TRANSICIONES
Beneficio de la duda
Víctor Alejandro Espinoza
Tijuana.- Han pasado más de nueve meses desde que los nuevos alcaldes iniciaron su peregrinar rumbo a la silla que desde el fin de semana ocupan. En efecto, el pasado sábado 30 de noviembre, cinco presidentes municipales tomaron posesión de sus cargos en Baja California. Pero para ser precisos, habría que decir que su largo andar lo iniciaron mucho antes que las precampañas, mismas que arrancaron formalmente el 22 de febrero.
Ese tiempo no contabilizado puede ser el de mayor inversión de los aspirantes; es cuando mueven cielo, mar y tierra en busca de los apoyos necesarios para ser ungidos por sus partidos. Claro, primero la precandidatura y luego la candidatura. Todo ello entre el 22 de febrero y el 24 de abril; posteriormente las campañas, tan llenas de incertidumbre entre el 25 de abril y el 3 de julio, para finalmente llegar a la fecha esperada: el domingo 7 de julio, día de los comicios.
Las pasadas elecciones locales arrojaron un panorama de gobierno compartido. El partido del nuevo gobernador, Francisco Kiko Vega, y su alianza, no cuenta con la mayoría absoluta en el Congreso (13 diputados); pero además, tres de los cinco alcaldes provienen del PRI: Ensenada, Tecate y Tijuana. En ese escenario la capacidad de negociación política para llegar a acuerdos que permitan la gobernabilidad, es una condición indispensable.
En la capital del estado, Mexicali, hubo alternancia: regresa un gobierno panista después de tres años de administración priista; el nuevo gobierno lo encabeza Jaime Díaz Ochoa, quien ya había sido alcalde entre 2004 y 2007; lo mismo sucederá en Playas de Rosarito, donde Silvano Abarca Macklis regresa a la alcaldía después de haberla ocupado en el trienio 1998-2001. Pero en Ensenada, con Gilberto Hirata Chico; en Tecate, con César Moreno González de Castilla y en Tijuana, con Jorge Astiazarán Orci, el PRI continuará gobernado por segunda ocasión consecutiva. Independientemente de la filiación política de los alcaldes, la nota común de quienes concluyen su mandato es que entregan administraciones endeudadas.
Al menos en Baja California, los recursos recibidos por los ayuntamientos por parte del gobierno del estado y de la federación, son insuficientes. Claro, a ello habría que añadir los malos manejos presupuestales y, en muchos casos, la corrupción; pero la falta de recursos municipales para hacer frente a los crecientes problemas de las localidades es evidente.
Muy cercano a dicho problema se encuentra, sin duda, el de la inseguridad. Para la población en general es muy difícil diferenciar los ámbitos de responsabilidad de los distintos órdenes gubernamentales; como se establece en la Constitución, a los ayuntamientos les corresponde la prevención de los delitos; la policía municipal se encuentra limitada a combatir delitos del orden común pero no a investigarlos; sin embargo cuando un ciudadano sufre agravios de cualquier tipo no distingue de quien es la responsabilidad, alude a la policía en general.
La inseguridad es un reto mayúsculo que requiere crecientes recursos, sobre todo para la formación y certificación de los policías. Recursos, que como vimos, son escasos.
Otro de los problemas que enfrentan las noveles administraciones es la alta rotación de personal. Ante la ausencia de un servicio profesional de carrera, cada tres años se renueva a buena parte del personal; ello tiene altos costos: de capital humano sobre todo, pero también por las cuantiosas liquidaciones que se tienen que pagar de manera recurrente.
Según establece la Constitución, la obligación de los ayuntamientos es brindar servicios públicos básicos a sus ciudadanos. Altas tasas de crecimiento, ligadas con una orografía adversa (como en el caso de Tijuana), obligan a contar con recursos crecientes. Los ayuntamientos no los tienen.
El principal reto de los nuevos alcaldes será cumplir lo prometido en campaña. Difícil reto. Por el bien de todos, esperamos que les vaya bien.
Víctor Alejandro Espinoza es investigador de El Colegio de la Frontera Norte.
victorae@colef.mx.
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