Reforma Hacendaria
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- Confirmado. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido profundizar el modelo neoliberal en todos sus órdenes.
La reforma Hacendaria y Fiscal que remitió a la Cámara de Diputados el pasado domingo y cuyas bondades presentó en Los Pinos a los dirigentes partidistas que integran el Pacto por México y los gobernadores, considera puntos que generaron sorpresa y molestia en los sectores empresariales y de altos ingresos en el país.
En principio responde al reclamo de los empresarios para desaparecer el IETU (Impuesto Empresarial Tasa Única) y el IDE (Impuesto en Depósitos en Efectivo), que en su momento su principal contrincante por la Presidencia de la República se comprometió a derogar.
Sin embargo, cabe señalar que la Reforma también retoma otros planteamientos fundamentales del Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador, tales como evitar la evasión fiscal de las grandes empresas al aplicar la desaparición de Régimen de Consolidación Fiscal, para evitar tratamientos preferenciales y regímenes especiales; de incrementar el ISR (Impuesto Sobre la Renta) a los que más ganan y una reducción de las cuotas del Seguro Social para los trabajadores de bajos ingresos; de gravar las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, para el cobro de las utilidades obtenidas y evitar la especulación financiera y, de los dividendos de las empresas, para el cobro de impuestos sobre las ganancias que las empresas pagan a sus dueños.
También es significativo el Impuesto Verde a empresas que contaminan al medio ambiente, al proponer un impuesto especial por unidad de carbono emitida. Lo anterior, para desincentivar las inversiones “sucias”.
Por otro lado, se impone el impuesto del IVA a colegiaturas educativas; también se quita el beneficio al sector agropecuario y al transporte foráneo, aplicándoles el impuesto al 16 por ciento del IVA. Estos impuestos sobre todo afectan los sectores de ingresos medios.
La aplicación del IVA a renta y venta de viviendas e hipotecas y el incremento del IVA del 11 al 16 por ciento en zonas fronterizas, golpeará de manera significativa a clases medias y sectores populares.
Con esto se busca incrementar la recaudación fiscal por 240 millones de pesos al año, con el fin de canalizarlos a programas sociales e infraestructura.
Dichos recursos estarían dirigidos, prioritariamente, a garantizar la Pensión Universal para Adultos Mayores, a partir de los 65 años, así como para un Seguro del Desempleo, cuyo propósito es proteger eventualmente a quienes pierden su trabajo, por una cobertura de 6 meses. En lo que se refiere al Seguro del Desempleo, éste será por un monto de un salario mínimo y estaría acompañado por programas de capacitación y una bolsa de trabajo, que permita a los trabajadores incorporarse de nuevo a la actividad económica formal.
Se afirma además que estas dos propuestas son componentes fundamentales de un nuevo Sistema de Seguridad Social Universal. Adicionalmente, también se canalizarían los recursos para enfrentar los nuevos retos de la reforma Educativa y programas de combate a la pobreza extrema, entre ellos la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Esta propuesta de reforma, en primera instancia, ha causado sorpresa y controversia en los círculos empresariales que vivían verdaderos paraísos fiscales y, sobre todo, porque no se aplicó el IVA en alimentos y medicinas que era lo que se esperaba.
En general, podemos considerar que es un conjunto de expedientes Keynesianos, que buscan rescatar recursos de los sectores de más altos ingresos sin afectar el consumo y, por lo tanto, el mercado interno de la población.
El propósito, parece ser, utilizar el gasto público como motor del desarrollo económico, en la perspectiva de superar las consecuencias de la crisis global y de la crisis nacional que afectan a nuestra economía.
En este escenario se espera una gran embestida de los sectores empresariales del país, dirigido a evitar que esta reforma Hacendaria y Fiscal, catalogada en lo fundamental como progresiva, se aplique.
