ESTADO DE LOS ESTADOS
Carceles privadas, negocio redondo
Lilia Arellano

Cancún.- El sistema penitenciario nacional con una población de más de 236 mil reclusos, es un importante “nicho de negocios” del que ya comenzaron a sacar jugosas ganancias destacados empresarios como Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña, así como las familias Hank Rhon y Quintana.

La privatización de las cárceles que inició con el gobierno de Felipe Calderón, es un lucrativo negocio ilegal que se les esta otorgando de manera confidencial a unos cuantos empresarios ligados al poder político federal. Esta privatización violenta la Constitución, los tratados internacionales que en la materia ha firmado México, así como otras legislaciones federales y estatales.

El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Martín Barrón Cruz, resalta que “el artículo 18 constitucional estipula claramente que el Estado debe hacerse cargo de las prisiones y de toda la cuestión penitenciaria”. Sin embargo, la gestión de Felipe Calderón evadió esa responsabilidad y lo mismo está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto, al entregar a la iniciativa privada del control de algunas prisiones.

La actual administración también violenta documentos pronunciados por la ONU como las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” emitidas en 1977, donde quedó establecido el camino de la reinserción social. En ningún punto se da cabida a empresas privadas para esa función, precisamente por sus fines de lucro. Esas reglas fueron firmadas por el gobierno mexicano.

Tal y como se ha comprobado en muchos países, la privatización no resuelve los problemas sino todo lo contrario, los agrava; contra lo que sostienen funcionarios de la administración peñanietista, las cárceles privadas suelen ser más violentas que las públicas; la rehabilitación no se cumple, se violan los derechos humanos, aumentan los suicidios y el tráfico interno de estupefacientes sigue dándose.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha dado a conocer cuántas cárceles están ya en manos de particulares, las concesiones y adjudicaciones directas se han manejado en total secrecía por el beneficio de unos cuantos empresarios ligados al poder político. Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y uno de los principales impulsores de la privatización de las cárceles, es quien concentra esta información y la mantiene en la opacidad, por así convenir a sus intereses.

En México, al igual que se hace en otros países, las empresas utilizan la mano de obra de los reclusos en condiciones esclavizantes; sus ganancias salen precisamente del trabajo carcelario; se desconoce si los prisioneros reciben algún pago por su trabajo, si tienen reparto de utilidades o aguinaldos. Bajo el argumento de la cancelación de derechos de los internos es que se lleva a cabo esta explotación.

Tan sólo unos cuantos empresarios han sido beneficiados con este negocio redondo. Entre ellos se cuenta Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Interacciones, integrante del Grupo Atlacomulco, al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto. Ese “cachorro de la revolución” ya tiene bajo su mando el Centro de Reclusión de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el que invirtió mil 200 millones de pesos en asociación con ICA (Ingenieros Civiles Asociados) de la familia Quintana. Hank González también financió dos centros penitenciarios en el Distrito Federal.

Otro empresario beneficiado es el magnate Carlos Slim, considerado el segundo hombre más rico del mundo. Sus empresas ya cuentan con convenios para construir dos centros penitenciarios en Morelos y en Chiapas. Otro empresario consentido del poder político federal, Olegario Vázquez Raña, ya construye penales en Durango y Michoacán. Uno más, Alfonso Quintana, de ICA, ya construyó el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en  Sonora. Y hay otras empresas que ya están insertadas en este lucrativo negocio, mientras que los proyectos de inversión están a cargo de un personaje clave en la quiebra del país, Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a través de su empresa Protego Asesores.

El negocio consiste en que esos empresarios construyen las prisiones y luego las administran por 20 años, al término de ese periodo, en teoría, deberán entregarlos al gobierno federal. En esta administración, a la iniciativa privada se le encargó la construcción de ocho cárceles, de las cuales ya están dos terminadas, aunque no se informó a qué empresas se les otorgó esa concesión. El negocio inicia desde la misma construcción que resulta costosa por la calidad de los materiales. El sofisticado equipo de seguridad también es caro.

Ya construida la cárcel, la empresa privada se encarga del mantenimiento y la administración integral por un largo periodo. Provee al recluso de alimentación, lavado de ropa, servicio médico, etcétera, todo a excepción de la seguridad que corresponde al Estado, servicios por lo que tienen que pagar los reclusos o sus familiares.  Para hacerlas todavía más rentables se aplica el modelo prisión-fábrica, y como ejemplo está el caso del empresario Kamel Nacif, cuyos talleres de maquila de ropa estaban en algunas prisiones del estado de Puebla.

Destacados investigadores y analistas han alertado que la privatización de las cárceles conlleva muchos riesgos, entre los que destaca que ahora el crimen organizado podría manejar formalmente las prisiones mediante este lucrativo esquema  privatizador que facilita el “lavado de dinero”. La privatización de las cárceles se presta a la triangulación de recursos y a valerse de prestanombres. 

Los riesgos en su manejo ha sido claramente ilustrados en la serie de televisión “Capadocia: un lugar sin perdón”, producida por HBO Latin America-Argos Producciones, donde se difunde la serie de intereses encontrados en un negocio de esta naturaleza y los vicios que se derivan en los centros privatizados, que agudizan los que se dan en cárceles públicas, que van desde el trabajo esclavo de las reclusas hasta el negocio del tráfico de drogas, controlado desde la administración de los penales.

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