Sin ley, quienes la aplican
Lilia Arellano
Cancún.- Enrique Peña Nieto informó que en dos o tres meses habrá de presentar la reforma de Petróleos Mexicanos, y ya surgieron un sinnúmero de voces que se manifiestan en contra.
Prevén que se trata de una privatización y no de la modernización que se requiere, menos aún se visualiza que se busque sanear su administración. Lo que puede verse muy claramente, y que incluye la actuación dentro de la lógica, es que antes siquiera de hacer modificaciones hay que limpiar la casa.
Cualquier ser humano en condiciones económicas críticas como las que en el presente enfrenta el país, antes de vender, rematar, poner en oferta, sacar al mercado o publicitar hasta un traspaso, barre, asea, busca una presentación que le permita recibir las mejores ofertas o que se acepten sus peticiones.
En el caso de Pemex nada se ha hecho, y por lo tanto, ya puede asegurarse que cualquier movimiento sólo acarreará no sólo que se pierda el patrimonio, sino que se afecte severamente el renglón presupuestario ante la ausencia de impuestos del orden de los que actualmente liquida la paraestatal, y que son pilar de la economía.
Pero no sólo en este terreno se comienza con el pie izquierdo, ya que el titular del Ejecutivo Federal ha declarado que todavía no tiene bien delineada como será esta reforma, pero que aún así “será trascendental”; aunque es importante señalar que esta importancia refiere que “los cambios constitucionales son necesarios para darle certeza a los inversionistas privados.” O sea que los auténticos dueños del petróleo, los mexicanos, ya podemos seguir en el último lugar.
Por todas estas indefiniciones es que los perredistas advierten la necesidad de que el mexiquense ponga sobre la mesa su propuesta de reforma energética en un corto plazo, y es el propio Jesús Zambrano quien advierte que su partido apoyará la modernización, pero no cualquier intento de privatización.
Sólo que ya puede esperarse que tal no sucederá al quedar claramente expuesta la referencia “darle certeza a los inversionistas privados”, así que nadie puede llamarse sorprendido cuando los renglones que modificarán el artículo 27 Constitucional aparezcan y se hagan públicos en las sesiones del Congreso.
El ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, señaló en su cuenta de Twitter: “grave error estratégico para México la privatización de Pemex que Peña Nieto ofrece a USA y Reino Unido; el PRD debe oponerse enérgicamente”. Agregó que es obligación de diputados y senadores impedir ese cambio y que para esta reforma Constitucional se requieren 2 terceras partes del Congreso.
Primero la limpia
Para poder empezar a tener confianza en este tipo de cambios, es menester realizar acciones que dejen muy claramente expuesto que no hay ningún intento de seguirse apropiando de los bienes nacionales, ni de recibir a cambio de entregas de esta naturaleza, fuertes sumas económicas que se depositan en cuentas bancarias familiares en el extranjero, producto del más abyecto coyotaje.
Así, bien se podría empezar por explicar cómo es posible que estando en crisis, la paraestatal continúe entregando a Carlos Romero Deschamps un promedio diario de 830 mil pesos bajo el concepto: “ayudas al Comité Ejecutivo General”.
De esta forma, en un solo año, sin contar las cuotas que deben serles reintegradas a los líderes sindicales y que les descuentan a los trabajadores, Pemex firmó cheques por 302 millones 950 mil pesos, lo cual explica el derroche y la gran fortuna que ostentan, tanto el dirigente como su familia.
Como es sabido, los petroleros no cuentan con ningún espacio propio para desarrollar deporte o tienen instalaciones culturales o por lo menos una aceptable biblioteca; sin embargo, por esos rubros, cultura y deporte, la paraestatal les destinó más de 121 millones.
Sólo para sus gastos de viaje les dieron el año pasado casi 31 millones, y así sigue y sigue el despilfarro al cual habremos de sumar los prestamos que nunca se liquidan, como el que recibieran en el 2011 por 500 millones de pesos pagaderos en 10 años y sin intereses.
Se les concedió el empréstito con diversas irregularidades, ya que en tanto se marca que debe liquidarse en 5 años, se refiere que el último pago será en el 2020 con una mensualidad de 8 millones 333 mil 333 pesos. Lo anterior se enmarca en una transferencia bancaria realizada un mes antes de la firma del convenio.
La protección gubernamental hacia este personaje no ha tenido límite, ya que la PGR cuenta desde principios del siglo con más de 50 denuncias, que van desde la falta de pago de utilidades a los trabajadores, hasta imposición de acuerdos, injerencia de la empresa en el Sindicato, y un asunto que sigue abierto: el Pemexgate, la entrega de mil 100 millones de pesos para la campaña de Francisco Labastida Ochoa, cantidad que se multiplicó en tres tantos en las siguientes jornadas en busca de la presidencia.
Ni que decir sobre las actuaciones en el seno del STPRM, organización que ha roto récord en denuncias laborales y penales de trabajadores activos y jubilados en contra de un líder sindical. Trabajadores de 20 secciones denunciaron la invalidez de la “toma de nota” que permite que Romero Deschamps permanezca al frente de esa organización hasta el 2018.
