HORIZONTE CIUDADANO
Tres años de la masacre
Rosa Esther Beltrán
Saltillo.- Hoy han transcurrido tres años de la masacre de 72 migrantes que sufrieron retención, tortura, extorsión, y finalmente, privación de la vida. Los exterminaron en un rancho de San Fernando, Tamaulipas. 58 hombres y 14 mujeres. Eran setenta y dos humanos procedentes de Ecuador, Honduras, Brasil y El Salvador.
Fueron 72. Por lo menos le dieron tres tiros a cada uno; hubo más de 200 balazos de alto poder. ¿Nadie escuchó? Se necesitan al menos cuatro vehículos para transportar a ese número en una zona que está llena de retenes. ¿Nadie vio nada?
La masacre de San Fernando causó conmoción a nivel mundial y mostró el grado de descomposición, corrupción e impunidad que el país padece; aquí, la lógica de la delincuencia ha logrado corromper algunas de las estructuras de los Estados, pero todo indica que no es la primera vez que ocurre en esa región, aunque nada se ha hecho al respecto más allá de lo obvio: enterrar o esconder los cadáveres.
El exterminio de los migrantes centroamericanos exhibió la crisis humanitaria que se padece y ante la cual el Estado mexicano se ha mostrado impotente, omiso e incapaz. El escenario ha sido de violaciones, robo, extorsión, secuestro y muerte; en 2009, la CNDH presentó un informe especial sobre casos de secuestro en contra de migrantes. De septiembre de 2008 a febrero de 2009, casi 10 mil migrantes fueron víctimas de secuestro.
Mil 600 por mes.
Por si fuera poco, a escasos 7 meses, en el mismo municipio de San Fernando, se encontraron 59 cuerpos en ocho fosas clandestinas. Se presumió que podrían ser los pasajeros de un autobús secuestrado por un grupo armado en la carretera Ciudad Victoria-San Fernando, fue un caso al que el gobierno del Estado dio mínima difusión para no informar de qué podría tratarse. Se mantiene impune.
El fenómeno del infierno delictivo por el que transitan los migrantes ha sido puntualmente descrito por las propias víctimas y por sus defensores, quienes señalan que aquí los migrantes de otros países son víctimas de los polleros que los estafan, los conductores del transporte público que les cobran tarifas más elevadas, los guardias del tren y los policías que los golpean y los roban, las personas que cobran las remesas de sus familiares con identificaciones falsas y los empleadores de trabajadores agrícolas que no les pagan, una gama de abusos que refleja una cultura antimigrante.
Ante esta situación de horror e ineficacia del Estado de derecho, los defensores de los derechos de los migrantes agrupados en la Pastoral de Movilidad Humana, en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte (Colef) realizarán un conjunto de actividades en memoria de los 72 migrantes masacrados en San Fernando; en las mesas de diálogo participarán los Obispos Fray Raúl Vera y Monseñor Ruy Rendón Leal, Obispo de Matamoros; la Directora del Colef de Matamoros, Dra. Cirila Quintero; los sacerdotes, Pedro Pantoja y Alejandro Solalinde, entre otros. Serán 2 días de diálogo y análisis de la situación de la migración en Tamaulipas, el noreste y el país.
El padre Pedro Pantoja subraya que lo dramático es que después de la masacre de San Fernando, nada ha cambiado. Las autoridades federales y estatales no han ido más allá de las promesas de que harán un ejercicio de ley, investigarán e impartirán justicia (aunque muchos de los cuerpos ni siquiera han sido repatriados) y no hay nada que toque la solución al problema de los asesinatos, señala.
Los defensores de los derechos de los migrantes, al presentar estos acontecimientos como tragedia humanitaria, han llevado a juicio al Estado Mexicano ante los tribunales internacionales; los activistas se han fortalecido como frente de la sociedad civil, y desde ahí surgen propuestas de apoyo real para lograr justicia; siguen interpelando toda la cuestión instrumental del gobierno para que dé solución a causas secundarias como es el caso del regreso de los cuerpos a las familias de Centroamérica.
El Tribunal Permanente de los Pueblos se pronunció en este tercer aniversario, precisando que la responsabilidad del Estado mexicano es absoluta en este tema, así como la de los países de origen de los migrantes masacrados: “es increíble lo que no hicieron”.
El padre Alejandro Solalinde señaló que ante la falta de autoridad moral de los políticos, la sociedad civil tiene que hacer este juicio sobre las violaciones a los derechos humanos y sobre crímenes que se siguen repitiendo.
