quién le importan los periodistas
Francisco Gómez Maza
Los asesinatos, en total impunidad
Entre 2001 y 2012: 93 ejecutados
Ciudad de México.- La violencia se recrudeció durante los gobiernos panistas: en 5 años y medio que lleva de gobernar Felipe Calderón han sido ejecutados 67 periodistas y 12 continúan desaparecidos (esperemos que no sean cadáveres).
El Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión (Frenap) tiene 3 años de vida. Ha enviado cartas a la Procuraduría General de la República y al jefe del ejecutivo para que se detengan los asesinatos y se castigue a los homicidas. Pero… pero la mayoría de ellos continúa sin ser investigados.
Todo el mundo, en la clase política, anda en medio del estercolero de la guerra sucia. Todos contra todos, destapando sus cloacas. Las meras broncas de esta enferma sociedad mexicana han quedado en los archivos del olvido. Y la matanza de periodistas, tan olvidada como los 60 mil muertos que ha costado la guerra entre el señor Calderón y las pandillas del narco y el crimen organizado…
En medio de esta locura electoral, varias organizaciones gremiales convocaron a una movilización nacional en defensa de la libertad de expresión que tuvo su punto central en la explanada del monumento a Francisco Zarco, icono de la defensa de los derechos de los periodistas. Al acto, celebrado a las 11:00 horas, asistieron dirigentes del Frenap, que aglutina a varias sindicatos, así como un reducido grupo de periodistas.
La ocasión –el vigésimo octavo aniversario del asesinato del periodista Manuel Buendía– fue propicia para la movilización, que en ciudad de México fue raquítica.
Pero lo importante es que, en ese acto testimonial, la Casa de los Derechos de Periodistas dio a conocer una enésima carta dirigida a Marisela Morales Ibáñez, procuradora general de la república, y a la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, en la cual se les exige que investiguen los crímenes de periodistas y trabajadores de medios de comunicación y se castigue a los culpables.
La carta a la procuradora tiene el sello de recibido de la oficialía de partes de la PGR, con fecha 29 de mayo del presente año. Habrá que esperar la respuesta.
Mediante el documento, la Casa de los Derechos de Periodistas y el Frenap enfatizan que, de los nueve asesinatos cometidos en lo que va del año, cinco se perpetraron en Veracruz, entidad que requiere de atención urgente de las autoridades para frenar la violencia y restituir el clima que permita vivir en paz y ejercer el periodismo en libertad.
Pero la violencia no sólo afecta a Veracruz. La situación es grave en Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca, por mencionar algunos estados.
Mientras tanto, la ley de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas, aprobada por el Congreso el pasado 30 de abril, duerme el sueño de los justos. El presidente Calderón muy bien pudo haberla promulgado sin hacer caso de los tiempos legales que le benefician. Pero hasta el momento no parece haber voluntad política en el mandatario para tomar en serio las agresiones, asesinatos, desapariciones de periodistas.
Podría argumentarse que legalmente el presidente tiene un periodo de 10 días hábiles, después de recibir el dictamen del poder legislativo para publicarla, o hacerle comentarios y retornarla al legislativo y éste tenga conocimiento de las opiniones del ejecutivo. Así que, legalmente, el presidente aún está en tiempo para que la ley sea promulgada. Y si el ejecutivo no lo hace, el legislativo tiene facultad para promulgarla.
Otro tanto ocurre con la federalización de los delitos contra periodistas, perpetrados en toda la federación. Las reformas constitucionales ya pueden ser puestas en vigencia, pues fueron ya aprobadas por 22 congresos estatales de los 32. Pero igual. Todo indica que ni en el legislativo ni en el ejecutivo hay el más mínimo interés en la protección a los periodistas, ni en el castigo a los agresores y a los asesinos.
A desfondo
La guerra es la guerra, y los candidatos a la presidencia se están pegando con todo. Particularmente el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, con eso de que las casas encuestadores lo treparon ya al segundo lugar y a buena distancia de Peña Nieto, es blanco de la tirria de sus adversarios. Los ataques son más intensos, luego de que el diario capitalino, El Universal, dio a conocer el video grabado en una reunión de un grupo de sus asesores con unos empresarios, en la cual les piden a estos una coperacha de 6 millones de dólares para ganar la presidencia, a cambio de tratamiento especial una vez ganada la presidencia de la república. El asunto es bochornoso y delicado. No es suficiente el deslinde de Andrés Manuel, sino una explicación a fondo. El órgano jurisdiccional –el IFE– está obligado, a través de su unidad de fiscalización, a realizar una exhaustiva e imparcial investigación. Curiosamente, en la reunión con los empresarios estuvieron presentes un primo del ex aspirante presidencial panista, Santiago Creel Miranda (el empresario Luis Creel), así como el abogado Luis del Valle Gurría, vinculado con la red financiera de Raúl Salinas de Gortari.
Ante este asunto, los ataques propinados a López Obrador por la panista Josefina Vázquez Mota, devienen en juego de niñas.
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