Política, actividad de alto riesgo
Samuel Schmidt

Los Ángeles.- El crimen organizado intervino activamente en la elección para gobernador en Michoacán, al grado que Calderón y su hermana se molestaron por la derrota. ¿Por qué será que muchos criminales no quieren a los panistas?

Algunos dirían que les están pasando la cuenta por la guerra y los muertos de Calderón; otros dirán que al llegar al poder perturbaron el orden y aumentaron la corrupción, mellando los recursos para los criminales; otros más dirán que están controlados por los priistas.

Estas son algunas de las hipótesis, puede ser que algunas sean verdad, que todas lo sean, o que ninguna lo sea.

De lo que no queda duda es que con frecuencia encontramos denuncias de que el crimen organizado interviene en los comicios, la más reciente es la acusación del procurador de Aguascalientes contra el candidato del PAN a la alcaldía. Un testigo protegido –de nuevo un malandro se vuelve acusador legítimo sin necesidad de refrendar las acusaciones– acusa al hermano del candidato a gobernador de Baja California de nexos con un cártel, y el testimonio se hace público a unos días de la elección.

Puras casualidades mexicanas.

Ya he dicho que no obstante que estas acusaciones son muy serias, como por ejemplo la denuncia poderosa de Anabel Hernández en Los señores del narco, no hay causa penal alguna, porque las acusaciones se hacen en los medios. Lo más grave es que hasta las autoridades judiciales litigan en los medios. Vale preguntar: ¿dónde está la Procuraduría General de Justicia, y dentro de ella la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE)?

Si un candidato recibe donativos del crimen organizado, se está cometiendo un delito electoral, por parte del que recibe y del que da, pero también hay un delito fiscal. De manera conspicua no mueven un dedo. ¿Será causal de anulación de una elección que fondos de campaña no se reporten? ¿Y si tienen origen criminal? Serían dos delitos graves.

Por otra parte, se está haciendo más frecuente leer sobre ataques, secuestros y asesinatos a políticos. Recientemente, fue asesinado el candidato suplente a regidor a la presidencia municipal de San Dimas, Durango, abanderado por el partido Movimiento Ciudadano. En Sinaloa mataron a un candidato de la alianza PAN-PRD-PT, y también al hijo de un coordinador de campaña. En Oaxaca, asesinaron al presidente del Consejo Estatal del PRD, y en otro hecho violento, hirieron a la candidata a diputada local, Rosalía Palma y asesinaron a su esposo y sobrina. En Chihuahua, secuestraron y asesinaron al candidato a la alcaldía de Guadalupe y Calvo por el PRI. Hirieron al candidato del PRI a presidente municipal de Tantoyuca, Veracruz. En Coahuila, secuestraron al candidato a regidor de Torreón.

La explicación típica lleva a victimizar a la víctima, y nos hace pensar que algo habían hecho de malo, ¿por qué alguien habría de pensar en matarlos? También podemos pensar que alguien trataba de hacer mal, en primer lugar a los agredidos, y después a la política, generándose varios efectos: hay políticos que frente a los actos de violencia se retiran de la contienda, lo que le abre el camino a sus contrincantes, pero también a los asesinos, que de tratarse del crimen organizado podemos pensar que podrá subir alguien apoyado por ellos.

Implica que estaremos perdiendo a buenos políticos, y que personajes oscuros se están apoderando de las instancias de representación. De ser cierta esta segunda explicación, nos encaminamos directo a un narco estado, del que saldremos con mucha dificultad.

Como no estamos ante hechos aislados, sino que la recurrencia de estos eventos sugiere la existencia de un fenómeno, podemos concluir que la política se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Cada vez los políticos se verán más expuestos a hechos violentos contra ellos, los podrán secuestrar, asesinar y horror de horrores, los podrán extorsionar y presionar para que actúen a favor de intereses negros, aunque de muchos políticos, los intereses más oscuros son los propios, finalmente de eso se trata la corrupción.

Vistas así las cosas, me parece que hicieron bien los senadores panistas en darse un bono de 430 mil pesos, poco importa si con esa cantidad para 34 senadores se pudieron haber pagado 231 mil 608 días de salario mínimo, o haberse creado 11 mil 580 empleos por un mes, o haber comprado un millón 49 mil 276 kilos de tortillas.

34 senadores pudieron haber apoyado decisivamente la lucha contra el hambre o haber reducido la tasa de desempleo, pero aceptemos que la política es una actividad preponderante para el país y al volverse de alto riesgo, más vale que se proteja a los legisladores, son tan buenos, eficientes y sensibles con la sociedad, como lo demuestra el debate de alto nivel de los panistas, tan preocupados por su auto-protección.