ANÁLISIS A FONDO
Incertidumbre mexica
Francisco Gómez Maza
López Obrador, seguro de la compra de votos
El futuro del país, en manos del Tribunal Electoral
“Afiliarse al bando del ganador o del perdedor es una cuestión de simpatía o antipatía -o de fe-, no de legalidad.”
René Delgado
Ciudad de México.- Los mexicanos nunca acaban de salir de la incertidumbre. El escándalo de la presunta millonaria compra de votos por parte del PRI para “comprar” la presidencia de la república los mantiene en vilo. Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores están convencidos de que no sólo hubo fraude en las urnas, sino que el partido de Peña Nieto se financió con millonarios recursos ilícitos, lavados en el sistema financiero. Los monederos de Monex…
Pero hay una diferencia. En la actual coyuntura, sin embargo, el candidato del Movimiento Progresista está moviéndose dentro de la ley, contra la molestia de los priístas. Ni marchas ni plantones. Y ha dado su confianza a las instituciones electorales, especialmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Y esto significa que aceptará el juicio de los magistrados.
Si el Tribunal sentencia que las pruebas presentadas por el candidato de la izquierda para invalidar la elección presidencial, no son contundentes, el candidato ganador el primero de Julio, Enrique Peña Nieto, jurará como presidente de la república el primero de diciembre.
Si es impedido para prestar juramento ante pleno del Congreso de la Unión, como ocurrió en 2006 con Felipe Calderón, en esta ocasión podrá hacerlo ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a la más reciente reforma constitucional del pasado 18 de julio.
En contrapartida, si los siete magistrados del Tribunal concluyen que los alegatos y pruebas de fraude electoral, compras millonarias de votos por parte del PRI, presentados a la autoridad judicial por la izquierda de López Obrador son suficientes para invalidar la elección presidencial del primero de julio, los magistrados la declararán inválida.
López Obrador anunció la semana pasada que presentaría ante el Tribunal una relación de 4 mil 891 personas que en Tabasco recibieron tarjetas Monex a cambio de su voto de parte del PRI; urgió a los máximos jueces electorales a declarar la invalidez de los comicios presidenciales y pidió nombrar un presidente interino.
Qué pasaría en ambos escenarios. ¿Aceptará López Obrador la resolución del TEPJF aunque no le favorezca?
No hay que olvidar que los siete magistrados del Tribunal se mueven por juicios y actitudes conservadoras. Casi nunca han dado una sentencia verdaderamente democrática, aunque López Obrador está seguro de que en esta ocasión habrá presidente interino.
Pero con esta decisión los mexicanos se podrían ahogar en una inundación de más incertidumbre. El poderoso artefacto explosivo quedaría en manos del nuevo Congreso de la Unión –la 62 Legislatura-, a inaugurarse el primero de septiembre.
En el caso de sentencia de invalidez, de acuerdo con la más reciente reforma constitucional, dada a conocer el pasado 18 de julio, el Congreso de la Unión tendría que designar un presidente interino. Y éste sería el presidente del Senado.
El artículo 84 establece que el Congreso tiene un término de 60 días (no precisa a partir de cuándo) para nombrar al presidente interino o sustituto (¿es interino o sustituto?). En tanto, la titularidad del Ejecutivo la asumirá provisionalmente el secretario de Gobernación, hasta ahora el panista Alejandro Poiré. Y el Congreso convocaría a elecciones. Dicha jornada electoral deberá desarrollarse en un plazo de 7 a 9 meses.
La ley fundamental sigue siendo oscura, equívoca. No aporta más que elementos para la interpretación al arbitrio de los intereses de los grupos dominantes.
También se reformó el artículo 87 para que el presidente de la República pueda rendir protesta no sólo ante el Congreso de la Unión, sino también ante las mesas directivas, la Comisión Permanente o el pleno de la Suprema Corte de Justicia, en caso de que sea impedido de hacerlo como ocurrió con la toma de protesta de Felipe Calderón, el primero de diciembre de 2006, cuando la izquierda se posesionó de la Cámara y el nuevo presidente tuvo que ingresar por la puerta posterior del salón de sesiones.
En el supuesto de que el Congreso tuviera que nombrar a un interino, lo podría hacer en la persona del priísta Emilio Gamboa Patrón, quien se perfila para presidente de la Mesa Directiva del Senado, aunque este escenario no deja de ser, por el momento, especulación pura de observadores y analistas. En círculos académicos, políticos y periodísticos se menciona también como un perfil muy adecuado para dirigir el Senado a la actual secretaria general del PRI, María Cristina Díaz Salazar, que ha desempeñado un rol importante al interior del CEN tricolor y fue un puntal para ganar el voto femenino a favor de Peña Nieto durante la pasada campaña electoral.
El escenario en que el Tribunal declarara presidente electo a Peña Nieto es el que aparece como el más viable. Las pruebas que ha presentado el candidato perdedor tendrían que ser absolutamente contundentes para que los magistrados sentenciaran invalidez de la elección. Peña Nieto y la cúpula de su partido están seguros de que llegarán a Los Pinos. Aunque los sectores opositores no se lo creen, ellos aseguran que no compraron votos, ni recibieron financiamientos ilícitos. Y menos del crimen organizado.
De ser así, como las tendencias de análisis y opinión lo indican, Peña Nieto tiene el camino despejado para tomar posesión como nuevo jefe del poder ejecutivo, y ahora con la ventaja que no tuvo Calderón.
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