Deuda Estatal Garantizada
Carlos Manuel Sabines
Ciudad de México.- En más del pasivo subnacional, el PRI propone su fórmula para aliviar, así dice, las deudas de estados y municipios, consistente en que el gobierno federal sea garante de los créditos comprometidos a cambio de que los poderes locales cumplan con requisitos de responsabilidad financiera.
Esta proposición considera la creación de un mecanismo denominado Deuda Estatal Garantizada (DEG), al que sólo tendrán acceso los gobiernos locales que cuenten con ciertos requisitos, como finanzas sanas y capacidad de pago. Esto es de Perogrullo.
El DEG contará con la garantía del gobierno federal sujeto a la suscripción de un convenio entre el estado y Hacienda, y su acceso será gradual y dependerá del cumplimiento permanente del citado documento.
Dicen los promoventes y la autoridad, que el proyecto no pretende rescatar a los gobiernos locales que se encuentran en problemas, pero tampoco castigarlos. Entonces, ¿para qué es? Las obligaciones de pago siguen siendo de las entidades y no constituye una dádiva o una penalización, sino que busca fomentar la solidez financiera en beneficio de México.
El plan incluye reformas a 4 leyes secundarias y la creación de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, para moderar el endeudamiento y reducir el costo del financiamiento. No se requerirá autorización del senado, ni de la fiscalización de la Cámara de Diputados, ¿al margen de la deuda pública y de la Auditoría Superior de la Federación?
Las limitantes serán: no exceder el 75 por ciento de sus ingresos disponibles y Hacienda no podrá convertirse en garante por pasivos superiores al 3 por ciento del PIB. ¿Del país o de la entidad deudora? Hay contradicción entre qué será garante y qué no será garante, sobre todo si se considera que la garantía son las participaciones federales. Indudablemente tal proyecto requiere cirugía mayor en la redacción del documento.
La garantía serán las participaciones que en impuestos federales les correspondan a las entidades. Así que chiste, cualquier institución, banco o lo que sea, de cualquier parte del mundo, con esa garantía, suelta pasivos o renegociaciones sin problema alguno. ¿Dónde está la novedad de los tricolores?
Por más que le den vuelta al asunto, los priístas no saben como disfrazar el rescate, que no es rescate, que ayudará a las entidades y municipios a liberarse de la presión de los acreedores; a estar en posición de adquirir nuevos empréstitos para llevar a cabo obra pública que en las condiciones actuales está deprimida.
Luego se enumeran algunas condiciones entre las que destacan: prohibición expresa para no destinar recursos a gasto corriente; incluyendo servicios personales, materiales y suministros; servicios generales, así como transferencias y asignaciones.
Todo ¿muy bien? pero, con respecto al endeudamiento de la federación, ¿qué?, ¿hacemos caso omiso de la problemática federal?
Por lo que hace a la evasión de impuestos que los mexicanos llevamos a cabo, el cálculo que se tenía era de 750/800 mil millones de pesos, pero un estudio del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, revela que en la última década, la cifra asciende a 1 billón 266 mil 657 millones de pesos. Esa cantidad tiene el componente de que la evasión se realiza mayormente por operaciones en efectivo, las que aumentaron en el mismo periodo de manera significativa. Aducen los investigadores que mediante el uso de efectivo es difícil identificar su origen.
Pide Osorio Chong esperar los reportes finales de los expertos para saber qué tipo de gas provocó el estallido en Pemex y que no hubo explosivos, lo que se diga es especulación, señaló. Entonces, ¿cómo sostiene su comentario?
Con respecto al IFAI, todos hablan, hasta los que no deberían, menos la involucrada directamente Sigrid Arzt. ¿Por qué el silencio?, ¿no tiene nada que decir?
Respecto a la informalidad, El Economista hace un recuento del tema y aporta los siguientes datos en su edición de hoy, con base en Inegi: en condición de informalidad, hay 28.9 millones de mexicanos; 6 de cada 10 empleos se encuentran en esa situación; 58.9 por ciento de la población mayor de 14 años realizó una actividad económica o buscó trabajo durante octubre/diciembre de 2012; 50.8 por ciento de quienes trabajan se concentran en los núcleos más grandes del país; la crisis elevó el piso de desempleo a 4.91 por ciento; la informalidad crónica es de 60 por ciento de la PEA y en el listado de las entidades, Chiapas, sólo generó 6.4 por ciento de la demanda de empleo y Querétaro el 82.8 por ciento.
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