Zúñiga: elbazo hidalguense
Pablo Vargas González
Pachuca.- Con la abrupta detención de Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se reabrió la cultura de la simulación en el combate a la corrupción, en la que predominan los efectos mediáticos y el castigo con sabor a venganza pero, sobre todo, se fortalece la posición presidencialista en que se pone como ejemplo un escarmiento para los opositores más que un acto de verdadera justicia. Esto parece ocurrir con la detención del profesor José Manuel Zúñiga Guerrero.
Zúñiga Guerrero, fue detenido en un autentico “sabadazo” en plena semana santa, el 26 de marzo pasado cuando estaba en su domicilio, por presunto delito de peculado. Fue alcalde de extracción perredista, en la administración municipal de Ixmiquilpan, en el periodo 2006-2009. Llegó en una ola de insurgencia municipal relacionada con el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador y, desde luego, por el hartazgo ciudadano en un municipio de gran movilización indígena, pero también por la trayectoria de lucha gremial y política del ahora detenido.
La detención de Zúñiga, de carácter extemporánea, con años de retraso a pesar de la nueva Ley Orgánica de la Auditoría Superior de Hidalgo, en que se pretendía auditar con mayor rapidez a los alcaldes, tiene el sabor de estar contaminada por la política, e incluso se sospecha que estuvo “guardada” en algún escritorio precisamente para hacerla valer, no con un afán de aplicación de la justicia sino para dar un “escarmiento” ejemplar.
Como se ha dado a conocer en la prensa, Zúñiga tuvo que sortear diversos procedimientos de la Auditoria Superior del Estado (ASEH), requerimientos administrativos y fiscales, incluyendo el embargo de un terreno particular. El vía crucis del ex alcalde empezó desde que terminó su periodo en 2009, una serie de exigencias con tintes de persecución política fueron acrecentándose a pesar de que libraba una y otra exigencia.
Este tinte de persecución política se acompaña con un desafortunado e irregular proceso jurídico, lo cual viola el derecho del debido proceso establecido por la Constitución. De 460 millones dedicados a obra pública que tuvo su periodo, inicialmente le fueron observados 21 millones con supuestas irregularidades. Posteriormente, cuando se hizo la entrega recepción de su encargo, la ASEH sólo precisó que faltaba comprobar 411 mil 829 pesos, mismos que se redujeron a 131 mil pesos después de un peritaje a finales de 2012. Nada valió.
Entre los alcaldes sancionados en el mismo periodo se encuentran siete más: dos del PRD (Chilcuautla y Lolotla), cuatro del PAN (Pisaflores, Santiago Tulantepec, Tepeji del Rio, Huejutla, cuyo alcalde Alfredo San Román, no sólo fue perdonado sino que nuevamente se reeligió por otro partido) y sólo uno del PRI, del serrano e incomunicado municipio Tlahuiltepa. Curiosamente, las denuncias sobre alcaldes de grandes ciudades fueron exoneradas.
En pleno proceso electoral se aplica una sanción a posibles opositores. De todos es sabido que Zúñiga Guerrero ha sido un político poco convencional y más ligado a los movimientos sociales. Desde temprano ha sido miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un frente abiertamente opositor al cacicazgo que han enfrentado los trabajadores de la educación por décadas. Y miembro activo de bloques de izquierda dentro de su partido. También gobernó para los necesitados y pobres de Ixmiquilpan. No es extraño que los jerarcas del PRD brillen por su ausencia. Líderes, diputados y el senador se exhiben por su prolijo abandono, pues Zúñiga es miembro actual del Movimiento de Regeneración Nacional.
En las redes sociales ya se dio un veredicto. Cientos de internautas y comentaristas de notas periodísticas, han declarado inocente al profesor Zúñiga, y observan esta decisión como un castigo y venganza con olor a “elbazo”. Los ciudadanos de Ixmiquilpan recuerdan el gobierno al lado de las comunidades indígenas. Y desde diferentes municipios dan nombres de los deshonestos y se preguntan ¿hasta cuándo los peces gordos de Hidalgo?
Desde la sociedad civil estamos de acuerdo en la transparencia y rendición de cuentas, en todos los niveles del poder. Pero es claro que en el caso de Zúñiga hay una criminalización de la protesta contra luchadores sociales, y han sido evidentes las irregularidades en su detención, por lo que es preciso reparar el debido proceso y dejarlo en libertad.