Es también este sindicato el que tiene el mayor número de opositores aglutinados en diversas organizaciones, terreno propiciado por el propio Romero Deschamps para evitar que se registre una sola con un número importante de agremiados, y que pueda tener efecto sobre los que considera “los leales”.
Están así los de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros; el Centro de Acción y Reflexión Laboral; la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros (la cual exige un reembolso por casi 900 millones de pesos de un seguro de vida para trabajadores contratados a partir de 1971 y que no les ha sido devuelto), y la Unión Nacional para el Desarrollo Social de Trabajadores de la Industria Petrolera (que calcula en más de 60 mil millones el desvío de fondos y la pérdida del patrimonio sindical por más de 2 billones de pesos, entre propiedades y cuentas que dejó Joaquín Hernández Galicia, y cuyo destino es totalmente desconocido).
Aparecen también la Gran Alianza Nacional Petrolera, el Frente Nacional Petrolero, Petroleros Independientes y el Movimiento Obrerista Petrolero de Evolución Democrática. Durante los últimos 10 años, han sido presentadas 32 mil demandas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por el despido injustificado de trabajadores, en su gran mayoría disidentes.
En todos los casos se revela la prepotencia, autoritarismo y las imposiciones de que son víctima las votaciones para elegir la dirigencia. De nada han servido marchas y plantones en contra de Romero Deschamps, en las que incluso se demanda la aparición de cerca de 200 trabajadores disidentes, mismos que desaparecieron de la noche a la mañana. En Cadereyta fueron 37 los que se “esfumaron” del 16 al 21 de mayo del 2007.
Tanto panistas como priístas han protegido abiertamente a Romero, tan es así que la última “toma de nota” corrió por cuenta y riesgo del tristemente célebre Javier Lozano. Quienes han encabezado movimientos fuertes, tienen hasta 30 años dentro de esa organización, y aunque en algún tiempo también mostraron certeza de que se estaba negociando la salida de quien a base de traiciones, llegara a encabezar el Comité Ejecutivo del STPRM.
Lo que puede observarse es que los compromisos hechos como respaldo a toda la corrupción que se ha generado y que está presente en prácticamente todas las áreas de la más importante paraestatal, son de tal envergadura que protegen al líder más allá de la lógica.
Con tal podredumbre en los intestinos de Pemex, sólo falta que se apruebe una reforma que remate y marque porcentajes de participación y de impuestos ínfimos a quien monte todo lo que se requiera, no para que Petróleos se modernice, crezca, o vuelva a estar en un primer plano mundial, sino para producir las ganancias que habrá de llevarse, cada inversionista, a su país de origen.
El rechazo no debe ser sólo por este tipo de decisiones, sino que debe llevar como ingrediente principal la salida de Romero Deschamps, basada en los millonarios desfalcos reiteradamente denunciados.
Sin esperanzas
Desde hace tiempo que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia contienen ingredientes que dañan severamente a la sociedad. No ha sido sólo su aprobación sobre el anatocismo, sino muchas otras resoluciones que han causado estupor, y de las cuales no se han medido las repercusiones mismas, como en el caso citado, los descalabros de la Corte.
Esta instancia ha hecho presencia en abultado número de desalojos, de embargos, de quiebras por deudas crediticias tanto de personas físicas como morales. Aunque nada de esto debería extrañarnos más de lo que ya estamos, al conocerse de la infame actuación de quien encabezara a esos ministros, el célebre Genaro Góngora Pimentel, quien, si mostró su incapacidad para cumplir con su obligación de padre siendo ya un vejete, ¿cómo pedirle velar por los intereses de las familias mexicanas?
Ningún antecedente y menos aún las críticas o los señalamientos modifican el actuar de los togados, quienes dieron ayer una muestra más de su disposición para que se cometan todo tipo de atrocidades, de abusos, de fraudes.
Han determinado que el principio de “máxima transparencia” no opera para los diputados federales, por lo que seguirán siendo un secreto sus declaraciones patrimoniales. Claro que esto trajo como resultado que “al ver burro se les ofreció el viaje”, y se incluyeron muchos dentro de semejante secrecía. Según Margarita Luna Ramos, la información sobre los ingresos y propiedades de los ministros es privada, y es su derecho ceder a su difusión o no hacerlo.
Juan Ramón Cossio y Sergio Valls se manifestaron por la inconstitucionalidad de la norma, y señalaron que todos los servidores públicos “son o somos figuras públicas, y por tanto el umbral de protección que gozamos respecto de nuestra privacidad debe ceder frente a un interés público.”
Dentro de la insensibilidad que los rodea y que abarca restarle importancia a la mala fama creada y al repudio generalizado de la población hacia sus dictados, no dudaron en lavarse las manos y señalar que finalmente, si quieren que se hagan públicas las declaraciones, que sean los diputados mismos quienes decidan que debe hacerse en este caso y en el de los servidores públicos en general.
