Fallida Ley de Víctimas
Jesús González
Monterrey.- Gran parte de México, incluyendo el noreste del país, sigue aún bajo los efectos de la llamada Guerra contra el narcotráfico, conflicto armado que ha generado un mar de dolor y angustia ante la pérdida de personas por ejecuciones o desapariciones, además impotencia en familias enteras ante la necesidad de sobrellevar la destrucción del patrimonio de las víctimas.
En algún momento, todas las guerras dan pasos hacia la no repetición de las acciones que dañan a la población. En México, y gracias al empuje de la sociedad civil, se logró arrancar al Estado una Ley General de Victimas, que al menos en el papel busca justicia. Para algunos no es suficiente, ya que omite acciones importantes como la búsqueda en vida de las y los desaparecidos de años anteriores, pero sin duda es un avance.
Al aprobarse la Ley, el Congreso federal ordenó a sus sedes estatales crear leyes para las victimas locales, respetando el espíritu de la Ley General. En Nuevo León, este proceso comenzó en diciembre del año pasado. El primero de octubre, comisiones del Congreso aprobaron una iniciativa de Ley que pretendía dotar al estado de un marco legal que protegiera a las víctimas. Esta iniciativa, por dolo u omisión, no cumplía con el espíritu de la Ley General.
El diputado Luis David Ortiz fue el encargado de proponer el dictamen. Anteriormente, fue presidente del Congreso y desde ahí propuso un “Pacto por Nuevo León” junto con el Gobierno estatal (medios de comunicación documentaron sus reuniones con el Secretario de Gobierno). Dicha alianza no se realizó pues no había consenso ni siquiera en su partido, el PAN. Sobra decir que no se habló de incluir a la ciudadanía.
Al enterarse por los medios de comunicación, familiares de víctimas agrupados en Fuerzas Unidas por nuestrxs Desaparecidxs en Nuevo León (FUNDENL) revisaron el dictamen y encontraron muchas ambigüedades, así como mecanismos que podían hacer inviable la Ley. Solicitaron la asesoría del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y se llegó a la misma conclusión: el dictamen no protegía a las víctimas.
De entre todas las anomalías resaltaban dos: la conformación de la “Comisión” que dirigiría la atención a las víctimas, y la falta de claridad en sus derechos básicos. Se denunció que era un despropósito conformar un ente público descentralizado para la atención a las víctimas con lo que se duplicarían las funciones con la Comisión Estatal de Derechos Humanos; también que en la conformación de la Comisión de Atención a Víctimas, incluida en el dictamen, se otorgaba discrecionalidad al Gobernador del Estado para proponer al titular.
A diferencia de esta propuesta, en la Ley General el órgano está conformado por 7 personas y todas son propuestas por Universidades, ONG o Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
El otro punto grave es que se escatimaron los derechos de las victimas al no respetar la redacción de la Ley General en el dictamen local.
Por si estos dos puntos fueran poco, en los artículos transitorios se daba un tiempo de 6 meses para que entrara en vigor esta ley y otra serie de plazos para la conformación de la Comisión.
El jueves 3 de Octubre, Fundenl entregó en el Congreso del Estado un oficio solicitando no se votara este dictamen en el pleno y se regresara a comisiones para hacer los ajustes necesarios. Se lanzó la alerta por medio de las redes sociales y se obligó a distintos actores locales y nacionales a dar su posición. El viernes 4 de octubre, Ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) se sumó al rechazo.
Los partidos políticos tenían previsto aprobar la Ley de Víctimas ayer lunes 7 de Octubre, pero el rechazo de las organizaciones donde se agrupan víctimas de la violencia logró que no fuera así.
Sin quererlo y a pesar de las fricciones que a veces ocurren entre las organizaciones, se realizó un trabajo en conjunto que permitió frenar una ley que no protegía a las víctimas y que sólo creaba más burocracia para aparentar que hay atención adecuada.
¿Por qué es importante para todos? Porque es el marco legal que nos protegería si fuésemos extorsionados, secuestrados, ejecutados, desaparecidos, o bien seamos victimas de cualquier delito. Ni más ni menos.
Enhorabuena para la sociedad civil que se organiza de manera libre. Sin duda, demuestra que la capacidad de acción, de reacción y de comunicación frente al poder político y sus potenciales abusos cada vez es más grande.
PD: No hay que perder de vista al Congreso pues en los próximos días votaran reformas legales que sustentarían una Ley de Participación Ciudadana.
@proyectoepuente
