Cifras obscenas en asesoría
David Carrizales
Monterrey.- La bancada panista del Congreso local, exigió al gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, los documentos, estudios y proyectos realizados por la empresa Evercore-Protego, de Pedro Aspe Armella, en relación al Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas del Estado de Nuevo León (POFIF), y en lo referente al apoyo brindado en la reestructuración de la deuda por 33 mil 649 millones de pesos, por cuya asesoría el gobierno estatal pagó 111 millones de pesos.
Durante la sesión de la diputación permanente, las legisladoras Carolina Garza Guerra y Rebeca Clouthier Carrillo, exhibieron cartulinas con ampliaciones de una nota periodística que incluye las declaraciones del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, reconociendo que su administración había trabajado con el despacho de Aspe Armella para diseñar el plan de austeridad, pero rechazó que lo fuera a contratar como bróker (asesor) para renegociar la deuda. Medina aseguró que la renegociación estaría a cargo del personal de Tesorería.
La diputación del PAN, por conducto de José Luz Garza, expuso que resulta alarmante la información que dio a conocer el tesorero estatal, Rodolfo Gómez Acosta, con relación al pago al despacho de Aspe Armella, y aunque el funcionario habla “maravillas” de las condiciones conseguidas, “la realidad es que es desventajosa esta negociación”.
En una propuesta de punto de acuerdo, aprobada por mayoría, Acción Nacional señaló que el gobierno estatal obtuvo una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) + 2.387 por renegociar 33 mil 648 millones, mientras el municipio de Monterrey consiguió un interés de TIIE + 1.6 al renegociar mil 400 millones de pesos.
Destacó Acción Nacional que los 111 millones de pesos pagados al bróker, equivalente al 0.33 por ciento del monto negociado, una onerosa cantidad que jamás se había pagado por un servicio de ese tipo, y que permitiría pagar el sueldo del tesorero Gómez Acosta por 850 meses, es decir doce sexenios de la administración estatal, o pagar el sueldo anual de 640 policías de Fuerza Civil.
Durante la misma sesión, el PAN propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, para que las entidades públicas informen todo lo relacionado con cada uno de los empréstitos contratados, así como lo referente a deudas con proveedores y contratistas.
Asimismo, se incluye en la propuesta un artículo transitorio para que se obligue al estado y municipios a publicar en sus portales de internet, en un plazo de 60 días, la información que se precisa en la mencionada reforma.
