Política migratoria México-EEUU, VI
(Credencialización y voto electrónico)
Raúl Ross Pineda

Chicago.- Una reivindicación que durante los años más recientes ha venido concentrado la atención de los activistas migrantes en EU, es la reforma de la legislación electoral para reducir las dificultades para ejercer el voto desde el extranjero en las elecciones presidenciales mexicanas y para ampliar la cantidad de electores haciendo posible el empadronamiento en el extranjero.

Hay otros aspectos que también ameritarían ser reformados, pero los anteriores son los fundamentales. Es de mencionarse que ésta fue una de las reivindicaciones que EPN recogió en su plataforma de campaña, que el Instituto Federal Electoral (IFE) evaluó favorablemente y para la que varios legisladores de los tres mayores partidos mexicanos han propuesto iniciativas de reforma a la ley tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

Recuérdese que, desde 2012, el compromiso de EPN había sido el siguiente: 
“Concretamente, impulsaremos, a través del Congreso, la credencialización de los mexicanos fuera de México y promoveremos un nuevo esquema para el ejercicio del voto electrónico de los mexicanos en el exterior. Con un sistema que incentive la participación de los mexicanos que viven allende las fronteras, consolidaremos nuestras instituciones y avanzaremos hacia el camino de la democracia plena”.

Luego de la elección de 2012, el IFE creó un comité técnico de especialistas para analizar alternativas “que contribuyan a un modelo de registro y votación de los mexicanos en el extranjero menos complejo, ágil, accesible, eficiente, moderno y a menor costo.” En el análisis que este comité entregó, en junio de 2013, se expresó una opinión favorable a la credencialización y al voto por internet de los mexicanos en el extranjero .

En la Cámara de Senadores, durante la actual Legislatura, se han presentado las siguientes iniciativas al respecto:

* Ernesto Ruffo Appel (PAN), Juan Carlos Romero Hicks (PAN), Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) y Marcela Guerra Castillo (PRI), el 14 de noviembre de 2013.   Turnada  a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.
* Ángel Benjamín Robles Montoya (PRD), el 8 de octubre de 2013. Turnada  a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Primera,
* Fernando Herrera Ávila (PAN) y Alejandro Encinas (PRD), el 24 de julio de 2013. Turnada  a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.
* Gabriela Cuevas Barrón (PAN), el 20 de marzo de 2013. Turnada  a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.

En la Cámara de Diputados, Raúl Gómez Ramírez (PAN) también presentó, el 10 de octubre de 2013, iniciativa de reforma que fue turnada a la Comisión de Gobernación.

Se supondría que con el apoyo de la Presidencia, del IFE y de los tres mayores partidos de México no debería ser difícil resolver de inmediato este problema. Pero el presidente todavía no ha dado paso alguno que demuestre su intención de cumplir con lo prometido y las comisiones legislativas respectivas del Congreso no tienen en sus planes inmediatos dictaminar las iniciativas que se les han turnado. Señal de que esta reforma todavía es de escaso interés para la clase política es que, en lo que va del presente sexenio, se dejó fuera del Pacto por México acordado a finales de 2012 y de la reforma política consumada a finales de 2013. Lo cierto es que esta reforma no llegará sin que los principales interesados –que son los mexicanos en el extranjero-- se movilicen para exigir que el Presidente cumpla y que los partidos y el Congreso hagan lo que les corresponde.

Se necesita colocar esta reforma como uno de los puntos de la agenda política nacional, y para que eso suceda se requiere de una campaña de movilizaciones que atraigan la atención de la clase política y de los medios en Estados Unidos y en México.

Hay una buena cantidad de agrupaciones de migrantes que han incluido en su agenda la exigencia esta reforma; incluso la Comisión de Asuntos Políticos del CCIME actualmente está impulsando una campaña de apoyo a una de las iniciativas presentada en el Senado. Pero se siente la falta de la experiencia en la formulación de estrategias, en la operación política y en el cabildeo y procedimientos legislativos que acumuló la CDPME en su lucha por el voto de los mexicanos en el extranjero.

Habrá que aspirar a la coordinación de todas las agrupaciones interesadas en esta reforma electoral, pero no debe verse como problema si ésta no ocurre. Los asuntos del voto en el extranjero ahora están muy manoseados, en algunos casos, por dirigentes demasiado ansiosos de notoriedad personal ante la clase política mexicana, que dificultan la unidad de acción en el corto plazo; pero esto tampoco debe verse como obstáculo. El desafío entonces es alinear en caminos paralelos todas las fuerzas que resultaran para converger en el objetivo común de reformar el Cofipe en materia de credencialización y voto electrónico.

El Congreso se reunirá a partir del 1 de febrero y el periodo de sesiones dura normalmente tres meses. La propuesta sería desarrollar durante este trimestre una jornada por la credencialización y el voto electrónico en la que se incluya, por ejemplo, lo siguiente:

* Reunión con el Presidente de la República o el secretario de Gobernación para conocer cuáles han sido sus gestiones ante el Congreso para lograr la credencialización y el voto electrónico en el extranjero prometidos por EPN. Si no se han iniciado tales gestiones, emplazarlos a que lo hagan.
* Reunión con el presidente y los secretarios de la Comisión de Gobernación del Senado, para abogar por el dictamen de las iniciativas pendientes.
* Reunión con los presidentes de las comisiones de Estudios Legislativos Primera y Segunda, del Senado, para abogar por el dictamen de las iniciativas pendientes.
* Reunión con el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para abogar por el dictamen de la iniciativa pendiente.
* Reuniones con los líderes de los grupos parlamentarios y presidentes de todos los partidos políticos representados en el Congreso, para abogar a favor de la reforma.
* Buscar otras reuniones con la SRE, la nueva autoridad electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, algunos gobernadores y la Conferencia Nacional de Gobernadores para establecer relaciones de colaboración.
* Foros en México y en EU, para difundir las propuestas de reforma, reclutar aliados y desarrollar estrategias de lucha.
* Conferencias de prensa y visitas a medios, para colocar la reforma en la agenda pública y la atención de la clase política.