Pueblos indígenas y reforma energetica
Pablo Vargas González
Pachuca.- La iniciativa de reforma energética de EPN aprobada en el Senado bajo procedimientos de fast track, en un diálogo de sordos donde la “mayoría” mecánica formada por el PRI, PAN y PVEM avasallaron a la débil oposición, da un golpe mortal a la intervención del Estado de Bienestar, que abogaría por el desarrollo social de las grandes mayorías de la población y en la privatización de los recursos naturales de los mexicanos.
Todo ello tiene fuertes implicaciones en tres ámbitos:
1) Privatización de los recursos naturales sobre todo por la modificación del Artículo 27 constitucional. Existen temores reales de que se privaticen los recursos naturales (petróleo, gas y Luz).
2) Repercute en la soberanía nacional y
3) en las condiciones de los sectores populares.
En caso de los pueblos indígenas, no se ha considerado a fondo la magnitud de la reforma energética y el impacto que puede tener en territorios y pueblos.
Los más relevantes se refieren a la cesión de control territorial a empresas energéticas trasnacionales, en caso de que se hagan los contratos de utilidad compartida, el gobierno permitirá el uso del suelo y del subsuelo de grandes regiones en manos extranjeras para diferentes actividades industriales de producción de petróleo gas, energía eléctrica.
Esto no es poco, ya que el sentido de pertenencia indígena está dado por la comunidad y la región, es decir el territorio, la idea de pueblo está fuertemente vinculado con el espacio territorial donde se asienta la comunidad.
La empresa privada (nacional o extranjera) en su idea de “modernizar”, aplicará métodos intensivos para la explotación de recursos naturales, lo que pondría en riesgo la comunidad y el territorio indígena. En otros países ha significado la devastación de la ecología, la destrucción de la naturaleza a favor de costo y la ganancia.
Con los contratos de utilidad compartida propuestos, los cuales implicarían privar al erario de una parte de la renta petrolera que representa una porción sustancial del presupuesto público, se afectaría la capacidad del Estado para invertir en educación, cultura, programas sociales e infraestructura.
Las regiones indígenas de México son las que presentan históricos rezagos en el desarrollo social, económico y cultural (regiones de pobreza extrema). Con menos recursos el Estado no podrá garantizar el cumplimiento de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas (DESCA). Serán insuficientes las políticas asistencialistas (migajas).
Como un sector social, histórico, los pueblos indígenas donde se asientan los yacimientos petroleros (Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Hidalgo) no han sido consultados para intervenir en los territorios indígenas. Sobre todo cuando se refiere a megaproyectos, como serán estas iniciativas para Pemex y CFE de implementación de proyectos a gran escala.
La ONU ha reconocido que los pueblos indígenas, son sujetos colectivos de derechos y como pueblos con capacidad plena para ejercer su derecho a la libre determinación. En caso de proyectos de gran envergadura los PI tienen el Derecho a la consulta y a la participación en la toma de decisiones como un sujeto fundamental. Los tratados internacionales y el Convenio 169 de la OIT que así lo marcan serán insuficientes ante el poder de las empresas transnacionales.
En conjunto, la reforma energética es una mala noticia para los pueblos indígenas. Está en riesgo, con la privatización de los recursos naturales, la esencia de los pueblos indígenas que es la identidad cultural, un conjunto de lenguas, culturas, tradiciones, historias.
Si se produjera la entrega de porciones de territorio indígena a compañías privadas, las culturas indígenas estarían más vulnerables que nunca. Todos estos acontecimientos deben de valorarse para la preservación y defensa de la tierra, el patrimonio y la cultura.
