Escucha telefónica en México
Lilia Arellano
Cancún.- El escándalo internacional por el espionaje que realiza Estados Unidos en el mundo, incluidos sus aliados europeos y latinoamericanos, es una perfecta oportunidad para medir el grado de variación de la relación México-Estados Unidos, al arrancar el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto y conocer exactamente cuáles serán los cambios a la subordinación total que llevo a cabo el mandato de Felipe Calderón, ante el gobierno de George Bush primero y Barack Obama después.
La reacción de la administración del mexiquense ante un problema considerado de seguridad nacional por los especialistas y que tendrá efectos inmediatos en la agenda política internacional, ha sido sumamente tibia, aunque ayer el inquilino de Los Pinos declarará que el espionaje norteamericano al país resulta “totalmente inaceptable”, no obstante que descartó que exista algún daño a la actual relación bilateral.
A través de canales diplomáticos, el gobierno de México pidió al de Estados Unidos información sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano durante el primer trimestre de este año, con el uso de nuevas tecnologías para obtener información sobre energía y narcotráfico.
También la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó el espionaje que Estados Unidos lleva a cabo contra países de Latinoamérica, y exigieron que el gobierno de Barack Obama explique dicha actividad. El perredista Silvano Aureoles, dijo que se debe investigar si fue un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, pero “no es extraño, si se espían ellos mismos, ¿qué no estarán espiando al resto de los países?”
Para encontrar respuestas a esas y otras preguntas, no es necesario esperar las contestaciones del gobierno de Barack Obama, si se digna hacerlo, tan sólo hay que revisar los antecedentes inmediatos del arranque de la guerra calderonista contra los cárteles de las drogas: la administración de Felipe Calderón avaló en febrero de 2007 que el Departamento de Estado de Estados Unidos instalara en México un sistema de intercepción de comunicaciones que permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios de Internet como chat, correo electrónico y voz.
El gobierno de Calderón fue un periodo de permisión a las agencias de inteligencia de Estados Unidos. La Oficina Internacional de Asuntos de Narcóticos, así como el Departamento de Estado de la Unión Americana, financiaron sistemas de intercepción de comunicaciones para escuchar y grabar llamadas telefónicas en México.
En este contexto, no parece tan ocioso que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue lo relacionado con acuerdos del gobierno mexicano con Estados Unidos para llevar a cabo la intervención de llamadas telefónicas y de correos electrónicos en el marco de un convenio firmado en la Iniciativa Mérida, como lo dio a conocer el vocero del Gabinete de Seguridad, Eduardo Sánchez Hernández.
Y no sería mala idea que los investigadores de la PGR empezaran las indagaciones en sus propios archivos, dado que esa dependencia erogó más de 700 millones de pesos en tecnologías de comunicaciones e información, redes privadas de telefonía, conducción de señales por satélite, equipo de cómputo e informática.
Una investigación de un diario capitalino, revela que la firma Verint Sistems vendió equipo de espionaje al gobierno estadounidense con un valor de tres millones de dólares (contrato S-INLEC-06-4042), el cual llegó a nuestro país a través de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de apoyar el combate al narcotráfico en el contexto de la Iniciativa Mérida.
La más reciente actualización de dicho contrato se dio el 22 de abril pasado, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El equipo usado por Verint Sistems almacena hasta 25 mil horas y registra 60 llamadas simultáneas, y es capaz de mapearlas en segundos a nivel de calle, gracias al software MapInfo, lo que implica que el gobierno de Estados Unidos tiene acceso a la información que provea este sistema en México.
El equipo permite interceptar llamadas de destino de redes de Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica, Unefon, Iusacell, VoIP de Cisco Systems, paquete de datos de Prodigy, así como de otros prestadores de servicios de Internet. Para asegurar el cumplimiento requerido por el gobierno estadounidense, el centro de control y audio, que está en la sede de la anterior AFI, fue creado, coordinado y desarrollado por el director de la Agencia Federal de Investigación en 2007, así como por el director de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos.
Ese sistema se ha convertido en parte clave en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo entre México y Estados Unidos, y sigue vigente para los dos gobiernos. “Las fuerzas policíacas, de seguridad nacional, inteligencia y otras agencias gubernamentales, pueden utilizar estas soluciones de forma independiente, de manera integral o como parte de un sistema a gran escala, y llevar a cabo una investigación más eficiente y productiva hoy en día”, presume en su página web Verint México. De acuerdo con la última actualización del contrato, se aumentó el número de “estaciones de escucha” de 30 a 107, que fueron distribuidas en varias ubicaciones del país, las cuales permiten ampliar el radio de captación de llamadas telefónicas.
David Cole, profesor de derecho de la Universidad Georgetown, en Washington, refiere que “los mexicanos hablan regularmente por teléfono, por ejemplo, con millones de familiares que viven en Estados Unidos. Estas conversaciones son grabadas y usadas por ambos gobiernos. Los expertos legales en EU dicen que los fiscales tienen acceso a las escuchas telefónicas mexicanas, y pueden usarlas como información clave en tribunales. No hay privacidad”.
Tarde, con negligencia y un extraño desinterés ha reaccionado el gobierno de Enrique Peña Nieto, a diferencia de sus homólogos del Cono Sur y de Europa. Desde el municipio de Baeza, Chihuahua, donde encabezó las celebraciones por el Día del Árbol, el titular del Ejecutivo Federal declaró que “el gobierno mexicano estará atento a la procuración y evaluación de la información solicitada” sobre los presuntos actos de espionaje. Subrayó que “México reitera que las relaciones entre países se conducen con respeto y apego al marco legal y condenó enérgicamente cualquier desviación de esta práctica”, tal y como se estableció ayer en un comunicado de prensa de la cancillería mexicana.
Mejor los líderes de las principales bancadas en el Congreso de la Unión exhortaron al gobierno de México que encabeza Enrique Peña Nieto, a que exija a Estados Unidos explicaciones sobre sus programas de espionaje, y la presunta intromisión que hicieron en sedes diplomáticas mexicanas. Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, dijo que “la amistad no se hace a través de estarnos espiando, sino de estar colaborando”; y el líder de los senadores del PAN, José Luis Preciado, señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto debe plantear esa demanda y mostrar una postura más firme en el tema. También Silvano Aureoles, coordinador de los diputados perredistas, consideró que la cancillería mexicana debe mostrar una postura más firme en el tema.
Cabe destacar que durante el gobierno de Felipe Calderón los partidos de oposición exigieron aclaraciones de los vuelos de aviones estadounidenses no tripulados en la frontera con México; sobre la operación de agentes de EU en territorio mexicano; y el caso “Rápido y Furioso”, por el que al menos 2 mil armas entraron ilegalmente a México en un operativo para detectar a traficantes de armamento. El gobierno de Calderón simplemente negó tener conocimiento de estos programas o haberlos respaldado.
Ahora, el gobierno de Enrique Peña Nieto no puede recurrir al mismo recurso.
Sano para la República será que la nueva gestión federal priísta fije una posición de Estado, acorde a los principios que rigen la política exterior del país y que fueron hechos a un lado por las administraciones panistas, y dejen de lado la gran subordinación al Departamento de Estados de EU que imperó a lo largo del mandato de Felipe Calderón.
Y más sano será que en los nuevos planes de la secretaría de Comunicaciones y Transportes aparezca la re-adquisición del satélite que el gobierno federal perdió y puso a la venta, a disposición de cualquier tipo de espionaje abarcando no sólo las áreas mencionadas sino hasta la documentación oficial que se registra en distintas dependencias.
