Promesas de campaña en Hidalgo
Pablo Vargas González
Hidalgo.- A menos de dos semanas de las elecciones de diputados locales, se empieza a configurar un proceso electoral definido por la hegemonía partidaria que habrá renovar el Congreso local en Hidalgo.
Sin embargo, entre la legislatura que termina y la que iniciará, hay tareas pendientes, algunas de bajo perfil y calado que se han quedado para “mejor momento”.
En la campaña electoral se escuchan y se leen promesas y más promesas. Candidatas y candidatos ofrecen las perlas de la virgen y se exceden, inclusive, en lo que será su función meramente legislativa: hay quienes se van muy lejos. Erradicarán la pobreza y el hambre. Combatirán el desempleo.
Dudo que en tres años puedan acometer tareas y compromisos que en más de setenta años no se han podido lograr.
He leído con atención, pero sin mucha expectativa, que varios abanderados de diversos partidos se han lanzado por la defensa y protección de los derechos humanos, “respaldando” luchas de grupos específicos, como la lucha de las mujeres y la de los grupos indígenas. Desde luego que ya es un discurso que llegó a la clase política, muy tarde por cierto. Pero a la cúpula le falta aprender mucho de ello.
Sin embargo, con la conclusión en unos meses de la LXI Legislatura local (el periodo 2010-2013), es necesario empezar una evaluación de sus labores y extender la discusión de sus trabajo hacía un público más amplio, puesto que como ya se sabe, los diputados y congresos locales son las figuras e instituciones más distanciadas de los ciudadanos, según las encuestas.
Podemos encontrar en el folleto reciente “Leyes con sentido humano. Resultados Legislativos” una muestra representativa de la labor de los representantes partidarios en el Congreso Local. En donde se dice que hubo 103 iniciativas legislativas, en ningún momento se señala cuántas de ellas propuso el poder ejecutivo, puesto que las principales críticas de los ciudadanos son que el Congreso local sólo es apéndice del gobernador. No obstante se dice que hubo 77 dictámenes, 22 nuevas leyes, 35 reformas y 485 decretos aprobados.
Hay diputados que no están del todo de acuerdo con la labor del Congreso o de algunas comisiones; recientemente, el diputado Prisco Manuel Gutiérrez puntualizó que en la Comisión Integral para el Desarrollo de Pueblos Indígenas existió un rezago con la firma de convenios y otras actividades. Aclaró que las iniciativas presentadas en esta comisión registran un avance del 75 por ciento.
También se habla de “transparencia, de cara a la ciudadanía”, no obstante el vínculo e interlocución con ciertos sectores sociales fue bajo, por no decir nulo. Y esto puede ser la constante en la Legislatura que está concluyendo, fue poco abierta a los grupos ciudadanos y las propuestas de la sociedad civil.
Dentro de los puntos fundamentales se vanagloria de haber aprobado y tener la “primera Ley Especializada en Derechos Humanos”, aunque hay que aclarar que está incompleta y aún no se encuentra del todo armonizada con la reforma constitucional en derechos humanos, deja pasajes ambiguos.
Los procedimientos de renovación de la CEDH y su consejo, no alcanzan la precisión para convertirla en un organismo realmente autónomo. Lo mismo sucedió con la propuesta sobre desaparición forzada, solamente quedó en una reforma al Código Penal, cuando a nivel nacional ya se habla de una ley federal y se han realizado leyes locales.
Habría que discutir el alcance de la reformas e iniciativas de género y protección de derechos de las mujeres, sobre todo las que se lograron por la presión de Inmujeres y de las organizaciones de la sociedad civil en relación a la tipificación del feminicidio, además del número de mujeres asesinadas en la región de Tula de Allende.
Quedan muchas temas pendientes que esta legislatura dejará a su predecesora, ojalá no se hagan “ojo de hormiga” y cumplan las promesas de campaña.
