Ciudadanía en huelga
Claudio Tapia
Monterrey.- Nuestro sistema electoral no fue creado para representar a la soberanía que radica en el Pueblo, como manda la Constitución, sino para asegurar la rotación en el poder de la clase política. La reciente reforma electoral se hiso para garantizar la repartición del poder y cubrir las cuotas facciosas de los partidos de manera menos conflictiva, pero no para alcanzar la auténtica representación de la ciudadanía.
Los partidos políticos y su modus operandi, en el oscuro manejo de los recursos públicos, en los dispendios, la voracidad para saquear las arcas nacionales; en la manera impositiva de seleccionar a su dirigencia y candidatos, en los recíprocos chantajes, en el intercambio de impunidades, en las mañas para trampear la ley, en sus discursos huecos, en el manipuleo corporativo, en el acarreo, en todo esto, todos son iguales. Y no están dispuestos a cambiar.
El bien aceitado mecanismo de cooptación, captación y compra de votos, les garantiza los suficientes para legitimarse y perpetuarse en la simulación. De nada sirve vigilarlos, denunciarlos, exhibirlos, si siguen contando con el voto. Mientras tengan seguros los votos seguirán igual porque no corren ningún riesgo de perder el poder, sus rapacerías no tienen costo político.
Por eso creo que ventanearlos, presionarlos y exponerlos públicamente, además de inútil, es hacerle el juego a un sistema en el que el voto ni premia ni castiga y sólo propicia el cinismo de los “elegidos” y la resignación en los “electores”. El sufragio ha sido expropiado al ciudadano y se le usa por los impostores para legitimarse a sí mismos.
En la simulación institucionalizada, tampoco es posible colocar a un ciudadano ejemplar, interesado en participar, en un cargo público sin que el propio sistema lo anule, corrompa o destruya. Es ingenuo suponer que una persona honesta puede operar con eficacia en un entorno tan profundamente ilegal e inmoral. Debemos aspirar a que nos representen persona reales en un escenario auténtico y no figuras ideales atrapadas en la simulación.
En vez de soñar en que acusando a los impostores el voto secuestrado los va a castigar, o ilusionarnos esperando que los justos que logren colarse logren sanear un espacio totalmente invadido por la corrupción, debemos admitir que la solución consiste en lograr el cambio del sistema actual de representación por uno que esté libre de simulaciones y manipuleos.
Pero, ¿cómo cambiar este sistema que opera conforme a leyes que los mismos impostores han elaborado y reformado a conveniencia? Propuesta: anulando el voto para forzarlos a crear un marco legal que acabe con la simulación. Anular no es desinterés ni abstención. Anular es utilizar la boleta electoral para emitir una opinión política y eso equivale a votar. Votar manifestando el hartazgo de un sistema de representación degradado y envilecido. Votar anulando, además de un deber moral, es una expresión de madurez política. Revela el nivel de cultura cívica que permite responder a la nula representación con la nula votación.
Tenemos tiempo suficiente para organizarnos y empezar a crear una corriente de opinión –valiéndonos de las redes sociales y de otros medios de divulgación a nuestro alcance, como mesas de consulta, debates y conferencias– que genere en el electorado la toma de conciencia del enorme valor que tiene su voto, y del cambio que podemos lograr si nos ponemos de acuerdo en negarlo en tanto no se nos garantice la autentica representación. Si generamos la expectativa real de alcanzar un significativo porcentaje de votos anulados, no les quedará más que abrirse a la democratización del sistema.
No olvidar que es la ciudadanía la que tiene y confiere el poder político. Si se me permite recurrir al símil usado por A. Wolfe, digo que trabajadores y ciudadanos tenemos igual facultad generadora de riqueza y poder. Si los trabajadores no trabajaran, si retuvieran su fuerza de trabajo, sería imposible producir valor alguno, y por consiguiente, el modo de producción capitalista se detendría. Igualmente, si los ciudadanos llegaran a retener lo que pudiera llamarse su “producción política”, conservar su poder político para sí mismos, el Estado, también capitalista del poder, no podría seguir funcionando.
Por tanto, la anulación del voto no es otra cosa que una huelga de ciudadanos en la que la gente se niega a participar en los rituales organizados para que la representación siga siendo una mentira. Ahí, en las urnas, en el lugar donde el trabajo político se explota, la huelga detonaría la búsqueda de posibles soluciones. Poniéndonos en huelga, negándonos a producir poder político, votando anulando el voto, obligaríamos a la clase política a negociar con la ciudanía una representación auténtica. Tampoco debemos esperar milagros, no somos tan ingenuos.
Por lo pronto, debemos empezar por plantear el ultimátum con claridad y firmeza: o cambian, o dejan de contar con nuestra fuerza de producción de poder político: el voto. ¿Nos declaramos en huelga?
La decisión está del lado de la ciudanía.
