ANÁLISIS A FONDO
Sin traductores y ante violadores
Francisco Gómez Maza

¿Terminarán los procesos penales indebidos?
El Congreso reforma las leyes para lograrlo

Ciudad de México.- En medio de ese mercado persa del reparto de los dineros del erario en el presupuesto federal para 2014 (que están a punto de aprobar los diputados) destacaron este martes dos temas importantísimos para el absoluto respeto a los derechos humanos de indígenas, que sobreviven como extranjeros en su propia tierra, y de los policías. Sí. De los policías siempre acusados de violadores, pero nunca vistos como seres vivos que también son violentados.

El primer tema tiene que ver con los procesos penales que enfrentan los indígenas, hayan o no cometido el delito del que se les acusa, aclarando que también habría que tomar en cuenta que lo que es delito en el código penal puede no serlo según los códigos no escritos de los pueblos y culturas indígenas. Muchos encarcelados, aparte de que nunca se enteraron de nada durante su juicio porque no hablan ni entienden el español, están seguros de que lo que hicieron no es “pecado”.

En México, se pudren en las cárceles al menos 8 mil 300 personas que sólo hablan su lengua autóctona y que, en su mayoría, han carecido de un abogado defensor y de un intérprete durante sus procesos judiciales, de acuerdo con todas las fuentes gubernamentales que le dan seguimiento al devenir de los pueblos y culturas indígenas. No es exagerado presumir que la mayoría fue víctima de procesos indebidos, sobre todo en aquellos estados de la federación en donde, en la práctica, la vida de los indígenas sigue siendo algo que no tiene ningún valor.

El tema fue ampliamente comentado en los medios informativos, en ocasión del indulto presidencial otorgado hace unos días, al maestro Alberto Patishtán, liberado porque los encargados de la justicia no respetaron los derechos humanos del acusado y condenado a 60 años de prisión.

Ahora, el asunto retoma aire, cuando el pleno del Senado de la República aprueba (lo hizo este martes) una reforma, ya aprobada de antemano por la Cámara de Diputados, para garantizar que personas que hablen lenguas indígenas tengan derecho a un intérprete cuando enfrenten un juicio penal.

El asunto cobra relevancia en todos los estados de la federación porque en todos hay indígenas. Para no alargar este reporte, tan sólo en el estado de Querétaro, el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Aurelio Cigala Páez, propuso que los intérpretes traductores, para los indígenas que enfrentan un proceso penal en la entidad, sean abogados de origen indígena.

Es obligado también que el intérprete traductor sepa de leyes y conozca la idiosincrasia del indígena procesado. Y esta propuesta no sólo se da en Querétaro, sino en todo el país. Que sea una obligación del Poder Ejecutivo estatal, y de todos los poderes ejecutivos, otorgar intérpretes traductores a los ciudadanos indígenas que enfrenten un proceso penal.

El segundo asunto, no menos importante, es el de los derechos humanos de los policías. También son seres humanos y muchísimos son también indígenas. En cuanto a este tópico, los diputados aprobaron, por su parte, reformas a las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Publica y de la Policía Federal para que las pruebas de control de confianza a los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública se realicen con apego al respeto de los derechos humanos y la dignidad del evaluado.

Dos realidades en las que se puede cortar de tajo una negra historia de flagrantes, e indignantes violaciones a los derechos humanos de los indígenas de México.

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