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1463 4 Diciembre 2013

 

Cláusula democrática
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- Tal y como lo expusimos en nuestra colaboración editorial del pasado miércoles, sucedió lo que preveíamos, que el Congreso del Estado no daría el paso para la reforma a la Ley Electoral en cuanto a la paridad de género y que cuando mucho solamente se tomaría en cuenta la cuota del 60-40 para las candidaturas, a pesar del peso electoral, político y social que representamos las mujeres en Nuevo León.

Cabe recordar que en el Congreso se presentaron cinco iniciativas para reformar la Ley Electoral en materia de cuota de género. Una sola por el 60-40 y cuatro por la paridad de género (50-50) en los procesos electorales.

Sin embargo, de las cinco iniciativas, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales no incluyó en su análisis, estudio y dictamen ni la iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana del Instituto Estatal de las Mujeres, respaldada por miles de firmas, ni la de la Presidenta Municipal de Monterrey, Alicia Margarita Arellanes Cervantes.

Ambas iniciativas fueron presentadas en tiempo y forma, pero al no ser incluidas en el dictamen quedarán desechadas automáticamente. Similar situación ocurrió con la reforma constitucional en materia de participación ciudadana, en donde nunca se tomó en cuenta la iniciativa del Movimiento Promotor de Participación Ciudadana de Nuevo León.

La Comisión de Legislación únicamente dictaminó las iniciativas del diputado Erick Godar Ureña Frausto, quien la presentó siendo diputado sin partido, así como la del diputado Juan Antonio Rodríguez González, quien la promovió a nombre del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, las cuales quedaron prácticamente desechadas sin la menor consideración o la mínima argumentación alguna.

La iniciativa presentada por el diputado Luis David Ortiz Salinas, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, fue la que les sirvió para establecer el porcentaje máximo de proporción (60-40) entre hombres y mujeres en la integración de planillas para los ayuntamientos, así como para las candidaturas a las diputaciones locales.

Empero, los diputados dejaron abierto el candado para que dicho porcentaje máximo se pueda incrementar, al establecer la llamada cláusula democrática en la fracción VII del artículo 112 de la Ley Electoral.

La cláusula democrática, que debería ser un principio de igualdad, en este caso se aplica como una excepción o una salvedad para romper la cuota 60-40, ya que permitiría a los partidos políticos registrar más candidatos de un mismo género que hubieren resultado triunfadores de un proceso democrático de selección interna, conforme a los estatutos de cada partido.

Nos queda claro que la cláusula democrática es para favorecer con más candidaturas a los hombres, pues históricamente la participación política de las mujeres se mantiene en un nivel menor que la de los varones.

Es importante advertir que pasaron por alto la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en el 2011 determinó que a pesar de que los partidos elijan a sus candidatos mediante un proceso de elección democrático, en todo caso deberán presentar como mínimo 40 por ciento de candidaturas de un mismo género.

Mas, sin embargo, como un acto de compasión hacia las mujeres, los diputados establecieron que “cuando en el cálculo del porcentaje antes mencionado no sea posible obtener la proporción (60-40), el candidato adicional podrá ser de cualquier género”.

En el Grupo Plural de Mujeres de Nuevo León nos oponemos a que esta reforma sea admitida a discusión o primera vuelta, por ser contraria a la equidad de género, ya que no otorga a la mujer igualdad de derechos y de oportunidades con el hombre, como constitucionalmente está estipulado.

Tras 60 años de que se reconoció nuestro derecho de votar y de ser electas, hoy la ciudadanía plena de la mujer que tanto se pregona nada más la vemos en las campañas televisivas y en el discurso mediático de los diputados.

Queda en los diputados y en las diputadas de la actual Legislatura, la responsabilidad de consolidar más fuertemente nuestra democracia, rompiendo las restricciones y candados para dar paso a la pluralidad e inclusión de las mujeres sin más restricciones legales.

 

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