Magistrada presiona a madre de menor
David Carrizales

Monterrey.- La ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, y actual magistrada de la Quinta Sala, Graciela Buchanan Ortega, pretendió presionar a la madre de un menor de edad, para que acepte menos de la tercera parte del dinero que le corresponde por el pago retroactivo de una pensión alimenticia.

 María Josefina Ramírez García, madre del menor Ricardo González Ramírez, consideró muy sospechosa la actitud de Buchanan Ortega, al querer obligarla, el pasado 19 de febrero, a renunciar a un derecho ya ganado legalmente, según resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, del Poder Judicial de la Federación.

Ramírez García, recordó que en  2010, después de un largo proceso judicial, causó ejecutoria el reconocimiento de paternidad de su hijo, pues el empresario Ricardo González Cantú, se negó a realizarse las pruebas de ADN y tras faltar a diez citas médicas para tal propósito, el juez estableció la presunción de paternidad, y así quedó debidamente asentado en el Registro Civil.

Agregó Ramírez García que en diciembre de 2010, en representación de su hijo –producto de una relación extramarital con el empresario–,  presentó una demanda por pensión alimenticia en contra del citado González Cantú, y en enero de 2011 un juzgado civil ordenó una pensión provisional de diez mil 900 pesos.

Sin embargo, durante diez meses González Cantú incumplió el pago de la pensión, viéndose obligada a presentar una demanda ante la Procuraduría de Justicia Familiar, que fue turnada a la agencia del Ministerio Público número 3, bajo el expediente 1052/2011/III/3, del 30 de marzo de 2011.

Posteriormente, el cinco de julio de 2013, el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, obliga a Ricardo González Cantú, a cubrir una pensión definitiva de 28 mil pesos mensuales, y lo condena al pago retroactivo de las pensiones atrasadas, desde el nacimiento de su hijo, Ricardo González Ramírez, que en mayo próximo cumplirá los 18 años de edad.

Mencionó María Josefina Ramírez que a la fecha, el empresario no ha cumplido con el pago completo de la pensión, pues se limita a pagar con retraso los mismos once mil 900 pesos que se fijaron de manera provisional hace más de tres años, y se ha negado a cubrir el retroactivo.

Ante esta actitud del empresario, expuso la quejosa, acudió a reactivar la denuncia asentada en el expediente 1052 de la Agencia 3 de la Procuraduría de Justicia Familiar, donde fue atendida por una nueva fiscal, de nombre Perla Yuriria Navarro, y por el delegado del Ministerio Público, Francisco Contreras Chacón.

Mencionó que Perla Yuriria Navarro, se ha negado a recibirla y se muestra prepotente y despreocupada de su labor, pues cuando no está de fiesta en su oficina, se encuentra maquillándose, hablando por celular o comiendo.

“En diciembre pasado acudí a quejarme con la coordinadora Leticia Plata, quien le habló a su  oficina y le dijo que por qué no ha resuelto ese expediente, y ella dice que porque no ha causado ejecutoria, sin tomar en cuenta que según el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles en la fracción V, todas las resoluciones en segunda instancia automáticamente causan ejecutoria”, señaló María Josefina Ramírez.

Agregó Ramírez que procedió a presentar un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito del ramo Penal, y se me concedió inmediatamente. “Yo hablé personalmente con el juez y me dice que está evidenciado el delito de fraude del padre de mi hijo”, pues en complicidad con su esposa, Herlinda Josefina Ontiveros  Campos, para no pagar la pensión, simuló insolvencia económica, disolviendo el matrimonio, y donándole los bienes a su cónyuge.
Al otorgarme el amparo, el juez apercibió al Ministerio Público para que resolviera en el término de un mes, y es así que el tres de marzo último, llega a mi casa el delegado del Ministerio Público, Francisco Contreras Chacón, a notificarme sobre el inejercicio de la acción penal que resolvieron en la denuncia contra Ricardo González Cantú.

La quejosa consideró que tanto la fiscal como la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Graciela Buchanan, se “arreglaron” con los abogados del empresario, Ricardo González, pues en la plática con la magistrada, cuando quiso convencerla de aceptar un millón de pesos, en lugar de más de tres que le corresponden por la pensión de su hijo, por el pago retroactivo, a Buchanan se le salió decir que la visitaron los abogados de Ricardo González, y que uno de ellos fue su alumno en la carrera de Derecho.

El martes fue a buscar a la fiscal, “pero se niega a darme la cara; el cuatro de marzo a las diez de la mañana me presenté en la agencia para pedirles su nombre a la fiscal y al delegado del Ministerio Público, pues tuve audiencia en la oficina de la Visitaduría de la Procuraduría de Justicia del Estado, en la oficina del procurador Adrián de la Garza Santos, para denunciar este atropello a los derechos de mi hijo”.

Agregó Ramírez: tengo hasta el jueves para inconformarme  ante la Visitaduría de la Procuraduría, y primero iré ante la Agencia del Ministerio Publico, para que en la oficina del procurador soliciten el expediente completo y hagan una revisión, para que se conozca la forma arbitraria, violatoria a los derechos humanos, y a los tratados internacionales que hablan sobre la defensa y derechos de los niños, como  la licenciada Perla Yuriria está resolviendo este expediente.

“Voy a ir también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a radio, prensa y televisión, porque ya es justo poner un alto ante tanto atropello, para que el estado no se siga quejando por tanto delincuente que anda en la calle, porque es a donde mandan a los niños a delinquir, porque desde que nacen les niegan sus derechos, como el ser reconocidos por sus padres y ser mantenidos económicamente por ellos”, concluyó María Josefina Ramírez.